La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el documento de referencia sobre las prioridades de desarrollo a nivel internacional. Fue adoptada por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 por 193 países y se basa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 2000-2015), cuyo objetivo era reducir la pobreza extrema. La Agenda 2030 contiene un conjunto de objetivos compartidos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los que todos los países se han comprometido. Los 17 ODS abarcan temas de gran relevancia para la labor sindical, como la promoción del trabajo decente, la lucha contra la pobreza, las desigualdades y el cambio climático, y reconocen la necesidad de una mayor igualdad de género, una educación gratuita y de calidad, servicios públicos e instituciones más sólidas.

Los sindicatos, a través de la Red Sindical de Cooperación para el Desarrollo (RSCD), participan activamente en el proceso de los ODS a nivel mundial, regional y nacional. Mediante su labor diaria en defensa de la libertad sindical, el diálogo social y la negociación colectiva, así como en la promoción del trabajo decente y los derechos de los trabajadores, los sindicatos desempeñan un papel decisivo en la consecución de los ODS. Como se indica en su Estrategia para la Agenda 2030, los miembros de la RSCD realizan su propio seguimiento y análisis nacionales para garantizar que los países estén en el buen camino para cumplir sus compromisos. La revisión tiene en cuenta los ODS prioritarios para los sindicatos: ODS 1 (poner fin a la pobreza), ODS 5 (igualdad de género), ODS 8 (trabajo decente), ODS 10 (reducción de las desigualdades), ODS 13 (acción por el clima) y ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). Las revisiones se promoverán durante el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas y los foros regionales de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, que son los mecanismos de seguimiento y revisión de la Agenda 2030.

Documento

Mediante un documento elaborado recientemente, los sindicatos uruguayos reclaman “que nadie quede atrás”. Plantean que, a través de un diálogo tripartito, se establezca un plan de acción para la implementación de los ODS, con reuniones periódicas en las que participen los interlocutores sociales para evaluar su rendimiento. 

Se trata de introducir medidas de fomento de empleo para crear más puestos de trabajo decentes y de calidad. Asimismo, se busca comprometerse, a través del diálogo tripartito, a realizar cambios sustanciales en el modelo productivo del país enfocado a priorizar las necesidades de los trabajadores. En el marco del diálogo social, trabajar por la reducción de la jornada laboral, reforzar las medidas de protección social para lograr una cobertura universal, fijar salarios mínimos sectoriales y garantizar que permitan disfrutar de un nivel de vida digno, promover medidas antidiscriminatorias en el lugar de trabajo para ayudar a las mujeres y a los jóvenes a acceder a empleos de calidad y superar las barreras del techo de cristal y del suelo pegajoso, garantizar el respeto de los derechos laborales en sectores emergentes como los relacionados con la Inteligencia Artificial y el trabajo de plataformas y reforzar el compromiso con un verdadero diálogo social.

Contexto

Para abordar los retos económicos provocados por la pandemia de covid-19, el Gobierno de Uruguay introdujo recortes arancelarios, beneficios fiscales y contribuciones de reducción de costes para las pequeñas y medianas empresas (pymes) situadas en regiones fronterizas; amplió las prestaciones por desempleo para los trabajadores cuya jornada laboral se hubiera reducido a causa de la pandemia; y expandió diversos programas de asistencia social para colectivos vulnerables. No obstante, los sindicatos señalan que las tasas de crecimiento salarial se han mantenido bajas con el actual Gobierno, y los salarios medios de 2023 se mantuvieron al mismo nivel que en 2019. 

A pesar de que Uruguay es un país rico en agua, se ha venido enfrentando a una crisis de agua potable que alcanzó su punto máximo en 2023. Para solucionarlo, el Gobierno se comprometió a invertir 500 millones USD en la mejora de las vías fluviales. 

Tras una reforma de la matriz energética que dio comienzo en 2008, Uruguay depende de fuentes de energías renovables para cubrir el 90% de sus necesidades energéticas. Otras de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis climática son la emisión de un bono soberano con un precio vinculado a indicadores de sostenibilidad y la obtención de un préstamo del Banco Mundial que vincula las condiciones de financiación al logro de ambiciosos objetivos medioambientales. Además, el Gobierno ha encabezado el desarrollo de un programa intergubernamental de promoción y aplicación del Estado de derecho ambiental.

Negociación

El Gobierno de Uruguay ha integrado formalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus marcos nacionales de desarrollo, y el país se ha ofrecido a presentar su Examen Nacional Voluntario en 2021. La Oficina del Presidente está formalmente a cargo de la Agenda 2030. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el apoyo de la Agencia de Evaluación y Gestión, el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, coordina y supervisa la implementación de los ODS, mientras que los diferentes ministerios son los encargados de implementar las metas relevantes. 

Los sindicatos han advertido de que la implementación de los ODS en Uruguay ha empeorado en los últimos años. A pesar del crecimiento del PIB del país, los trabajadores han sufrido pérdidas salariales en los últimos años, mientras que los programas redistributivos no se han aplicado.

