El PIT-CNT reclamó al gobierno transformaciones en el mundo del trabajo, una mayor inversión en educación y el fortalecimiento de las empresas públicas. Durante el acto por el paro general parcial, sus dirigentes defendieron la negociación colectiva y plantearon un modelo de desarrollo basado en el trabajo de calidad y una distribución más justa de la riqueza.
Este martes 11 de agosto se realizó el paro general parcial del PIT-CNT bajo la consigna “Sin transformaciones no hay avances”. Se realizó una concentración y acto en la explanada de la Universidad de la República (UDELAR) en el que hicieron uso de la palabra: el secretario de Comunicación y propaganda, Sergio Sommaruga (SINTEP); el secretario de Relaciones internacionales, Martín Ford (AEBU), y la integrante del Secretariado Ejecutivo y responsable de la Comisión de Migrantes de la central sindical, Laura Martínez (FANCAP).
La plataforma reivindicativa de la central sindical incluyó la necesidad de lograr una Rendición de Cuentas con más recursos para las políticas que aseguran derechos a la gente; una seguridad social pública, solidaria, eficiente y sin fines de lucro; el respeto a los acuerdos del diálogo social y un nuevo esquema de financiamiento del sistema previsional; un Uruguay sin pobreza infantil y la defensa de la sobretasa del 1% al 1% más rico; una Estrategia Nacional de Desarrollo que asegure trabajo, salario y derechos laborales, y una reforma laboral de avanzada.
También incluyó la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial; el combate a la precarización del trabajo y las tercerizaciones; la defensa de la ley de negociación colectiva y de los Consejos de Salarios, amenazados por la denuncia de las cámaras empresariales ante la OIT; la defensa de la educación, con el 6% del PIB para la ANEP y la UDELAR y el 1% para investigación; el fortalecimiento de las empresas públicas; la implementación de un sistema de compras públicas al servicio del desarrollo del país; y el rechazo al genocidio, la guerra y el bloqueo, en defensa del derecho de los pueblos a vivir en paz.
La central sindical convocó a los presentes a participar, asimismo a participar de la celebración de los 60 años de la unidad sindical, que se realizará el 13 de agosto en el Paraninfo de la Universidad de la República (UDELAR) y de la conmemoración del 14 de agosto de 1968, fecha del fallecimiento de Líber Arce, primer mártir estudiantil del Uruguay, cuyo asesinato dio origen al Día de los Mártires Estudiantiles.
Sommaruga: “La lucha paga”
El secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, reivindicó el valor de la organización sindical y sostuvo que “la lucha paga”. En su intervención, defendió una reducción del tiempo de trabajo, un aumento general de salarios, el combate a la precarización laboral, una reforma tributaria de segunda generación y una nueva estrategia nacional de desarrollo.
Comenzó su discurso reivindicando uno de los elementos que, a su entender, constituyen la identidad de la clase trabajadora, la condición común de quienes viven de su trabajo.
“Si vos mirás para adelante o mirás para atrás, mirás para un costado o mirás para el otro, lo que vas a ver, indefectiblemente, es un trabajador o una trabajadora que, al igual que vos, depende de su salario para vivir y para mantener a su familia”, afirmó. También destacó que, más allá del oficio, la profesión o el sector en el que se desempeñe cada persona, existe una condición social compartida que permite construir “la conciencia de clase”.
Recordó los 60 años de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y sostuvo que el movimiento sindical continúa levantando “las mismas banderas por trabajo, salario, justicia social, derechos y libertades”.
El dirigente dedicó parte de su intervención a saludar las distintas luchas que llevan adelante sindicatos y trabajadores. Mencionó particularmente a los trabajadores de Canal 12, que enfrentaron despidos masivos; a los trabajadores de la bebida y de la química; a los trabajadores tercerizados del MIDES que, según señaló, continúan sin cobrar sus salarios en fecha; a los trabajadores del Canzani, a los del transporte de carga y al movimiento estudiantil y los sindicatos de la educación.
Reivindicó la movilización como origen de las conquistas laborales. “No hay luchas que no hayan parido conquistas”, sostuvo.
