La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) se dirigió a la sociedad uruguaya mediante un comunicado en el que alerta sobre el incumplimiento del gobierno con respecto a la plataforma electoral en el que se establecía la base del 6% para la educación, más el 1% del PIB para investigación. 

La CSEU señala en su declaración que el proyecto de presupuesto quinquenal enviado al Parlamento no cumple dicha promesa electoral y considera la actitud del Ejecutivo como un hecho "grave" en términos democráticos. 

Texto completo del comunicado de la CSEU 

1. La responsable afirmación con que se titula constituye una alerta al pueblo uruguayo sobre el tratamiento presupuestal que nuestra educación pública recibe de parte del Poder Ejecutivo, en su proyecto de presupuesto quinquenal enviado al Parlamento y que viene siendo tratado por la Cámara de Representantes.
2. Una vez más, la reiterada conducta de los gobiernos nacionales de desatender los pedidos presupuestales de los organismos educativos (ANEP, UDELAR y UTEC) se ve profundizada por el hecho de un incumplimiento del gobierno con respecto a la plataforma electoral que presentó a la ciudadanía y que señala que “retomaremos el crecimiento de la inversión en educación pública estatal, sobre la base del 6% en educación más el 1% del PIB para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, garantizando alcanzar esas metas en el período de gobierno 2025-2030”.
3. Este hecho, ya de por sí grave en términos democráticos, adquiere ribetes más alarmantes aún. El mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo marca una tendencia que, de no modificarse sustantivamente, además de incumplir compromisos electorales, conduce a una reducción de la participación del presupuesto educativo con respecto al PBI proyectado por el mismo gobierno al final del período.
4. Lo señalado anteriormente difiere, además, sustantivamente del conjunto de elementos reivindicativos que esta coordinadora presentara a los partidos políticos en setiembre de 2024, en el marco de la campaña electoral, cuando actores de las distintas fuerzas políticas utilizaron, mediante promesas de distinta índole, a la prioridad de la educación pública en materia presupuestal como componente central de sus discursos.
5. En este marco, si bien en el proyecto del Poder Ejecutivo se atienden aspectos largamente reclamados, como la alimentación escolar en educación media, las transferencias que buscan dar respuestas a necesidades de nuestros estudiantes como el bono escolar o becas –en este último caso totalmente insuficientes en función de las necesidades del estudiantado de diferentes niveles–, otros temas sustantivos en la perspectiva de mejora de las condiciones de estudio y trabajo continuarán postergados.
6. Caracteriza la propuesta presupuestal del Poder Ejecutivo la ausencia del financiamiento necesario para:

• Infraestructura, que posibilite realizar las obras necesarias en términos de construcción, reparación y mantenimiento edificio.
• Creación de cargos que posibiliten concretar la extensión del tiempo pedagógico, la creación de equipos multidisciplinarios, reducir la cantidad de estudiantes por grupo y mejorar las apoyaturas pedagógicas a estudiantes.
• Apoyar planes de expansión territorial de nuestras universidades públicas, conforme a garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la educación a nivel país y a lo largo de la vida.
• Mejorar el salario de trabajadoras y trabajadores del sistema educativo, en especial salarios sumergidos en los escalafones administrativo y de servicio, y especialmente el sector docente universitario.

La consecuencia directa de esta falta de financiamiento será la no resolución de las necesidades concretas y estructurales de nuestra educación pública.

7. Cambiar este escenario implica cumplir con compromisos electorales y legítimas expectativas sociales, atender demandas necesarias y largamente postergadas en la perspectiva de priorizar nuestra educación pública. Mejorar condiciones de aprendizaje y trabajo que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la educación es, en este escenario, una responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo que aún está a tiempo de asumir, a través de un mensaje complementario que permita comenzar a resolver los problemas antes planteados.