Dado que el Poder Ejecutivo se encuentra evaluando la eliminación del impuesto del 1 % a los semovientes —cuyo financiamiento pasaría a cargar sobre la sociedad en su conjunto—, el movimiento sindical fija su posición al respecto:

1. La derogación del impuesto del 1 % a la enajenación de semovientes —que actualmente abona solo una parte del sector agropecuario— y cuyo fin es el financiamiento de las intendencias del interior del país, consolidaría una profunda injusticia tributaria e implicaría una pérdida fiscal de unos 40 millones de dólares anuales. Esto agravaría las restricciones presupuestales para abordar los problemas estructurales que frenan el desarrollo del país e impiden a las mayorías sociales acceder a una mejor calidad de vida.
    
2. Originalmente, este tributo alcanzaba a todos los operadores de la compraventa de ganado; sin embargo, producto de la presión corporativa del sector, su recaudación se fue debilitando y su contribución se tornó cada vez más regresiva . La alícuota se redujo del 3% al 1% actual y, desde hace más de una década, recae únicamente sobre los productores familiares y de menor escala, en tanto los grandes productores y tenedores de ganado lo exonerar del pago de sus obligaciones ante el BPS; generando un empuje importante en la desfinanciación del sistema jubilatorio.
    
3. Para el PIT-CNT la solución a esta inequidad no consiste en debilitar aún más las arcas públicas, sino en revertir la lógica actual donde "el chico paga y el grande exonera". Una alternativa viable en el corto plazo, mientras se trabaja en una reforma integral, es eliminar el crédito fiscal para los grandes tenedores de ganado y exonerar de forma efectiva al pequeño productor. De este modo, se alivia al productor familiar, sin poner en riesgo las cuentas públicas.
    
4. En una perspectiva más amplia, es indispensable avanzar hacia un instrumento tributario integral que no se limite a la enajenación de semovientes, sino que gravite sobre todo el gran capital de la cadena de producción primaria, incluyendo a sectores de alto poder económico vinculados al capital trasnacional.
    
5. Profundizar una política fiscal regresiva y, en simultáneo, rechazar la sobretasa del 1% al 1% más rico —orientada a financiar la erradicación de la pobreza infantil— resultaría una decisión incomprensible, contradictoria e irresponsable.
    
6. A juicio del movimiento sindical, se requiere una reforma tributaria de segunda generación que fortalezca las capacidades legislativas, técnicas y tecnológicas del Estado en la materia. Esta transformación es clave para fortalecer la equidad vertical del sistema, financiar las urgencias nacionales y promover un proyecto de desarrollo nacional para avanzar hacia el Uruguay del futuro.