Recordó las luchas por la ley de ocho horas, el salario mínimo rural y los Consejos de Salarios, y señaló que en todos esos momentos hubo quienes anunciaron consecuencias negativas para la economía. Como ejemplo reciente mencionó a los trabajadores de la construcción, que, según destacó, conquistaron en el marco de la negociación colectiva y la movilización la reducción de la jornada laboral y un aumento salarial del 16% al finalizar el convenio.
“La lucha paga. Que no te quieran convencer de lo contrario, jamás”.
Para Sommaruga, la organización colectiva constituye la principal herramienta de los trabajadores para defender sus derechos. Planteó que, sin sindicatos, sería prácticamente imposible que cada trabajador pudiera negociar individualmente mejoras salariales, reducción de la jornada, vestimenta o beneficios laborales.
“La organización colectiva y el sindicato son la herramienta fundamental para la defensa de la clase trabajadora”.
Uno de los principales ejes de su discurso fue la reforma laboral que impulsa el PIT-CNT. Sommaruga señaló que la central sindical plantea tres grandes líneas de transformación: “una reforma laboral, una reforma tributaria de segunda generación y una estrategia nacional de desarrollo”.
En materia laboral, puso especial énfasis en la reducción del tiempo de trabajo. Recordó que Uruguay fue el primer país del mundo en conquistar la jornada de ocho horas y señaló que, más de un siglo después, la productividad promedio por trabajador aumentó significativamente, mientras que todavía existen jornadas de hasta 48 horas semanales. “¿Hasta cuándo?”, preguntó, y mencionó procesos de reducción del tiempo de trabajo que se desarrollan en países de la región como Colombia, Chile, México y Brasil.
Explicó que el PIT-CNT propone que el sistema político impulse una ley que permita que, mediante la negociación colectiva, cada sector pueda avanzar en la reducción de la jornada. “Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar”.
La reforma laboral que plantea la central incluye además la protección frente a la precarización, la inestabilidad y la pérdida de derechos. En ese sentido, Sommaruga cuestionó las tercerizaciones, a las que definió como una forma de privatización que precariza y desprofesionaliza el trabajo.
También reclamó mayores garantías en materia de seguridad y salud laboral. “No podemos normalizar” que un trabajador ponga en riesgo su vida o su salud por el hecho de ir a trabajar, sostuvo, y cuestionó particularmente la exposición de trabajadores rurales a agrotóxicos.
Otro componente de la reforma sería la capacitación permanente dentro del mundo del trabajo. Sommaruga advirtió sobre el impacto de la automatización y de los algoritmos y señaló que “7 de cada 10 puestos de trabajo hoy están amenazados por la automatización”.
Reclamó políticas activas de inclusión laboral, especialmente dirigidas a jóvenes y mujeres, y mencionó además a trabajadores afrodescendientes, personas de la diversidad sexual y trabajadores con discapacidad.
“El desempleo de los gurises es tres veces mayor que el desempleo del resto de la clase trabajadora”, afirmó.
El sexto componente de la reforma laboral planteada por Sommaruga es el aumento general de los salarios, con especial atención a los llamados salarios sumergidos. “Hoy trabajando 40 horas o más, un trabajador recibe 28.000 pesos por mes cuando un alquiler vale más de la mitad de lo que cobra por salario. Eso no es vida, no se puede estar trabajando para ser pobre”.
El dirigente cuestionó además el argumento de que no existen recursos suficientes para financiar las políticas sociales. Recordó la expresión utilizada para señalar que los trabajadores no son quienes conducen la economía y respondió que los que laburamos, “los que mandan son los pasajeros 33, no los dueños de la aerolínea”.
El segundo gran eje planteado por Sommaruga fue una reforma tributaria de “segunda generación”. El objetivo sería enfrentar la desigualdad estructural y modificar la distribución del ingreso y de la riqueza. En ese sentido, sostuvo que “el 10% más rico de la población mundial concentra más ingresos que el 90% restante” y citó al economista y premio Nobel Joseph Stiglitz para ilustrar el crecimiento de la desigualdad en las últimas décadas.
