En las últimas horas se conoció que la Fiscalía de Flagrancia de 15º Turno, a cargo de la fiscal adjunta Silvia Buzo, resolvió archivar la denuncia (art. 98 del CPP). Durante el proceso, la Fiscalía solicitó en reiteradas ocasiones que los denunciantes precisaran el presunto daño patrimonial causado a Secundaria -elemento clave para evaluar la existencia de un delito-, pero dicha información “nunca fue aportada”.

Tras analizar la evidencia, la Fiscalía concluyó que “no existen elementos objetivos que permitan atribuir conductas penalmente relevantes a los trabajadores de FENAPES ni a las autoridades educativas del período”. Sostuvo además que los hechos denunciados “no encuadran en ningún tipo penal previsto en el Código Penal, particularmente en los artículos 239, 240, 241 y 243”, vinculados a delitos contra la fe pública y la función pública.

Según el dictamen, para que exista un delito debe verificarse que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, algo que “no ocurre en este caso”. La Fiscalía afirmó que la conducta investigada es atípica, es decir, “no se adecua objetiva ni subjetivamente a ninguna figura penal”, y dispuso el archivo definitivo de la causa, lo que implica la absolución de los trabajadores denunciados.

Domínguez: “Se demostró la inexistencia de delito y el intento de presionar a los fiscales”

En el inicio de la conferencia, el abogado de FENAPES, Marcelo Domínguez, informó que la Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía de Flagrancia, decidió archivar la denuncia impulsada por legisladores de la entonces coalición multicolor durante la pasada administración, a partir de una Comisión Investigadora que calificó como “absolutamente ilegítima”, por analizar el comportamiento de una persona jurídica de derecho privado como la Federación, al margen de las competencias parlamentarias.

Domínguez detalló que el pasado 29 de septiembre la Fiscalía dispuso el archivo de las actuaciones “por una clara inexistencia de delito”, tal como la Federación sostuvo desde el inicio frente a lo que definió como “un raid mediático o circo mediático”. Enfatizó que el mensaje de la Fiscalía es clave. “Si los legisladores pretenden con estas acciones torcer el brazo o presionar a los fiscales, es no conocer a nuestros fiscales”. Y añadió que los hechos denunciados públicamente “no constituyeron delito de ninguna manera”.

Para el abogado, la resolución reafirma que se trató “de una persecución al movimiento sindical, un claro proceso de lawfare contra los movimientos populares”. El Estado de Derecho “terminó descartando que las acusaciones tuvieran relevancia jurídica o penal”.

Olivera: “No hay que olvidar la persecución ni el terror”

A su turno José Olivera, vicepresidente de FENAPES, dijo que este viernes 12 de diciembre es un día de sentimientos encontrados para la Federación. Primero porque la sociedad uruguaya debe “reflexionar profundamente ante lo que fue una política sistemática orquestada desde el Estado en términos de persecución y de generar terror a una organización sindical en el marco de un sistema democrático y republicano, lo cual retrotrae a las peores épocas de la historia política de nuestro país”.

“En momentos donde estamos celebrando los 40 años de la recuperación democrática, donde queda claro el papel que jugó el movimiento sindical desde el primer día respondiendo con una huelga general a la dictadura civil y militar que se instalaba en Uruguay, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, en momentos donde hay actores políticos que hacen gárgaras con la República y la democracia, hoy queda comprobado que aquí hubo una práctica sistemática de persecución desde el Estado contra nuestra organización sindical, contra sus militantes, sus contra parte o casi todos los dirigentes”, dijo.

Olivera remarcó que esta práctica de persecución antisindical de los últimos cinco años “fue orquestada desde distintos organismos del Estado, Poder Ejecutivo, autoridades de la educación, parlamentarios que confunden inmunidad parlamentaria con impunidad, y operadores mediáticos”, muchos de los cuales incluso ni siquiera le dieron a la Federación la posibilidad o la oportunidad de gozar del derecho a la presunción de inocencia, y en sus redes, en sus programas de radio, de televisión, más que reconocer el derecho a la presunción de inocencia, lo que hacían era condenarlos, criminalizarlos, tratándolos de delincuentes.

“Cuando dijimos que acá había un proceso de lawfare, alguna de estas operadoras mediáticas nos trató de dementes. Ahora, ¿cómo se llama un proceso donde un ex Ministro de Defensa, que nos habla todos los días hoy desde el Senado de democracia, denuncia penalmente al presidente y al secretario general del sindicato por emitir una opinión en términos de derechos humanos? ¿Cómo se llama el accionar de casi dos años de una Comisión Investigadora Ilegítima, Ilegal, donde hay legisladores que mejor no nombrar, pero no olvidar, mejor no nombrar hoy porque no les vamos a dar, a quienes nos persiguieron con métodos fascistas, el privilegio de ser puestos hoy en esta mesa, pero no olvidamos quiénes son, que hasta el día de hoy siguen hablando de sacrificados apócrifos”, sentenció.

Pidió no olvidar la sanción inicial a las profesoras y profesores de San José, dispuesta por las autoridades de educación secundaria.

