Un grupo de trabajadores y trabajadoras del Programa Calle nucleados en SUTIGA (FUECYS - PIT-CNT) se pronunció ante los fallecimientos de Reynaldo Godoy y Gustavo Castro Marcadal, señalando que los lamentables hechos fueron consecuencia de la "negligencia que imparte del Estado al desactivar y precarizar dispositivos sociales que atienden a la población en situación de calle".

En su comunicado a la opinión pública, sostienen que "las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social son responsables de la precariedad del sistema actual de refugios, es inadmisible que sigan desvalorizando el trabajo de los equipos, y generando altos niveles de violencia institucional desde el desprecio en sus declaraciones. Las/os trabajadoras/es seguimos siendo quienes damos la cara por un Ministerio que no responde, o mejor dicho, solo responde a los medios masivos de comunicación, seguimos siendo las y los trabajadores quienes tenemos que dar la cara a la hora de decirle a una persona que no puede ingresar por falta de cupos, somos nosotras/os quienes estamos ahí para trasladar las carencias del Programa y del sistema de respuesta en general. Ni el ministro, ni los directores y jefes del programa se han tomado el tiempo de escuchar a los equipos de trabajo, quienes venimos acumulando experiencia en esta realidad".

Por último, señalan que continuarán "luchando para generar instancias de diálogo e intercambio donde la experiencia de estar en la primera línea de atención del Programa sea tomada en cuenta, acercándonos a los aportes que también intentan realizar los beneficiarios del Programa".

Texto completo

A la opinión pública:

Ante el fallecimiento de Reynaldo Godoy y Gustavo Castro Marcadal producido en los últimos días, y ante las distintas versiones que han circulado, el colectivo de trabajadoras/es del Programa de Atención a Personas en Situación de Calle (PASC) del MIDES nucleados en SUTIGA, declara:

• Que las/os trabajadoras/es organizadas/os venimos señalizando desde administraciones anteriores la precarización de las políticas públicas, así como también luego del cambio de autoridades, denunciamos enfáticamente el desmantelamiento de las políticas sociales.
• Que estos lamentables hechos son consecuencia de la negligencia que imparte el Estado al desactivar y precarizar dispositivos sociales que atienden a la población en situación de calle, al tiempo que muestra cifras confusas en los medios de comunicación jactándose de “haber creado 400 nuevos lugares”. Aclaramos que estos cupos fueron pensados en el marco de la pandemia sanitaria, es decir, para personas que están dentro del grupo de población de riesgo por COVID-19, no fueron pensados para dar respuesta a la totalidad de personas que están en situación de calle. En tal sentido apoyamos la solicitud del colectivo Ni Todo Está Perdido (que representa a personas en situación de calle) de fiscalizar la existencia y distribución de los cupos generados.
• Que dejar personas afuera de los refugios no es una elección de las/os trabajadoras/es de turno, sino que es consecuencia de protocolos elaborados unilateralmente por parte de las autoridades que las/os trabajadoras/es debemos cumplir. Dichos protocolos al día de hoy establecen: que si una persona no tiene un lugar permanente en ningún centro, para poder ingresar al programa, debe concurrir a la puerta de cualquier refugio y solicitar que se le agregue a una lista que se elabora por orden de llegada y esperar a las 20hs a que se confirme o no la disponibilidad de cupos por faltas de otros usuarios. En caso de que en el centro al que concurrió no haya cupos disponibles, el equipo de trabajo se comunica con el dispositivo Puerta de Entrada (que por decisión de las nuevas autoridades paso a funcionar telefónicamente) para coordinar un posible cupo en otro centro. Este procedimiento el usuario lo repite a diario hasta lograr la permanencia en algún centro, siempre sujeto a la disponibilidad de cupos.
• Que al día de hoy, y con el invierno entrado no están dadas las condiciones para dar refugio a la totalidad de las personas que están en situación de calle y que las autoridades no previeron en tiempo y forma ampliar la cobertura acorde a las necesidades.

Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social son responsables de la precariedad del sistema actual de refugios, es inadmisible que sigan desvalorizando el trabajo de los equipos, y generando altos niveles de violencia institucional desde el desprecio en sus declaraciones. Las/os trabajadoras/es seguimos siendo quienes damos la cara por un Ministerio que no responde, o mejor dicho, solo responde a los medios masivos de comunicación, seguimos siendo las y los trabajadores quienes tenemos que dar la cara a la hora de decirle a una persona que no puede ingresar por falta de cupos, somos nosotras/os quienes estamos ahí para trasladar las carencias del Programa y del sistema de respuesta en general. Ni el Ministro, ni los Directores y Jefes del programa se han tomado el tiempo de escuchar a los equipos de trabajo, quienes venimos acumulando experiencia en esta realidad.

Seguiremos luchando para generar instancias de dialogo e intercambio donde la experiencia de estar en la primera línea de atención del Programa sea tomada en cuenta, acercándonos a los aportes que también intentan realizar los beneficiarios del Programa.

Lo urgente son los derechos

Trabajadoras/es del Programa Calle nucleados en SUTIGA

Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA)

FUECYS - PIT-CNT

Montevideo, 2 de julio de 2020