Trasladó ese diagnóstico a Uruguay y cuestionó la concentración de la riqueza. Según afirmó, “el 1% más rico concentra una parte sustancial de la riqueza y de los activos financieros del país y sostuvo que más de 60.000 millones de dólares se encuentran en el exterior”.
Para el PIT-CNT, una reforma tributaria debería tener varios componentes. El primero sería “combatir la evasión y la elusión fiscal”. Sommaruga cuestionó que los recursos destinados a combatir la pobreza infantil sean significativamente menores que los montos que, según sostuvo, se evaden en determinados sectores de la economía.
“Después te dicen que no hay recursos. No, lo que está faltando es voluntad política para corregir una injusticia flagrante”, afirmó.
También cuestionó las exoneraciones tributarias al capital y planteó revisar qué beneficios fiscales deben mantenerse. En esa línea, cuestionó incluso que miles de apartamentos en manos de argentinos no tributen IRPF por los alquileres, y sostuvo que este tipo de situaciones forma parte de una discusión más amplia sobre los privilegios fiscales.
Otro de los componentes de la reforma tributaria propuesta es lo que Sommaruga denominó “fiscalidad robótica”, que la incorporación de tecnología también genere una contribución tributaria. El planteo parte de una preocupación por el impacto de la automatización sobre el empleo y el financiamiento de la seguridad social. “No estamos en contra de la tecnología, estamos en contra de esclavizar a los trabajadores en beneficio de la ganancia que deja la tecnología en mano del capital”.
Según explicó, si no se modifica el modelo de financiamiento de la seguridad social, el aumento de la expectativa de vida y la pérdida de puestos de trabajo por la automatización podrían derivar en una extensión de la edad laboral. “Esta lucha es una lucha de sobrevivencia de la clase trabajadora”.
Reclamó una mayor “progresividad fiscal”. Cuestionó el argumento de que Uruguay no soporta más impuestos y distinguió entre la situación de trabajadores y jubilados y la de los sectores de mayores ingresos. “Los laburantes, los jubilados, no pueden pagar más impuestos, pero los más ricos pagan entre un 8 y un 10% menos que vos que laburás todos los días”, afirmó.
El tercer eje planteado por Sommaruga fue la necesidad de construir una estrategia nacional de desarrollo que, según sostuvo, debería modificar la actual concepción del crecimiento económico.
Cuestionó el modelo basado en subordinar al Estado y a los trabajadores a la inversión extranjera directa. A su entender, los resultados sociales demuestran sus límites. “Necesitamos un nuevo modelo de interrelación entre la inversión, el mundo del trabajo y el Estado”.
Asignó un papel central al Estado y a las empresas públicas como dinamizadores de la planificación estratégica y sostuvo que la economía debe orientarse “al servicio de la gente” y no hacia una concentración cada vez mayor de las ganancias. La estrategia nacional de desarrollo supone también discutir el papel de la clase trabajadora y del Estado en la utilización de los recursos naturales.
Sostuvo que el movimiento sindical debe estar atento a la estrategia de desarrollo del país y advirtió al gobierno que no permitirá avances que impliquen privatizaciones, el debilitamiento del sistema de compras públicas o un costo social para la población. Afirmó que, ante esas medidas, el movimiento sindical volverá a estar en las calles.
Reivindicó la defensa de los trabajadores rurales. Contrapuso su legado a una sociedad que identifica el éxito con el dinero y el poder y afirmó que la historia recuerda a quienes lucharon por los demás.
En el marco de los 60 años de la CNT destacó algunos hitos de la historia del movimiento obrero uruguayo, y concluyó reivindicando el “amor y orgullo” por la clase trabajadora y su historia.
Qué Uruguay queremos para los próximos 20 años
A su turno Martín Ford (AEBU) dijo que se debe discutir el país que queremos para los próximos 20 años. Uno de los principales ejes de su discurso fue la defensa de la negociación colectiva y de los Consejos de Salarios.
Ford cuestionó que las cámaras empresariales hayan llevado nuevamente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el sistema uruguayo de negociación colectiva.
