Este martes, los trabajadores portuarios se movilizaron ante la Torre Ejecutiva para denunciar «la entrega de la soberanía nacional de los espacios públicos portuarios», algo que han catalogado como inadmisible por considerar que la decisión del Poder Ejecutivo «borra todo un sistema armonioso de crecimiento comercial sostenido» para el país, «generando un estado de incertidumbre y desestabilización política económica alarmante».

En este contexto de «pérdida de soberanía» que ha marcado la gestión del ministro Luis Alberto Heber, el  sindicato se enteró del alejamiento del jerarca de su cargo al frente del MTOP, a través del anuncio realizado por el presidente de la República en su cuenta de Twitter.

Para la presidenta del SUANP y directiva del SUPRA, Vanessa Peirano, «es lamentable lo que está sucediendo, las formas, los contenidos, todo es vergonzoso», fustigó. «No existe una mejora económica comprobada , no es un mejor acuerdo de partes porque no atrae nuevas cargas sino que solo re direcciona las existentes, pero ni si quiera todas. Esto es una decisión que favorece los intereses únicamente del capital privado y desconoce los intereses nacionales ya que debilita económicamente la rentabilidad actual de la empresa pública». En este sentido, la integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical dijo al Portal que cuando se concrete la monopolización, la ANP «perderá los ingresos de utilidades que percibe del resto de los operadores que trabajan en los muelles públicos», imposibilitando el desarrollo como regulador del negocio.

Reseña

Recientemente, los trabajadores portuarios presentaron un recurso de revocación a los decretos 114 y 115/21 ya que consideran que ambos implican la pérdida de puestos de trabajo y lo único que garantizan es el debilitamiento de la ANP. «Luego de tomar conocimiento de la aprobación de ambos decretos 114/21 (ampliación a T.C.P hasta el año 2081) y 115/21 (Reglamento de atraque), realizados de forma secreta para la comunidad portuaria (trabajadores, importadores, exportadores, navieras, etc..) desde el SUPRA  presentamos formalmente el pedido de revocación. Ambos decretos no solo consolidan la pérdida de 700 puestos de trabajo existentes y estables que garantiza hace muchos años  la empresa Montecon, sino que también convierten al puerto de Montevideo en un estado monopólico privado sin regulación estatal y esto es aún más grave», explicó Peirano.

«Realmente ambos decretos consolidan de derecho, la entrega de soberanía nacional de nuestros espacios públicos portuarios, sin prestaciones económicas y sin ningún tipo de precedentes en el país ya que también habilitan la explotación de los muelles de la armada y Punta de Sayago, si así la firma TCP lo requiere, y todo ello sin ninguna contraprestación económica ni regulación estatal establecida».

Por otra parte, la integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, recordó que los decretos «se aprueban faltando aún 10 años para el vencimiento del actual contrato de la empresa y en el peor momento sanitario del país, en medio de un estado de emergencia nacional donde la conmoción, tristeza y desazón ciudadana son la preocupación y angustia diaria para todos. Son decretos que borran todo un sistema armonioso de crecimiento comercial sostenido para el país, generando un estado de incertidumbre y desestabilización política económica en nuestro país alarmante», remarcó.