El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, analizó los principales ejes de la Rendición de Cuentas, con particular énfasis en los aspectos relacionados con la educación. Sommaruga, quien además es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP) sostuvo que el Uruguay no está en crisis sino que el país está viviendo una «crisis de desigualdad». Fue muy crítico sobre la decisión política del gobierno de retacear recursos para la Universidad de la República y consideró que ello supone «un golpe al futuro» y recordó que la LUC ya se anticipó como un instrumento del Poder Ejecutivo que favoreció a las universidades privadas, en detrimento de la UdelaR. Por último, Sommaruga dijo al Portal del PIT-CNT que "el gobierno de derechas" y las fuerzas de la coalición pretenden "apropiarse de la INDDHH".

¿Cuál es tu visión sobre la Rendición de Cuentas y particularmente en relación a la educación?

Entiendo que existe una flagrante contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Esto es habitual en el campo de la política, en el relato que construye el gobierno. Sin embargo, la Rendición de Cuentas nos permite demostrar esa contradicción con mucha claridad. Por un lado nos hablan de transformación educativa y por otro lado la propia Rendición de Cuentas impone una retracción de cuatro mil millones de pesos en la ANEP, lo que significa una afectación significativa en el presupuesto de funcionamiento para escuelas públicas, para liceos públicos y para la UTU. En términos de calidad, de más y mejor infraestructura, de más y mejor salario para los docentes, de más y mejores equipos para el trabajo para la niñez y la adolescencia, ¿de qué transformación educativa se puede hablar cuando se dan 100 millones de dólares menos? Lo mismo acontece en la Universidad de la República. Al día de hoy hay una congelación presupuestal y por otro lado, tenemos el aumento de la inflación y la caída de los recursos frescos de la Universidad de la República está en el entorno del 4,8%. Se estima, además, que al final del período del gobierno -si la actitud del gobierno se mantiene como hasta ahora- la caída del presupuesto universitario va a ser del 8%, con respecto a 2019. Esto va a afectar el proceso de descentralización, afecta procesos de investigación, lo que trae impactos altamente negativos en desarrollo e innovación. En un país que apuesta a agregar valor, que debería a diversificar su matriz productiva y generar una especialización de producción de bienes transables, es estratégicamente negativo. Es también, un revés moral, inmerecido para la Universidad de la República, luego del fenomenal aporte que hizo en el marco de la emergencia sanitaria durante la pandemia. Por lo que, en materia educativa, son muy malas noticias para el pueblo uruguayo.

Además, el gobierno viene en un proceso de robustecimiento fiscal, con un aumento significativo de la recaudación y con un incremento exponencial en materia de commodities. Solo en abril la recaudación fue de 37 millones de dólares al día, más de 1.100 millones de dólares en un solo mes, de los principales productos de la cadena agroexportadora. Es sólo de exportaciones, sin tener en cuenta el mercado interno. Por tanto, estamos hablando de que Uruguay no está en crisis. Uruguay está en una crisis de desigualdad, no está en una crisis económica. Esto luego se refleja en el Presupuesto. Hablamos de la educación, si vemos bien tenemos un 5% de recorte, pero cuando analizamos la caída de las inversiones del Estado en materia de medicamentos estamos en el entorno del 30%. Esto hace que la gente más humilde, que no puede ir a comprar a la farmacia los medicamentos que necesita, queda en una instancia de extrema vulnerabilidad. Esta situación tiene una explicación: es una decisión política del gobierno, la cual lleva al Parlamento en la Rendición de Cuentas. Pero yo creo que al menos, estamos ante una oportunidad de poder explicar a la población todas estas cosas. Nuestra función principal es ser organizadores, construir plataformas reivindicativas para mejorar salarios y condiciones de trabajo. Pero nuestra tarea principal, por encima de éstas, es ser agentes pedagógicos, agentes educativos en el desarrollo de la conciencia social de clase.

El movimiento sindical adoptó una postura muy firme en defensa de la Universidad de la República en relación a los recursos que necesita y que el gobierno le ha negado. A partir de la Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo envió un mensaje para la educación, más allá de que ahora se diga que se redistribuirán recursos para la educación. Desde tu visión, ¿cuál fue ese mensaje del Poder Ejecutivo?

Creo que la Rendición de Cuentas es un mensaje claro a la Universidad de la República y al mundo de la academia, el cual es más amplio ya que debemos hablar de la investigación y la Academia Nacional de Ciencias. Yo creo que el gobierno le envió su mensaje a la UdelaR y a la sociedad toda. Al mismo tiempo que esto acontece, tenemos que la LUC  generó condiciones de mayor desarrollo para las universidades privadas. Entonces, creo que la lectura más ajustada es que hay un impacto condenatorio, en materia de recursos presupuestales para el funcionamiento y expansión de la Universidad, teniendo en cuenta, además, que la matrícula viene creciendo. La Universidad con cada vez menos recursos debe atender cada vez más estudiantes. Y en muchos casos, esos estudiantes son primera generación de universitarios en sus familias. Otro dato relevante, que debe estar permanentemente en el debate público, es que cuando analizamos el desempleo y lo desagregamos por perfiles de egreso, encontramos con que entre quienes no terminaron la escuela el desempleo está en el 19%, quienes no terminaron el Ciclo Básico el desempleo está en el umbral del 9%, mientras que entre quienes terminaron el bachillerato pero no tienen estudios universitarios, el desempleo está en  un 8,5%. Cuando se analiza el desempleo de los egresados universitarios el desempleo se ubica en el 1,8%. Queda claro que cuando se golpea a la Universidad de la República, a la descentralización, la democratización, las condiciones para generar accesibilidad y sostener a los estudiantes de menores recursos, se le está dando un golpe tremendo a la política de empleo futuro. Esto es estratégico. Debemos hacer un esfuerzo pedagógico, educativo, explicativo para que la gente sepa estas cosas. En los grandes medios de comunicación estas cosas no están y se nos va la vida como sociedad, como pueblo, en estas cosas que son realmente muy importantes.

