Ante el hostigamiento feroz que ha venido sufriendo FENAPES por parte de las autoridades de la Educación, el gremio realizó una denuncia formal ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En las últimas horas la OIT se expidió de manera categórica contra el accionar de las autoridades de la Educación y comunicó a la FENAPES y al gobierno uruguayo las conclusiones y recomendaciones que llegó luego de estudiar las denuncias pertinentes. Es un fallo demoledor. Ejemplarizante.

FENAPES, además, está analizando futuras acciones, en el ámbito nacional e internacional, si el Estado uruguayo no cumple con las recomendaciones de la OIT.

José Olivera, presidente de FENAPES, dio a conocer la gestión que se realizó ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, “un organismo de contralor del cumplimiento de normas. En noviembre de 2021 la FENAPES, acompañada por la Internacional de la Educación, presentó una queja, la cual lleva el número 3420, y que tuvo el respaldo del PIT-CNT y el apoyo de la Confederación Sindical de la Américas, en una clara expresión de solidaridad del movimiento sindical nacional, regional y mundial”.

Agregó que el pasado 17 de junio, en la reunión realizada en la ciudad de Ginebra, el Consejo de Administración aprobó una serie de conclusiones y recomendaciones hacia el Estado uruguayo. Entre las denuncias realizadas por FENAPES están, la limitación de la libertad de expresión por el retiro de cartelería en centros educativos realizados por la actual administración educativa, la prohibición del uso de tapabocas, distintas investigaciones administrativas que se abrieron en contra de dirigentes sindicales, la situación de las compañeras y los compañeros del Liceo 1 de San José, todo el proceso de la Comisión Investigadora Parlamentaria, la cual tenía un fin político y no jurídico, la propia instancia hoy en Fiscalía General de la Nación de la denuncia realizada por la Cámara de Diputados y la dirección General de Secundaria. Estos elementos fueron incorporados a la queja.

Reconoció Olivera que “es cierto y justo reconocer que ante cada elemento que se iba agregando a la versión originaria de noviembre de 2021 el Estado uruguayo fue contestando. Todos esos elementos sirvieron para que la Comisión de Libertad Sindical de la OIT elaborara un informe que luego fue aprobado por el Consejo de Administración del organismo”.

Libertad sindical, libertad de expresión

Daniel Parrilla, asesor jurídico de FENAPES, fue el encargado de brindar algunas de las resoluciones adoptadas por OIT. Subrayó que algunos aspectos de la resolución son destacables y se refieren a los episodios de la violación de la libertad sindical, que no solo afectan a la educación pública, sino que también afecta a otras reparticiones públicas. Uno de los importantes puntos a destacar es el contenido que se le da a la libertad sindical. El Comité de Libertad Sindical de la OIT se retrotrae a una resolución de 1970, donde se señala que la libertad sindical carece de sentido si no se reconocen el resto de los derechos y libertades civiles y políticas contenidas en la declaración de los derechos del hombre y en pactos internacionales.

Entre estos derechos está la libre expresión del pensamiento. No hay libertad sindical si no hay libertad de la expresión del pensamiento y el reconocimiento de otros derechos. Ese fue uno de los argumentos fundamentales que hemos estado manejando en la defensa, por ejemplo, de los profesores sumariados de San José, quienes se fotografiaron en apoyo a una campaña impulsada por el movimiento sindical uruguayo.

Parrilla sostiene que la actitud de las autoridades de Secundaria fue siempre refractaria a este concepto profundo de libertad sindical, “permitiendo lo que llamamos la actividad profesional, pero no el derecho de las organizaciones sindicales a tomar posición sobre temas sociales, políticos o culturales. Este dictamen reafirma, una vez más, que no es posible la actividad sindical sin el reconocimiento, entre otras, de la libre expresión del pensamiento. Por lo que nos sentimos respaldados en nuestra posición tomada sobre el episodio del Liceo de San José”.

