La directora del Observatorio Luz Ibarburu considera que el proyecto de prisión domiciliaria “beneficia a genocidas” y es una pésima señal del sistema político que se proponga “relativizar” los delitos de lesa humanidad. Asimismo, dijo que el proyecto de Cabildo Abierto –que cuenta con una “visión positiva” del presidente de la República- va contra las normativas internacionales en materia de Derechos Humanos.

El próximo 9 de diciembre, se realizará la movilización convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, junto con CRYSOL, FUCVAM, FEUU, CEIPA, CEM, GSM, IELSUR, Coordinadora Popular y Solidaria - Ollas Por Vida Digna, Intersocial Feminista, Jóvenes por la memoria, Memoria en Libertad, Mercado Popular de Subsistencias, Niños en cautiverio político, ONAJPU, Ovejas Negras, Rebeldía Organizada, Red Nacional de Sitios de Memoria, SERPAJ y el PIT-CNT, en rechazo al proyecto de ley que pretende otorgarle prisión domiciliaria a presos y genocidas presos por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la pasada dictadura cívico militar. La actividad comenzará a las 18 horas en la Plaza Libertad y desde allí se marchará hasta el Palacio Legislativo en defensa de la verdad y la justicia. Apoyan y adhieren diversas organizaciones. 

La responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y directora del Observatorio Luz Ibarburu, Fernanda Aguirre, dijo al Portal que el movimiento sindical lucha por un mundo más justo, “y para que ello sea posible hay que luchar por memoria, verdad y justicia” y que el proyecto de ley de Cabildo Abierto “pretende eludir la condena de los violadores de los derechos humanos, no juzgarlos y no hacer pagar por delitos de lesa humanidad como las torturas, el secuestro, el robo de bebes o la desaparición forzada, entre otros”.

Aguirre cuestionó que desde el poder político se pueda impulsar y eventualmente aprobar una ley que pretende minimizar o relativizar los delitos de lesa humanidad, otorgando la prisión domiciliaria a sus responsables. “Es ofensivo contra la humanidad” y “si pretendemos tener un verdadero sistema democrático debemos dar las garantías para que el sistema de justicia siga actuando y condenando estos graves delitos y crímenes, y que los responsables cumplan con la prisión efectiva”.  En este sentido, la secretaria de DDHH del PIT-CNT remarcó que los responsables de cometer delitos de lesa humanidad deben efectivamente recibir y cumplir penas “ejemplarizantes” porque de lo contrario, el sistema político estaría dando “un mensaje muy malo a la sociedad”.

Así las cosas, el PIT-CNT convoca a participar masivamente de la actividad de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos junto a otras organizaciones sociales, en repudio al proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto, que cuenta con una “visión positiva” del presidente de la República, y que según el diputado Eduardo Lust, está “diseñado” y “hecho a medida” de los torturadores detenidos en la cárcel de Domingo Arena.

“El conjunto del campo popular marchará el 9, en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos y estará a la altura de la historia expresando su rechazo tajante al proyecto de CA”. Para Aguirre, “hay que resistir estos embates terribles de un partido y una coalición que está queriendo defender a los genocidas”.

Como se recordará, cada 10 de diciembre se conmemora día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

ONU

Días pasados, los relatores de Naciones Unidas enviaron una misiva al ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Francisco Bustillo, en la que le expresaron que la iniciativa de uno de los socios mayoritarios de la coalición de gobierno, “permitiría otorgar de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional”.

 “No existen argumentos de salud pública que justifiquen la reclusión domiciliaria total” para los militares presos en la cárcel de Domingo Arena, indicaron y agregaron que el derecho internacional “impone límites al uso de figuras como la amnistía, el indulto y la conmutación de penas respecto de crímenes de lesa humanidad”.

Los relatores de las Naciones Unidas manifestaron que “es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar esclarecer las preocupaciones llevadas a nuestra atención respecto de la incompatibilidad del proyecto de ley con las obligaciones internacionales del Uruguay en materia de derechos humanos”.

La carta está firmada por Fabian Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Luciano Hazan, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.