En este contexto de aumento de los precios de las materias primas a nivel internacional, de aumento en la recaudación fiscal, de los depósitos en la banca nacional y extranjera, muestra que el país no está en crisis. Sin embargo se contradice con lo que vemos a diario: cada vez hay más familias durmiendo en la calle y las ollas populares están al límite de sus posibilidades. ¿Cómo se explica esta contradicción?

Antes de una lectura racional y conceptual, existe un tema de sensibilidad. Cuando se pierde la sensibilidad se cancela el análisis. Hoy existe un dato contundente y es que la cantidad de niños que duermen en refugios del MIDES por primer vez se duplicó. Esto da cuenta de una política económica y social, de la falta de empleo, de vivienda, de una familia que se desarmó, de una tragedia. Si naturalizamos es que se te oxidó la sensibilidad, entonces no hay análisis político que valga. Por eso tenemos que reivindicar la sensibilidad y más como dirigentes sindicales varones, que siempre tenemos que poner un rostro adusto. Tenemos que reivindicar la sensibilidad. No habrá emancipación posible si no reivindicamos la sensibilidad. Si no te mueve todo esto es que no le das el significado que tiene. Luego sí, sobre esa conciencia que duele, sobre esa angustia que impacta, construir de forma ordenada y clara una explicación política de un problema social que nos duele. Ahí viene lo de la desigualdad. Uruguay no es un país pobre, es un país de renta media. Pero en América Latina es el país de distribución per cápita más alto. El problema de Uruguay, un país relativamente pequeño en términos demográfico y no tan pequeño en términos de extensión territorial si lo comparamos con países europeos, es que podemos vivir mejor y no lo hacemos. Pero, no hay partos sin dolor. El costo de la igualdad lo tienen que pagar los privilegios y ese es el problema del conflicto social, porque el privilegio tiene el poder y se resiste a la igualdad. Por eso nuestra batalla es por la sensibilidad. Sobre la base de la sensibilidad se debe elaborar un programa riguroso, con mucha vivencia empírica, con mucho acumulado de pensamiento crítico, con formulaciones programáticas precisas…  Pero lo primero es la sensibilidad. La única forma de derrotar los privilegios es con un pueblo sensibilizado y convencido.

Se está discutiendo la nueva integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y voces del oficialismo han propuestos personas que no se han caracterizado precisamente por la defensa de los DDHH. ¿Hay un acto de provocación o intento de apropiación de la Institución?

Siempre trato de ser muy cauteloso con los nombres de las personas, a no ser que tenga conocimiento claro de un comportamiento contumaz, en el sentido de la corrupción, la inmoralidad o de la violación de los DDHH. Por eso siempre prefiero discutir sobre la política. Esta situación que está viviendo la INDDHH hay que enmarcarla en un ataque muy feroz de los principales actores de gobierno. (Sergio) Botana, senador nacionalista, diciendo que el organismo tiene que desaparecer; Beatriz Argimón (vice presidenta y nacionalista) diciendo que hay que reformularla; (Jorge) Gandini (senador y nacionalista) diciendo que se deben revisar los propósitos; o sea que interlocutores de primera línea del gobierno cuestionando la existencia y los propósitos de la Institución. Esto es lo primero que se debe tener en cuenta. A esto se le suma que proyectos de ley de la coalición de gobierno dejan muy mal parado, a nivel internacional, al Uruguay en materia de DDHH. La ley de prevaricato presentada por Cabildo Abierto (CA) atenta contra el criterio de los jueces y fiscales para hacer su trabajo con independencia. Lo peor es el proyecto para excarcelar a los pocos torturadores que tenemos en la cárcel bip de Domingo Arena. Estos son ataques al INDDHH. Hay un ataque político que desprestigia y socava legitimidad. Por otro lado hay una ofensiva a nivel parlamentario para generar proyectos de ley que son abiertamente contradictorios con la propia esencia de la existencia y esencia del INDDH. Sobre esta base el gobierno y las fuerzas que integran la coalición de derecha quieren apoderarse políticamente de la INDDHH. Lo que tiene que pensar todo el sistema político es que la mejor garantía es que debe ser una organización independiente. Y si tiene que criticar al gobierno, sea del signo que sea, hay que recibirla con los brazos abiertos. Ningún gobierno puede garantizar los DDHH, los DDHH los garantiza la sociedad porque es un campo de conflicto. La tentación autoritaria, que cualquier gobierno puede tener, debe ser controlada. Si tenés una vocación realmente democrática, deja que te critiquen. Más allá de la preocupación por los nombres, que es un tema a considerar, se debe priorizar que sociedad queremos en materia de DDHH y que proyecto de protección le ofrecemos como sociedad al INDDHH. El movimiento sindical ha sido muy firme en la defensa permanente del INDDHH y en la defensa de un criterio de elección de sus autoridades para que sean el reflejo de lo que le proponen las organizaciones sociales al Parlamento.