Según señalan las y los trabajadores judiciales, "es inaceptable que, a pesar del conocimiento de los impactos negativos de esta ley en la salud y en los derechos de trabajadoras y trabajadores públicos, se persista en su aplicación. Esta insistencia agrava el trato desigual dentro del Poder Judicial, donde el Estado distingue dos clases de funcionarias y funcionarios judiciales: quienes están sujetos a la ley y quienes no lo están. Resulta incomprensible e injusto que jueces y defensores públicos tengan un trato preferencial, cuando a la hora de enfermarse sufren las consecuencias por igual".

La Asociación de Funcionarios Judiciales exige al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia la creación de espacios de trabajo conjuntos, destinados a abordar la problemática de la salud en el ámbito del trabajo. "El Poder Ejecutivo anterior aprobó esta injusta Ley violando la negociación colectiva, este Poder Ejecutivo está a tiempo de enmendar lo hecho", apunta el texto.

"AFJU continuará su lucha en defensa de los funcionarios y las funcionarias judiciales en todos los ámbitos. Por esta razón, y en conjunto con otros gremios públicos, solicitaremos a las autoridades de la OIT, en el marco de la Conferencia Anual, que se continúe el trámite de la reclamación ya admitida por el Consejo de Administración y el Comité de Libertad Sindical, y suspendida en espera de una conciliación. Que se expida sobre la violación por parte del Estado Uruguayo de varios convenios de salud y protección en el trabajo ratificados por el Uruguay".

Más adelante, la AFJU manifiesta que "nuevamente nuestra voz se hará sentir fuertemente en la OIT denunciando la discriminación que se consagró en el Poder Judicial al aprobar esta Ley" y recuerda que "el Poder Judicial, que es el garante del estado de Derecho, no puede permitir que esta Ley injusta, ilegal e inconstitucional, violente a sus trabajadoras y trabajadores, así como a todas y todos los funcionarios públicos".