Más allá de las discusiones jurídicas, detrás de esa iniciativa existe “un posicionamiento ideológico, un posicionamiento político” contrario a un mecanismo que considera fundamental para garantizar la representación de los trabajadores y la posibilidad de avanzar en sus derechos.
Recordó que el sistema de negociación colectiva tiene una larga trayectoria en Uruguay, aunque fue interrumpido durante la dictadura y durante los gobiernos neoliberales de los años noventa. “Los Consejos de Salarios se defienden, se luchan y se respetan. Es una conquista de la clase trabajadora organizada”, afirmó.
Ford también reclamó al gobierno que respete la negociación colectiva. En particular, cuestionó que el Poder Ejecutivo no haya presentado previamente al movimiento sindical el articulado de la Rendición de Cuentas para discutirlo antes de enviarlo al Parlamento.
“Negociar no es informar, negociar es proponer, negociar es discutir, negociar es buscar las diferencias, los acuerdos”.
El dirigente planteó que Uruguay necesita “transformaciones” y reclamó al gobierno “audacia”, aunque aclaró que no se trata de la que proponen los organismos internacionales de crédito basada en “achicar el Estado, reducir los salarios, contener el gasto”.
En cuanto a la estrategia nacional de desarrollo dijo que incluye la generación de empleo de calidad, el agregado de valor a la producción, el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología, y el fortalecimiento de las empresas públicas como herramientas del Estado.
También planteó utilizar las compras públicas para favorecer a las empresas nacionales y generar trabajo en Uruguay.
Para Ford, el país debe discutir además su inserción internacional. “Necesitamos tener acuerdos comerciales que lleven como insignia esta estrategia nacional para el desarrollo y no que la estrategia nacional para el desarrollo vaya con los acuerdos internacionales”, señaló.
Cuestionó el denominado acuerdo transpacífico y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tuvieron acuerdos de ese tipo en países de la región. “Precisamos soberanía, producción nacional y defender el trabajo de nuestra gente”.
Ford también se refirió a la Rendición de Cuentas y reconoció algunos de los objetivos planteados por el gobierno, entre ellos el combate a la pobreza infantil, el fortalecimiento de la educación pública, la atención de las personas en situación de calle y la mejora de las políticas públicas. Sin embargo, marcó diferencias respecto al financiamiento y, especialmente, a los recursos destinados a la educación.
Reclamó el cumplimiento del compromiso del 6% del PIB para la educación pública más el 1% para investigación, ciencia y tecnología. “No estamos reclamando simplemente un número, no es simplemente una consigna”. Según explicó, esos recursos son necesarios para mejorar los edificios educativos, generar condiciones de inclusión y permitir que los estudiantes no solo ingresen a los centros educativos, sino que puedan “permanecer, aprender y desarrollarse”.
Ford cuestionó también la decisión de eliminar vacantes dentro del Estado como parte del financiamiento de la Rendición de Cuentas. Según señaló, se plantea un ajuste de 1.321 millones de pesos, de los cuales 891 millones provendrían de la eliminación de vacantes y otros 430 millones de gastos de funcionamiento. “Reducir el Estado, viejo anhelo del neoliberalismo, significa menos controles”, afirmó, y cuestionó que se pretenda fortalecer las políticas públicas debilitando al Estado encargado de implementarlas.
El dirigente defendió la propuesta del movimiento sindical de aplicar una sobretasa de 1% al patrimonio del 1% más rico de la población como una alternativa para financiar las prioridades sociales. En ese marco, también se refirió a la posibilidad de “establecer un impuesto a los bancos comerciales” y destacó las ganancias obtenidas por la banca privada, que definió como mayoritariamente multinacional.
Según Ford, durante el primer semestre del año “el sector obtuvo 320 millones de dólares de ganancias”, por lo que sostuvo que parte de esa rentabilidad debería retornar a la sociedad. Cuestionó además las tercerizaciones en el sector financiero y el traslado de servicios hacia otros países. “Acá en este país necesitamos trabajo de calidad”, sostuvo.