“No hay que olvidar la situación de investigaciones abiertas, disciplinarias contra dirigentes de la Federación en distintos ámbitos. No hay que olvidar la persecución y el terror que se sembró sobre el cuerpo docente, donde hay algunos hitos que todavía hoy seguimos reivindicando, como fue el caso del compañero director del IAVA, como un ejemplo, no fue el único, lamentablemente”, recordó.

Olivera dijo que “es importante que la sociedad uruguaya hoy ponga un poco de reflexión sobre esto y sobre todo el sistema político en su conjunto y en especial aquellos que promovieron desde el Parlamento este proceso de persecución”. 

“Porque hoy, cuando los ámbitos correspondientes, idóneos, competentes, por distintos medios o circunstancias analizan los hechos, todos inequívocamente nos terminan dando la razón. Así lo hizo la OIT cuando presentamos la queja por, entre otros, los compañeros de San José, y fue muy clara la OIT que aquí se estaban violando derechos humanos básicos en plena democracia”, citó.

Agregó que también fueron muy claros tres jueces en la órbita civil cuando los profesores que habían sido separados del cargo injustamente recurrieron a la Justicia Civil, y que terminó con tres jueces distintos “condenando a la ANEP por violar principios jurídicos sagrados o básicos, por violar derechos humanos, por generar intencionalmente la política de criminalización y de desprestigio.”

“Porque detrás de todo este proceso, más que la propia organización, hay personas concretas que lo único que tienen son su nombre y su apellido, que lo único que tienen es el abrazar el ejercicio de una profesión, algunas de las cuales están aquí con nosotros y dedicaron su vida a la educación pública. Y ni que hablar de las compañeras y los compañeros de San José, ni que hablar de muchos compañeros y compañeras que fuimos puestos en la palestra pública con un solo objetivo, con un solo interés, de destruir a la organización sindical y no esquivar ningún medio para ello. Es importante reconocer también que hoy lo que dice la Fiscalía en esta denuncia nos termina dando la razón”, subrayó el dirigente. 

Olivera remarcó que hace 48 horas el Comité de Libertad Sindical de la OIT les comunicó que “en virtud de revertir la sanción a los compañeros de San José, que en virtud del cierre de investigaciones administrativas fantasmas, salida de atrás sin ningún tipo de fundamento jurídico, la OIT cerraba el caso reconociendo que algo del estado de Derecho se había recompuesto”.

“Obviamente quedaba este asunto que lleva más de tres años y que sin lugar a dudas es el punto culmine de decir y de demostrar que aquí efectivamente hubo un proceso de persecución antisindical que se orquestó desde el Poder Ejecutivo, desde una parte del Parlamento, desde las propias autoridades de educación y que tuvo el beneplácito de operadores mediáticos que montaron un gran circo, una de las peores campañas de persecución política en los últimos 40 años. Por la salud de nuestra democracia, por la salud de nuestra república, no olvidemos”, pidió.

“Y tenemos memoria, tenemos archivos, podríamos estar nombrándolos uno a uno o una a una. Pero lo que nos parece más importante, a 40 años de la recuperación de la democracia, en un momento de avance de la derecha y la extrema derecha y de crisis en los sistemas democráticos, que dejemos de lado la hipocresía de la excepcionalidad uruguaya y reconozcamos que dentro de la sociedad uruguaya hay sectores de tendencias fascistas que no tienen duda de apelar a cualquier instrumento para barrer de la escena nacional a cualquier opositor o a cualquiera que en el marco del ejercicio derecho se oponga a sus planteos.

Olivera añadió que esto también constituye un riesgo para la democracia. “Por lo tanto tendremos que sacar experiencia y sobre todo profundizar el debate con la sociedad a su conjunto, porque lamentablemente buena parte del sistema político hoy tampoco está a la altura de la circunstancia”.

“Hoy es un día de sensaciones encontradas porque hay cosas que lastiman, porque decirle a un hijo que uno no era un delincuente, no es una cosa fácil. O decirle a un hermano, un amigo, que no estábamos en el marco de acciones delictivas, tampoco es sencillo. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”, sentenció el dirigente de FENAPES.

Mandacen: “No descartamos ninguna medida; ahora se abre una nueva etapa”

Por su lado, el secretario general de FENAPES, Emiliano Mandacen, fue consultado sobre posibles acciones de reparación tras el archivo fiscal, afirmó que la Federación “ha sorteado una etapa importante” y que el próximo 20 de diciembre su comité ejecutivo evaluará los pasos a seguir.

Señaló que en la conferencia de prensa no todos los integrantes del organismo estaban presentes porque “al contrario de lo que dicen algunos actores políticos, en este momento están dando clases o clases de apoyo”.

Explicó que FENAPES irá “etapa por etapa” y esta se cierra con una sentencia “firme e inamovible desde todo punto de vista para la Justicia uruguaya”. Ahora la Federación se tomará un tiempo para definir con calma los próximos pasos junto a los dirigentes y trabajadores que, dijo, “fueron injuriados públicamente”.

“No descartamos ninguna medida”, sostuvo, y remarcó que existen compañeros “muy afectados en sus vidas personales”, que debieron explicar a hijos o nietos por qué estaban en la “picota pública”. 

Concluyó señalando que la Federación “goza de buena salud” y que “no se barre con 62 años de historia y coherencia mediante una operación mediática de lawfare”. Ahora, afirmó, “esperemos que quienes se tienen que hacer cargo, se hagan cargo”.