En cuanto a la transparencia de la Agenda 2030, los informes oficiales que se encuentran disponibles en el sitio web del Gobierno dedicado específicamente a la implementación de los ODS, no se han actualizado desde 2021. Además, los sindicatos señalan que desde 2020 no se les ha consultado acerca de los ODS, puesto que las mesas de diálogo a las que habían sido invitados no contemplaban un diálogo bidireccional. Si bien en el país existe un diálogo social sólido, los sindicatos lamentan que su importancia haya disminuido en los últimos años y que en los debates celebrados en su seno no se traten los objetivos de la Agenda 2030. Los sindicatos señalan que no existe un presupuesto designado para la implementación de los ODS. Por el contrario, se espera que los ministerios utilicen sus presupuestos asignados para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de forma transversal. Sin embargo, esto dificulta la evaluación para determinar si se han asignado recursos suficientes a la implementación de los ODS, sobre todo teniendo en cuenta la falta de informes adecuados.

Trabajo decente

Con respecto al ODS 1 y la meta 1.1 (erradicar la pobreza extrema para todas las personas), en 2022 el 0,2% de la población se encontraba viviendo por debajo del umbral internacional de la pobreza, mientras que el índice de trabajadores pobres era del 0,1%. Estos indicadores podrían mejorarse si se tiene en cuenta que en 2023 Uruguay se clasificaba como un país de muy alto desarrollo humano, ocupando el puesto 48º en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Mientras que en 2021 el 95% de la población estaba cubierta por algún tipo de protección social, la proporción de la población cubierta por programas de asistencia social se redujo del 48,1% en 2008 al 44,2% en 2020. Esto indica que se necesitan más esfuerzos para alcanzar los objetivos establecidos por la meta 1.3 (sistemas y medidas de protección social) tras las dificultades económicas derivadas de la pandemia de Covid-19. En cuanto a la meta 1.a (poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones), en 2023 el gasto en servicios esenciales se situaba en un 25,1% del PIB. 

Con respecto al ODS 5, sigue siendo necesario introducir mejoras para alcanzar la meta 5.4 (reconocer y valorar el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico no remunerados), puesto que en 2013 las mujeres declararon dedicar el 20% de su jornada laboral al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, frente a apenas un 8% en el caso de los hombres. Han tenido lugar ciertas mejoras con respecto a la meta 5.5 (participación plena y efectiva de las mujeres); la proporción de mujeres en el Parlamento aumentó de un 12,1% en 2000 a un 25,2% en 2024, y la proporción de mujeres en el gobierno local aumentó de un 26,1% en 2016 a un 31,7% en 2021. 

Se necesitan más esfuerzos para alcanzar el ODS 8. Los datos sobre la meta 8.3 (apoyar la creación de puestos de trabajo decente) muestran que, en 2023, el 30% del empleo en Uruguay se encontraba en el sector de la economía informal. Además, en 2023, se consideraba que el 25,7% de los trabajadores estaban en situación vulnerable. La tasa de empleo global en 2023 era de 8,4%, siendo más elevada en el caso de las mujeres (9,5%) que en el de los hombres (7,4%). Sin embargo, a un 26,3%, el desempleo era especialmente elevado entre los jóvenes de 15 a 24 años, lo que demuestra la necesidad de seguir avanzando en lo que respecta a la meta 8.5 (empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos). Por otra parte, el subempleo se situaba en un 7,3% para los hombres y en un 10% para las mujeres en 2023. Los indicadores NINI para la meta 8.6 (reducir la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan) alcanzaron un 14,9% en 2023, siendo más elevados para las mujeres jóvenes(15,9%) que para los hombres jóvenes (13,9%). Los indicadores relativos a la meta 8.8 (proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro) muestran que, en 2018, la tasa de lesiones laborales mortales era de 3,7 por cada 100.000 empleados. Los sindicatos señalan que esta ratio relativamente baja es un triunfo del movimiento sindical, que presionó para que en 2014 se aprobara una ley de responsabilidad penal de las empresas para los empleos en sectores con mayores riesgos. Lamentablemente, el número de inspectores de trabajo formados, que es del 0,6 por cada 100.000 trabajadores en 2023, sigue siendo inferior a la ratio recomendada. 

Queda mucho por hacer para que Uruguay alcance el ODS 10. Respecto a la meta 10.4 (adoptar políticas para lograr una mayor igualdad), en 2022 el 10% superior de las personas con mayores ingresos tenían una participación del 30,5% en el PIB, mientras que el 20% inferior de las personas con menores ingresos tenían una participación del 5,6%. La participación del trabajo en el PIB era de un 55,1% en 2024. Aunque Uruguay tiene un salario mínimo nacional establecido por ley, los sindicatos denuncian que lleva años sin incrementarse y que resulta insuficiente para cubrir el coste de la vida. Cabe señalar un avance positivo respecto a la meta 10.7 (participación de los interlocutores sociales en la política migratoria), ya que se ha invitado a los interlocutores sociales a participar en la Junta Nacional de Migración y en un panel tripartito convocado por el Ministerio de Trabajo para debatir cuestiones relacionadas con la migración. 

Con respecto al ODS 13 y la meta 13.2 (incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas), si bien Uruguay está a la vanguardia en la transición de su economía de los combustibles fósiles a la dependencia de energías limpias, los sindicatos informan que no participan en los debates sobre una transición justa para los trabajadores. 

Deben hacerse más esfuerzos para alcanzar el ODS 16 y la meta 16.10 (proteger las libertades fundamentales), puesto que Uruguay tiene una calificación de 2 en el Índice Global de los Derechos de la CSI, lo que indica repetidas violaciones de los derechos laborales.