Un nuevo impuesto que recaerá sobre los trabajadores brasileros

Según señala el Broadcast de la agencia de noticias de la Agencia Estado, el gobierno pretende restablecer las normas anteriores en la aplicación al impuesto para la Contribución Provisoria sobre los Movimientos Financieros (CPMF), conocido como impuesto al cheque. Como fue anunciado el pasado lunes 14 por los ministros Joaquim Levy y Nelson Barbosa, la idea es que el nuevo impuesto entre en vigencia por 4 años, representando un aumento de casi R$32 billones del presupuesto federal.

Las normas anteriores determinaban el cobro sobre los movimientos entre cuentas de diferentes titulares y en el uso de cheques, de tarjetas de crédito y débito. Estarían exceptuados los retiros por jubilaciones y seguro de desempleo, entre otras exenciones.

Bajo la lógica del funcionamiento de la economía capitalista, el aumento de los impuestos como el que propone el gobierno del PT acaba recayendo doblemente sobre las espaldas de los trabajadores. Pues además de pagar el impuesto cuando realicemos retiros o sean utilizadas las tarjetas de débito o crédito, seremos obligados a solventar la mayor parte que este aumento implicará para los empresarios, ya que serán repasados a los precios finales de las mercaderías y servicios.

Aprobación en el Congreso

Para que el nuevo impuesto (CPMF) entre en vigor, la propuesta debe ser aprobada por el 60% de los diputados y senadores que integran el Congreso nacional, en dos sesiones en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. Sin embargo, en medio de la gran crisis política que enfrenta el gobierno, esto se transforma en una tarea muy difícil y riesgosa para Dilma Rousseff.
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El pasado martes 15 la presidenta tuvo que escuchar el amplio rechazo al retorno del CPMF en la reunión organizada con los líderes de los partidos de la base “aliada” en el Congreso. También ese martes, Eduardo Cunha (PMDB), el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que considera “imposible” que la propuesta sea votada este año, dando señales de que dificultará al máximo los planes del gobierno. Incluso algunos diputados y senadores del PT están expresando públicamente su rechazo al regreso del impuesto.

Para intentar forzar la aprobación de la CPMF el gobierno indicó que tratará de hacer uso de dos tácticas diferentes. Una de ellas es elevar de 0,2% al 0,38% la alícuota del impuesto y destinar una parte de la recaudación a las arcas de los estados y municipios. De esta manera se espera que los intendentes y gobernadores ayuden presionando al Congreso. La otra es negociar con los parlamentarios alrededor de R$7 billones en enmiendas generalmente destinadas los colegios electorales de cada uno de ellos, además amenazar con bloquear recursos destinados al PAC y a la salud.

La oposición de derecha que anhela la caída de Dilma ve en la propuesta una oportunidad de desgastarla definitivamente. Además de hacer demagogia con el descontento de la mayoría de la población - todos sabemos que si fueran gobierno tanto el PSDB como el PMDB harían exactamente lo mismo o peor - para aumentar la impopularidad de Dilma, saben que la no aprobación podría afectar los mercados y ofrecer la imagen de un gobierno completamente desorientado para lidiar con la crisis.

El verdadero problema del presupuesto

Lo que ni los militantes "críticos" del PT ni la oposición de derecha ni los principales diarios nacionales dicen es que, además de la corrupción y los privilegios de la casta política, el verdadero problema en el presupuesto federal es el enorme porcentaje comprometido con los banqueros que no trabajan y nada producen: 45% del presupuesto, casi R$ 978 billones son destinados al pago de intereses y amortización de la deuda pública. No por casualidad, la Federación Brasilera de Bancos, FEBRABAN, se apresuró en apoyar la nueva CPMF y nuevos recortes. Saben que su negocio está garantizado

Con medidas como el no pago de la deuda pública e impuestos sobre las grandes fortunas no sólo se evitarían los recortes y nuevos impuestos, sino que sería posible garantizar servicios públicos de calidad y poner fin al déficit habitacional, entre otras necesidades elementales de la inmensa mayoría. Para los trabajadores el problema del presupuesto está lejos de ser el déficit de R$30 billones que el gobierno busca saldar. Es necesario cuestionar el presupuesto en su conjunto y los intereses a los que sirve.