Ford destacó también el conflicto de los trabajadores de la construcción y el preacuerdo alcanzado tras cuatro meses de convenio vencido, 90 días de negociación y distintas medidas de movilización. Vinculó esta discusión con la reducción de la jornada laboral y con los cambios tecnológicos que están transformando el mundo del trabajo.
“La inteligencia artificial está aumentando la productividad y transformando el modo de trabajo. Entonces tenemos que discutir quién se apropia de esos beneficios”.
Una parte de los beneficios derivados del aumento de la productividad “debe traducirse en mejores salarios, mejores condiciones laborales y más tiempo para la familia, el ocio, la cultura, el estudio y la vida personal”.
Ford también expresó el respaldo del PIT-CNT a los trabajadores de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y se refirió a la situación del CASMU, institución que atiende a unos 170.000 usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Reclamó soluciones que permitan garantizar la continuidad de la institución, pero advirtió que los trabajadores no pueden volver a ser “la variable de ajuste”.
“Queremos un Uruguay que crezca, pero que crezca no alcanza. Queremos crecer, desarrollar, distribuir. Mientras exista desigualdad, mientras haya derechos por conquistar, mientras haya trabajadores que organizar, este movimiento sindical seguirá donde siempre estuvo, organizado, proponiendo, negociando, movilizado y luchando”, puntualizó.
Los acuerdos están para cumplirse
Cerrando el acto, Laura Martínez (FANCAP) destacó la participación del movimiento sindical en el diálogo social sobre seguridad social y sostuvo que se trata de “una herramienta que nos dignifica a todas y a todos”. Recordó que la central sindical ha sido parte del proceso histórico de construcción y fortalecimiento de la matriz de protección social.
“La seguridad social nos acompaña de alguna forma a lo largo de toda nuestra vida”, afirmó, al mencionar prestaciones como las pensiones, jubilaciones, asignaciones familiares, seguro de desempleo y la cobertura de salud.
A su entender, detrás de esas prestaciones existe una larga historia de organización y lucha. Por eso reivindicó “la necesidad de contar con un BPS fortalecido y con un sistema basado en principios que consideró irrenunciables: solidaridad entre generaciones, universalidad, participación y ausencia de lucro”.
Martínez recordó la campaña de recolección de firmas contra aspectos de la reforma previsional y señaló que, aunque el movimiento sindical no alcanzó el objetivo que se había planteado, el proceso permitió generar las condiciones para un diálogo social amplio.
Valoró algunos de los avances alcanzados, como la prestación universal a partir de los 60 años, el seguro de desempleo para trabajadores por cuenta propia y los cambios en las jubilaciones por incapacidad física. Sin embargo, cuestionó que no se haya podido avanzar en una discusión integral sobre el financiamiento del sistema y advirtió sobre la influencia de los intereses vinculados a las AFAP. En particular, cuestionó que haya desaparecido la propuesta de crear un organismo público que administrara de manera centralizada las cuentas de ahorro individual.
“Los acuerdos en el diálogo social están para cumplirse”, sostuvo. El movimiento sindical, afirmó, debe honrar los acuerdos alcanzados, pero también exigir que se cumplan en su totalidad. Martínez dejó planteadas además interrogantes sobre las comisiones que cobran las AFAP y sobre las inversiones que realizan en el exterior.
La dirigente planteó que el sistema de seguridad social debe adaptarse a las transformaciones que atraviesa el mundo laboral. Para explicarlo utilizó una imagen “el sistema actual es como un paraguas que fue diseñado para una realidad en la que predominaban los empleos estables y para toda la vida”.
“Ahora estamos acá para allá, muchos trabajan desde su casa, cambian el rubro seguido o tienen trabajos vinculados a nuevas tecnologías”, señaló. Por eso, sostuvo que se necesita “un paraguas de varillas flexibles y grandes” que permita modernizar la protección social y evitar que nadie quede “a la intemperie”.
También puso el foco en las “tareas de cuidados”, que continúan recayendo principalmente sobre las mujeres. Señaló que esta situación limita su tiempo para la vida social y política, para estudiar y para alcanzar autonomía económica.
