Este martes 25 de marzo, a las 9:00 horas, en el local del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), ubicado en Yí 1538, se llevará a cabo la instalación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral. El evento se enmarca en la conmemoración del 11º aniversario de la Ley 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial y en el contexto del aumento de accidentes fatales y no fatales en el sector. La actividad se desarrollará bajo la consigna: “La salud está primero”.

En la jornada expondrán el rector de la Universidad de la República (UDELAR), Álvaro Mombrú; el secretario general de Seguridad e Higiene del SUNCA, Héctor Abad; el inspector general de Trabajo, Luis Puig; el diputado Daniel Diverio; la abogada Lorena de León; y el secretario general del SUNCA, Javier Díaz.

Posteriormente, a las 13:00 horas, se llevará a cabo una actividad en el Paraninfo de la Universidad de la República, donde se analizará el artículo 2.º de la Ley 19.196. El enfoque estará en su disposición que establece que, cuando se constate dolo o culpa grave del empleador en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional, los funcionarios actuantes del Banco de Seguros del Estado deberán informar de dicha circunstancia al Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social. Este, bajo su estricta responsabilidad funcional, deberá denunciar ante el juzgado competente en materia penal los hechos que configuren un presunto delito contra la vida o la integridad física de los trabajadores, remitiendo el testimonio de los antecedentes administrativos disponibles. Asimismo, se presentarán comentarios sobre las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

En conversación con el portal del PIT-CNT, Héctor Abad, secretario general de Seguridad e Higiene del SUNCA, recordó que cada año el sindicato realiza reivindicaciones puntuales en el marco de las conmemoraciones por la vigencia de la Ley 19.196.

“En este caso, al cumplirse 11 años de su vigencia, queremos referirnos a algunas situaciones que han ocurrido en el último tiempo y que están particularmente relacionadas con las tercerizaciones”, señaló. Abad remarcó que, en este contexto, lo más relevante es la seguridad en el trabajo. “Está claro que debemos denunciar el incumplimiento del artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que modifica el artículo 7 de la Ley de Servicios de 1974”, enfatizó.

“Entendemos que debe haber una entidad o un organismo que investigue los accidentes de trabajo. Hasta ahora, no existe nada. Sólo se investiga en casos donde hay una persona fallecida”, afirmó.

Además, agregó que, según datos del Banco de Seguros del Estado, en lo que va de 2025, la siniestralidad en la construcción aumentó un 7,4%. En 48 jornales hábiles, tres obreros perdieron la vida debido al incumplimiento de la normativa vigente. “No sé si la Inspección General del Trabajo ha sido omisa o no, pero lo cierto es que los accidentes laborales han aumentado”, remarcó.

Abad denunció que la cantidad de inspectores de trabajo disponibles para supervisar los lugares de trabajo -no sólo las obras, sino también fábricas, talleres y establecimientos rurales- es insuficiente.

“Faltan alrededor de 60 inspectores más para monitorear las condiciones ambientales de trabajo. Actualmente hay sólo 37, cuando, según una observación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deberían ser al menos 97”, advirtió.

Asimismo, sostuvo que la falta de presencia del Ministerio de Trabajo en los distintos ámbitos laborales ha contribuido al aumento de los accidentes laborales en general.

Comisión de Salud y Seguridad Laboral

“Queremos una Comisión de Salud y Seguridad Laboral que cuente con coordinadores y que convoque periódicamente a reuniones abiertas, con el objetivo de abordar las problemáticas generales del sector de la construcción”, expresó el dirigente sindical.
Explicó que el propósito es también trabajar en los Consejos de Salarios, ya que el SUNCA, en cada convenio colectivo, impulsa una plataforma que reivindica la salud y la seguridad de los trabajadores.

“En el último convenio colectivo, en 2023, logramos mejorar las inspecciones en algunas obras específicas. También conseguimos la creación del ‘Quinto Fondo’, destinado a atender la salud mental y los problemas de adicciones. Además, logramos que los trabajadores que necesiten realizarse estudios o exámenes médicos puedan contar con hasta tres días al año sin perder beneficios, siempre que presenten la justificación correspondiente”, destacó.