El abogado también destacó la recomendación al gobierno brindada por la OIT que señala: “Se debe cuidar un equilibrio razonable entre la neutralidad política de los funcionarios, en el ámbito de la educación y de acuerdo a lo que establece la Constitución, y el derecho de las organizaciones sindicales de poder tomar posición y expedirse sobre temas económicos y sociales relacionados con los intereses de sus afiliados en el lugar de trabajo”. Lo sucedido en el Liceo de San José “quebró el sistema de garantías cuando se instruyeron aquellos sumarios”.

Otro de los aspectos importantes del dictamen del Comité de Libertad Sindical de la OIT se refiere a la Comisión de investigación parlamentaria y destaca que nunca, “jamás puede ser el Estado (ya que está involucrado) el que dirima ese diferendo. Esto es fundamental ya que se está diciendo que se violó el principio de imparcialidad. Nunca se pudo haber interpretado si hubo o no negociación colectiva que habilitara a FENAPES a solicitar la justificación de esas inasistencias a través de un sumario instruido por una de las partes. La Comisión parlamentaria también violó un principio fundamental, el Estado jamás pudo haber sido nunca juez y parte”.

Investigación ilegal

Marcelo Domínguez, otro asesor jurídico de FENAPES, también se refirió a la Comisión investigadora del Parlamento, afirmando que “como ya habíamos dicho que carecía de legitimidad ya que se estaba analizando en el ámbito de esa Comisión la vida interna de un sindicato. Por eso no se podía investigar a personas del ámbito privado. Esa ilegalidad se vio reflejada en la investigación penal seguida ante la Fiscalía de Fragancia de 15 turno”.

Domínguez agregó que tres legisladores pertenecientes a la coalición de gobierno, “se presentaron en Fiscalía como denunciantes; pretendieron de forma ilegal y contraria a todas las normas que regulan el procedimiento penal actual, designar a un abogado que fuera su representante en la investigación de forma de tener acceso irrestricto a las actuaciones, las cuales deben ser reservadas hacia terceros. Frente a esta otra ilegalidad, nos opusimos en el ámbito jurisdiccional porque no tienen potestades para designar ningún letrado que los patrocine”.

El abogado manifestó una profunda preocupación porque “no solo en el ámbito parlamentario sino también en el jurisdiccional se pretende operar de forma clara en contra del movimiento sindical. Los legisladores del gobierno quieren criminalizar la libertad sindical”. Y agregó: “queremos ser muy claros, no vamos a permitir que el sistema político quiera tener injerencia dentro de una investigación penal, cuando no tienen las facultades para ser parte de dicho proceso”.

Reflexiones

Olivera, en torno a las conclusiones y recomendaciones de la OIT afirmó que los hechos demuestran que se está “ante una gran victoria para el movimiento sindical ya que echa por tierra todos los supuestos jurídicos que manejo la administración de la Educación, a la hora de generar los distintos procesos disciplinarios, así como la propia Comisión investigadora. El hecho de reconocer el carácter político de las organizaciones sindicales y el derecho a expresar sus opiniones en temas económicos y sociales, incluso haciéndolo dentro de los lugares de trabajo, es deber del Estado garantizar ese ejercicio. Por lo que queda demostrado que se ha violentado, como se ha violentado también a la órbita penal elementos que tienen que estar ubicados, como lo dice el propio dictamen, en el ámbito de la negociación colectiva”.

Para el presidente de FENAPES es “gravísima la práctica sistemática de un proceso de persecución antisindical, de la limitación del ejercicio sindical que lleva adelante buena parte de las autoridades de la Educación en el marco de la ANEP. Pero, también, de parte de los parlamentarios de la coalición de gobierno, que se han embanderado en esta lógica de criminalizar a los militantes y dirigentes de las organizaciones sindicales”.

Olivera sostiene que ante este dictamen de la OIT el Estado uruguayo “no puede mirar para el costado y debe hacerse cargo de proponer algunos ámbitos y llevar adelante acciones que permitan corregir estas violaciones de la libertad de expresión, la libertad y la acción sindical. En especial el MTSS tiene un papel que jugar en los próximos días para corregir lo que está sucediendo”.

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