Según afirmó, “las mujeres continúan siendo las más afectadas por los salarios sumergidos y la desigualdad”, y recordó que “70% de los hogares pobres tienen una mujer como referente”. También señaló que, en promedio, los hombres perciben remuneraciones superiores en un 27%.
Para Martínez, “la violencia está vinculada con esta desigualdad económica, la precarización, los bajos salarios y la falta de presencia estatal”.
Otro de los ejes de su discurso fue la “inclusión laboral de las personas con discapacidad”. Martínez sostuvo que las organizaciones sindicales no pueden dejar esta problemática fuera de su agenda.
También cuestionó el cumplimiento de la cuota de ingreso al Estado. Según los datos mencionados “entre 2020 y 2024 ingresaron 1.018 personas con discapacidad y en 2024 solamente seis organismos alcanzaron el mínimo del 4%”.
“Cumplir con la ley es un deber, incluir con dignidad es una apuesta de todas y todos y nos hace una mejor sociedad”.
Martínez también reivindicó los derechos de las personas migrantes y recordó que Uruguay es “una patria construida con oleadas migratorias”. Sostuvo que quienes llegan al país aportan trabajo, cultura y diversidad, y afirmó que la movilidad humana constituye un derecho humano. Sin embargo, advirtió sobre las situaciones de “precariedad laboral, explotación y dificultades para acceder a derechos básicos que enfrentan muchas personas migrantes”.
Reclamó políticas públicas fortalecidas y cooperación entre organismos para garantizar sus derechos y cuestionó las propuestas que, según señaló, plantean una apertura económica sin atender las consecuencias sociales.
“No podemos ser de ninguna manera y bajo ningún concepto el país que abre los brazos en el discurso y cierra las puertas en los hechos”.
La dirigente dedicó también parte de su intervención a la memoria histórica y recordó que este 11 de agosto se cumplían 54 años del asesinato de Santiago Rodríguez Muela, estudiante del liceo 8 y trabajador de ANCAP, asesinado en 1972.Vinculó ese episodio con las “actuales expresiones de odio contra quienes se organizan, estudian o reclaman sus derechos”.
Otro tramo importante del discurso estuvo dedicado a las empresas públicas, que definió como “el pilar fundamental de la soberanía y del desarrollo productivo con justicia social”. Martínez reclamó mayores inversiones, incorporación de personal en áreas críticas y recursos para fortalecer el funcionamiento de los entes estatales.
Planteó además potenciar la investigación y la innovación en áreas como energía, telecomunicaciones y cadenas productivas, así como priorizar las compras estatales a la industria nacional. Se refirió a la situación de ANCAP y defendió la continuidad de la industria cementera estatal. Cuestionó la “falta de definiciones sobre el futuro del Portland” y sostuvo que el cierre de plantas y la pérdida de puestos de trabajo son consecuencia de décadas de deterioro. “El Portland estatal y público es una oportunidad de desarrollo nacional”, afirmó.
También reclamó recuperar áreas de negocios estratégicos, como los agrocombustibles, y reivindicó una logística fluvial que permita mejorar la eficiencia del país.
En relación con UTE, defendió que la transición energética priorice el desarrollo nacional, el empleo y el fortalecimiento de la empresa pública. Para AFE reclamó un sistema ferroviario fortalecido, con inversiones en material rodante y un tren de pasajeros que alcance el interior del país. También mencionó la necesidad de fortalecer OSE, ANTEL y la Administración Nacional de Puertos, con “inversiones, incorporación de personal, capacitación y negociación colectiva”.
Martínez cuestionó también las formas de precarización laboral impulsadas mediante restricciones presupuestales, tercerizaciones y contratos unipersonales. “A igual trabajo, igual remuneración”.
Reivindicó las distintas luchas sindicales y expresó su solidaridad con trabajadores de la industria química, del ex sanatorio Canzani, del MIDES y otros sectores que atraviesan conflictos laborales.
“La historia nos demuestra una y otra vez que lo que conquistamos se defiende”, que, pese a las dificultades, el movimiento sindical cuenta con “60 años de unidad y organización”.
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