El ingreso de Fuerzas Armadas extranjeras en el territorio nacional no puede ocurrir al margen de los mecanismos de control institucional establecidos, como es el caso del numeral 11 del artículo 82 de la Constitución. La inobservancia de los criterios de habilitación para el ingreso de militares extranjeros al país es absolutamente perjudicial, tanto sea por la opacidad que se genera con relación a los fines, plazos y características de estas acciones, como, y fundamentalmente, por el asentamiento de precedentes de discrecionalidad en áreas que hacen a la soberanía nacional.

La inestabilidad mundial, producto de las guerras y las amenazas a la paz que actualmente permean el orden internacional, tienen a las Fuerzas Armadas de los EE. UU. en los primeros lugares de responsabilidad. Tal es el caso, entre otros tristes ejemplos, del genocidio que viene ejecutando el gobierno de Israel contra el pueblo palestino, que sería impensable sin el apoyo económico y militar de los EEUU y de la amenaza del cerco militar que viene perpetrando las fuerzas armadas dirigidas por Donald Trump en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela.

Por lo antedicho, el movimiento sindical rechaza la realización de los operativos militares conjuntos entre EEUU y Uruguay y reclama el cumplimiento de los permisos necesarios para el ingreso al país de militares extranjeros.