“Estamos trabajando de forma permanente en el ámbito tripartito para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. En este sentido, hoy también estamos considerando el impacto del cambio climático”, afirmó.

Explicó que la Comisión debe desempeñar un rol clave en los Consejos de Salarios, en la elaboración de propuestas para el ámbito tripartito y en el trabajo con la central sindical, así como con la Comisión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. “Debemos llevar a estos espacios temas de interés general. La Ley Nacional de Salud y Seguridad Laboral, que estamos impulsando a nivel nacional, requiere que nuestros compañeros participen con mayor fuerza dentro de la central sindical. Queremos que esta problemática involucre a todos los trabajadores y no sólo a un sector como el SUNCA. También es fundamental trabajar en conjunto con nuestra central sindical, para la Comisión de Seguridad en el Trabajo y para el Congreso”, enfatizó.

El Congreso de los Trabajadores de la Construcción, en materia de salud y seguridad laboral, deberá también desarrollar programas específicos para abordar las problemáticas actuales de la industria, con el objetivo de mejorar la formación y capacitación de los trabajadores en estos temas.

“Hay muchos aspectos en los que debe trabajar esta comisión, y esa será su tarea. Actualmente, somos muy pocos los compañeros involucrados en esta labor. Yo tengo la responsabilidad de la secretaría, pero contamos con un número reducido de integrantes en la comisión. Sin embargo, estamos trabajando para fortalecerla y extender su alcance a los 19 departamentos del país”, señaló.

Explicó que el objetivo es que la comisión tenga un carácter nacional y que pueda abordar las problemáticas particulares de cada departamento. “Soy el secretario de Seguridad Laboral, y la secretaría existe y seguirá articulando todas estas acciones. Además, habrá coordinadores dentro de la comisión, quienes deberán trabajar alineados con los lineamientos de esta secretaría”.

Fiscalía especializada

Por otro lado, Abad se refirió a la actividad que se desarrollará en el Paraninfo de la UdelaR a las 13 horas, instancia en la que se informará sobre investigaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades ocasionadas.

“A partir del último accidente fatal, en el que un trabajador perdió la vida en el comedor de la UdelaR, comenzaremos a articular acciones junto con la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) y la Union de Trabajadores del Hospital de Clinicas (UTHC), para abordar la situación de las obras tercerizadas en este organismo. Para nosotros, es muy importante poder anunciar este trabajo conjunto”, afirmó.

Además, destacó la relevancia de hacer un recorrido sobre la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, desde su promulgación el 25 de marzo de 2014, analizando las diversas instancias de debate y las posturas de empresarios y políticos a lo largo de los años.

“Queremos impulsar la creación de una Fiscalía Especializada en la investigación de accidentes de trabajo. En nuestras conversaciones con distintos fiscales, incluida la última reunión que mantuvimos con la fiscal Mónica Ferrero, nos han señalado reiteradamente la falta de presupuesto. Está claro que es fundamental que el Presupuesto nacional contemple la financiación necesaria para esta fiscalía, garantizando la capacitación de fiscales y de todas las personas vinculadas a la fiscalización del trabajo. Hoy en día, muchos fiscales no tienen un conocimiento adecuado de las normativas de salud y seguridad laboral, lo que dificulta la identificación de delitos en casos de incumplimiento”, señaló Abad.

En este sentido, explicó que “los fiscales muchas veces no identifican la configuración de un delito porque desconocen la normativa aplicable a cada sector”.

“Por ejemplo, en la construcción rige el Decreto 125. Si no se cumple con uno de sus artículos, estamos ante un delito. Por eso, insistimos en la necesidad de que los fiscales sean capacitados en esta materia”, remarcó.

Asimismo, subrayó que “cuando se constata dolo, culpa grave o una falta grave por parte del empleador o de quien ejerce el poder de dirección en un lugar de trabajo, el Banco de Seguros del Estado está obligado a denunciar la situación al Inspector General del Trabajo, quien a su vez debe presentar la denuncia ante la justicia penal. Sin embargo, esto nunca ha ocurrido, y es un tema que queremos plantear con fuerza”, dijo Abad.

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