Días pasados, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) resolvió aplicar el cobro de timbres profesionales a partir del 1° de agosto a los informes asociados a consultas médicas en todas las modalidades de atención.

A raíz de esta situación, la FUS remitió una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, solicitando una reunión a la brevedad para abordar una situación que considera de “extrema preocupación” y que afecta directamente al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

La FUS recuerda que el SNIS, consagrado por ley en diciembre de 2007, se fundó bajo el principio rector de “garantizar un acceso universal, equitativo y de calidad para todos los habitantes del país, integrando a prestadores públicos y privados en un único modelo de financiamiento y atención”.

En ese sentido, entiende que la resolución de la CJPPU, impulsada con un “evidente afán recaudatorio”, vulnera directamente ese espíritu.

Actualmente, múltiples consultas y prestaciones se encuentran exoneradas de tasas moderadoras. Sin embargo, la nueva disposición anularía esa gratuidad y podría provocar que usuarios del sector mutual migren hacia los servicios públicos de salud, generando una “mayor presión sobre el sistema”.

La federación cuestiona que las dificultades económicas de la Caja Profesional se intenten resolver trasladando nuevos costos al sistema de salud y, en definitiva, a la población. Sostiene además que las historias clínicas y los registros asistenciales son herramientas indispensables para garantizar la calidad y seguridad de la atención médica y no documentos emitidos con “fines comerciales, administrativos o mercantiles”, sino parte esencial del acto asistencial y de las obligaciones profesionales inherentes a la atención sanitaria.

El secretario general de la FUS, Marcos Franco, dijo al Portal del PIT-CNT que la medida implicará un “aumento indirecto” de los costos de acceso a la atención médica, al afectar consultas de policlínica, puertas de urgencia y emergencia, así como exámenes y análisis clínicos. Esto podría traducirse en mayores tasas moderadoras y en nuevas barreras económicas para el acceso a los servicios de salud, especialmente para personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y sectores de menores ingresos que requieren atención frecuente.

La FUS considera que la resolución de la Caja de Profesionales constituye un “ataque directo” a los principios que dieron origen al Sistema Nacional Integrado de Salud y reclama al Poder Ejecutivo la convocatoria a un “diálogo nacional en salud” que reúna a todos los actores del sector para defender, fortalecer y proyectar un sistema sostenible, equitativo y de calidad para toda la población.

Franco manifestó que la Caja de Profesionales “no ha respondido a la solicitud realizada por la Junta Nacional de Salud (JUNASA) y que, al mismo tiempo, las autoridades del Poder Ejecutivo y de la propia JUNASA manifiestan que están a la espera de una definición gubernamental”.

“Los tiempos pasan y las urgencias para nosotros son de vital importancia, sobre todo para darle tranquilidad, primero, a la población, a los usuarios y a los trabajadores. Esto es una regresión a lo que fue el espíritu fundacional de la Ley 18.211, de instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud, cuyos principios eran una salud integral para todos, democrática y donde, inclusive, algunas prestaciones son gratuitas”, afirmó.

Franco sostuvo que la medida entra en contradicción con los objetivos del SNIS y responde exclusivamente a una lógica recaudatoria. “Se contrapone con la Ley 17.738 de la Caja de Profesionales, donde claramente se genera un efecto totalmente recaudatorio porque es directamente para la Caja y no redunda en mejorar los índices asistenciales para los usuarios”, señaló. Por esa razón, remarcó la necesidad de una reunión urgente con el presidente de la República.

“Necesitamos que le transmita al conjunto de los trabajadores y también de los usuarios del sistema que esto realmente va a quedar sin efecto, ya sea mediante un decreto o mediante la voluntad política necesaria para que el Poder Legislativo pueda desarrollar una ley que elimine la potestad que tiene la Caja Profesional sobre este tema”, expresó.

Asimismo, recordó que el movimiento sindical viene planteando la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud y consideró que la resolución de la CJPPU va exactamente en sentido contrario. “El movimiento sindical venía planteando la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y esto es un retroceso. Esto no tiene nada que ver con la política que viene desarrollando el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. Nosotros acompañamos las medidas que mejoren y achiquen los tiempos de espera, que bajen las órdenes, los tickets y los copagos, pero acá sucede exactamente lo contrario”, indicó.

Franco explicó que el impacto económico recaerá directamente sobre los usuarios. “Vas a una puerta de emergencia y pagás la orden de emergencia, y a eso, por cada presentación o indicación de un médico, le tenés que adicionar 170 pesos por cada acción médica. Y si vas a una internación, te ve el médico internista todos los días, son 170 pesos. Y si estando internado te indican exámenes de sangre, 170 pesos más”.

A su juicio, quienes terminarán soportando el mayor peso de la medida serán los sectores más vulnerables. “Eso lo van a pagar los trabajadores, los jubilados y quienes padecen patologías crónicas, los más vulnerados económicamente y en términos de salud. Esos son los que van a pagar el precio de una Caja de Profesionales que está fundida”, cuestionó.

Recolección de firmas

Franco informó que la FUS ya tiene previstas reuniones con organizaciones de usuarios y que el tema será abordado por la Dirección Nacional del sindicato. “El lunes tenemos una reunión pactada con los usuarios. El 10 de julio tendremos una reunión de Dirección Nacional de todos los sindicatos de la FUS, a las 10 de la mañana, en la Casa de los Italianos. Este va a ser uno de los puntos en cuestión”, indicó.

Asimismo, adelantó que no se descartan nuevas medidas si no existe una respuesta favorable por parte del Poder Ejecutivo. “No descartamos realizar una recolección de firmas a nivel nacional para marcar una posición junto al conjunto de la sociedad. Tampoco descartamos una movida en conjunto con los usuarios y con la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU)”, señaló.

El dirigente precisó que la campaña de recolección de firmas se pondría en marcha únicamente si el Ejecutivo no adopta medidas para revertir la situación. “Esta juntada de firmas sería en el caso de que no obtengamos una respuesta favorable de parte del Ejecutivo”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que el objetivo inmediato de la federación es dejar sin efecto la resolución de la Caja Profesional. “La Federación Uruguaya de la Salud tiene como objetivo inmediato revertir la decisión de la Caja de Profesionales de implementar un ticket que van a pagar los usuarios y la población en general simplemente con un fin recaudatorio y que no tiene un objetivo destinado a mejorar la asistencia a toda nuestra población. Si no hay una respuesta del Ejecutivo, se recolectarán firmas en todo el país para lograr un respaldo contundente a nuestra propuesta”, concluyó.