Desde el domingo 31 de agosto hasta el viernes 4 de setiembre, la Agrupación de Funcionarios de la UTE (AUTE), realizará la denominada “Vigilia contra los recortes y en defensa de UTE”, con la instalación de una carpa en la puerta del Palacio de la Luz.

La movilización de la AUTE se enmarca en la discusión presupuestal y advierte sobre las gravísimas consecuencias y perjuicios en caso que se concreten los recortes.

“Por supuesto que somos absolutamente conscientes de la realidad nacional y mundial que determina muchísimos condicionamientos para definir los presupuestos públicos, pero seríamos muy irresponsables si no hiciéramos el esfuerzo por advertir las gravísimas consecuencias y perjuicios que estas definiciones traerán sobre UTE, sobre el servicio público de energía eléctrica y sobre el país todo”.

AUTE cuestiona la eliminación de vacantes, el recorte de las inversiones y el “recorte brutal en los gastos de funcionamiento”, entre otros. Según la información que maneja el sindicato, el presupuesto de UTE prevé que entre 2020 y 2021 “se achiquen más de 250 millones de dólares”. En este sentido, AUTE señala que este escenario presupuestal “sin duda es el complemento ideal de la Ley de Urgente Consideración que terminará por liquidar la UTE”.

En este marco, AUTE convoca “a todos y todas a acompañar esta vigilia para exponer y fundamentar, y sobre todo, para dejar bien claro que AUTE no va a dejar que desmantelen la UTE para regalarle el sistema eléctrico al capital privado”.

La vigilia incluirá diversas actividades en la carpa con la realización de talleres, charlas y proyección de cine, con abordajes de temas presupuestales, salariales, género y equidad, entre otros.

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Gabriel Soto: “El último que apague la luz”

El presidente de AUTE, Gabriel Soto, analizó el nuevo escenario para la empresa a partir de los recortes presupuestales en la UTE. En un documento que el Portal del PIT-CNT publica hoy de manera completa, realiza un pormenorizado análisis de la situación de la empresa y alerta sobre las consecuencias de la política definida por el gobierno que “terminará por liquidar la UTE”.

El texto señala que partiendo de la base que las empresas públicas son una de las principales herramientas que tiene el Estado uruguayo, “no solamente por su aporte económico a Rentas Generales sino por su capacidad de generar infraestructura y empleo mientras garantizan el acceso a servicios públicos fundamentales para el país, todo lo que se haga o deje de hacer en UTE impacta en el conjunto del pueblo”. En este sentido, el texto señala que “solo en el plano de las inversiones, debemos remarcar que en los últimos 10 años la inversión de UTE ha representado un 20% de toda la inversión del sector público y un 45% de la inversión de todas las empresas públicas. Eso inclusive en el marco de un enorme plan de recortes que se aplicó desde 2015. UTE maneja presupuestos realmente importantes para el Uruguay y sus recortes impactan fuerte en el empleo, la infraestructura y ni que hablar en el acceso a servicios”.

De acuerdo al informe, el presupuesto del año 2019: $ 85.456.257.267 (alrededor de 2.000 millones de dólares), lo que se presupuestó para los próximos años es: $ 79.648.563.185 para el año 2020 y $ 74.832.208.719 para el 2021, lo que implicaría una reducción del entorno de los 250 millones de dólares.  

Recorte de inversiones

El documento señala que “las inversiones en el período van a caer, quizás no tanto como desde OPP se había definido en los instructivos (15%) pero van a tener una caída. Se proyecta un presupuesto de inversiones de 1096 millones de dólares. A priori parecería que el recorte no es tan importante, pero tenemos que entender que ya venimos con un recorte encima: al inicio del quinquenio anterior se proyectaron 2300 millones, los recortes determinaron que se presupuesten 1366 millones, y lo que efectivamente se terminó ejecutando fue 1190 millones de dólares, es decir que es un recorte sobre el monto que profundiza el atraso de inversiones”. Esto sucede precisamente cuando resulta necesaria una actualización importante de la red, “ya que eso sumado a la falta de personal ha determinado que los indicadores de calidad del servicio en Montevideo hayan venido dando por debajo de los valores mínimos, esto es solo un ejemplo de un problema estructural”.

Menor aporte a Rentas Generales

“El Presupuesto aprobado por el directorio de UTE tiene recortes tan críticos que resulta imposible visualizar un funcionamiento coherente del ente de aquí en más. Achica en todo, actuando justamente de forma inversa a lo que debería ser la atención de los principales problemas. La pandemia ha exigido esfuerzos económicos extra a todos los estados, dentro de los cuales Uruguay ocupa el triste lugar de ser de los que menos recursos a destinado en el continente. En medio de la emergencia sanitaria, proyectan una reducción de U$S 750 millones del aporte de UTE a Rentas Generales. Entre el 2015 y el 2019 se transfirieron efectivamente a Rentas Generales 1168,8 millones de dólares (muchos de esos recursos salieron del resultado financiero de UTE pero muchos salieron de rebajar la calidad del servicio y recortar funcionamiento). Lo que se proyecta para este quinquenio es que se aporten 414 millones de dólares y no es justamente porque los recortes sean menores ya que es totalmente al revés. En este punto es importante destacar que se proyecta un aumento importante de la cantidad de energía vendida”.

Los sectores más vulnerables

“La crisis está golpeando mucho y va a seguir golpeando, el desempleo y la exclusión son siempre resultados de cualquier ajuste. Si bien se proyecta un crecimiento de la energía vendida los costos sociales quedan a la vista cuando vemos que se proyecta un aumento de las pérdidas (acceso irregular a la energía eléctrica) que llegarán a porcentajes más altos que en la crisis del 2002.

Pérdidas en la crisis del 2002:

Año 2002- 20,10%

Año 2003- 22,62%

Año 2004- 22,29%

Pérdidas proyectadas:

Año 2020- 22,98%

Año 2021- 22,99%

Año 2022- 22,70%

“Pareciera lógico que ante este escenario la inclusión social sea la prioridad para los próximos años pero en lo presupuestal no es así”.

Eliminación de vacantes

“En el año 2013, luego de varios años de ‘estudio’ y discusiones, se definió que la plantilla de UTE debería de ser 8391 funcionarios/as para poder atender el servicio, en ese momento éramos 6549 funcionarios/as que atendían un sistema muchísimo más pequeño que el actual:

Con este escenario de expansión del sistema eléctrico, sumándole que hay una plantilla que tiene al 30% de los/as funcionarios/as con edad para jubilarse en este período, haber resuelto la eliminación del 67% de las vacantes tiene por lo menos ribetes de irresponsabilidad. Será imposible mantener el servicio sin personal, y no hay que ser ningún erudito para ver que lo que en definitiva se resolvió con esto es liquidar la UTE”.

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