CSEU denunció que la “transformación educativa” impide el acceso democrático al conocimiento y la cultura en perjuicio de los sectores más humildes

Ante el inicio de un nuevo año lectivo, la CSEU alertó sobre las condiciones en las que se da el presente inicio de cursos, "cuya responsabilidad corresponde a las autoridades salientes".

Según señalaron en conferencia de prensa, esto tiene como objetivo poner en alerta a las futuras autoridades, pero también dar a conocer a la ciudadanía el estado de situación que atraviesa la educación pública.

"Lo que reflejan los datos es que la anterior administración no sólo no resolvió los problemas existentes en la educación, sino que los profundizó. Somos conscientes que estos problemas son de diversa entidad, que requieren diferentes medidas y llevan distintos tiempos de resolución", señalan.

A continuación, algunos de los principales problemas identificados.

La educación que nos dejaron

1 - Transformación educativa.

Pedagógicamente, la “transformación educativa” impide el acceso democrático al conocimiento y la cultura en perjuicio de los sectores más humildes, para quienes impone con mayor contundencia ideológica la enseñanza de competencias o habilidades en desmedro de los contenidos. Al mismo tiempo, promueve una actitud colectiva de ausentismo estudiantil, registrándose en el último quinquenio cifras alarmantes. Esta transformación ha implicado el abandono de toda intención de formar estudiantes críticos, que puedan intervenir y transformar la realidad compleja, desigual y cambiante.

La implementación de la “transformación educativa” generó múltiples problemas que nos deben hacer repensar la efectividad de este tipo de políticas y construir medidas que vayan en sentido contrario.

Es importante señalar algunos:

- Problemas de implementación.

Esta transformación se llevó adelante a pesar de no contar con el apoyo de la comunidad educativa, docentes, ATD, organizaciones estudiantiles y sindicales. La reforma tuvo varios episodios vergonzosos donde se implementaron medidas por parte de las autoridades y luego se rectificaron, e inclusive problemas serios para definir el funcionamiento y aplicación de la misma en la enseñanza pública y privada, generando un escenario de inestabilidad para docentes y estudiantes.

- Intensificación y precarización del trabajo docente.

Se ha intensificado producto de esta transformación la presión ejercida sobre los docentes para asumir responsabilidades administrativas y en el aula en desmedro de la función técnico pedagógica.

Esto no ha sido acompañado de apoyo y recursos adicionales o de oportunidades de formación y desarrollo profesional, poniendo de relieve la falta de políticas públicas para el desempeño de la labor docente. Esta situación se agrava para quienes enseñan en los contextos más vulnerables, donde las condiciones de trabajo tienden a empeorar.

Las grandes cargas de trabajo, también a través de horas extras no remuneradas, tienen un impacto negativo en la conciliación entre la vida profesional y la vida privada de las y los docentes, contribuyendo al estrés, al agotamiento y a la insatisfacción laboral.

- Inscripción Digital

La implementación de la Inscripción digital centralizada ha generado una situación caótica que impacta negativamente en todo el sistema educativo.

Un ejemplo de esto es la aparición de estudiantes inscritos en enseñanza media en tiempo y forma, sobre los que se desconoce al día de hoy cuál será la institución educativa a la que deberán asistir. Al mismo tiempo en Primaria se han generado grupos superpoblados para determinadas modalidades (Tiempo Completo y Tiempo Extendido) y por otro lado un vaciamiento de las Escuelas Urbanas.

Este proceso de inscripción refleja una contradicción entre el discurso público de las autoridades salientes, quienes en todo momento hablan de la “autonomía de los Centros Educativos”, mientras los Directores tanto de Primaria como de enseñanza Media han perdido el control de sus comunidades educativas producto de esta centralización.

- Problemas en los resultados obtenidos.

La transformación educativa no logró resolver ninguno de los problemas que atraviesa la educación en nuestro país. Tampoco lo hizo con respecto a los problemas vinculados a la deserción y promoción educativa.

En primaria, los datos de ausentismo que muestra el INEED reflejan un aumento del 46% al 59% entre el 2019 y el 2023.

En enseñanza media, el informe del Monitor Educativo con datos que corresponden al 2023, registra un descenso de la promoción en la educación media superior, donde el 40% de los estudiantes que ingresan al liceo no logra culminar sus estudios.

2 - Presupuesto.

El presupuesto asignado por el gobierno a la educación fue en consonancia con la política de ajuste y recortes que se implementó a nivel general durante todo el período pasado, donde aumentó la desigualdad social a pesar del contexto de crecimiento económico.

De acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, en 2023 unas 348.000 personas perciben ingresos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Los datos muestran que Uruguay tiene aproximadamente 50.000 pobres más respecto a 2019, de los cuales cerca de 17.000 son menores de edad.

En relación al PIB, el presupuesto educativo es hoy menor al que recibió esta administración. La caída en relación al PIB entre 2020 y 2022 implicó un recorte millonario que recién comenzó a recuperarse en 2023, explicado entre otros elementos por la parcial recuperación salarial en función del convenio colectivo del sector.

En este contexto de recorte presupuestal, la ANEP desarrolló un doble ajuste: además de recibir menos recursos, ejecutó por un valor menor al que disponía, acumulando durante esta administración una subejecución de 258 millones de dólares (a valores de 2023).

Esto puede identificarse claramente en el estado edilicio de los centros de estudio, en la especulación con la matrícula para generar grupos, cursos y carreras generando situaciones de superpoblación, en la ausencia de cargos docentes y de personal de apoyo, en la ampliación de equipos multidisciplinarios. Así como también la falta de cobertura constante y en condiciones de lo referido a la alimentación estudiantil en Enseñanza Media, además de apoyos pedagógicos y becas.

En el caso de la Udelar, el recorte presupuestal implicó el retroceso de los salarios durante todo el período, así como la consolidación de la precariedad laboral de docentes y funcionarios no docentes. El enorme crecimiento de la población estudiantil no fue atendido presupuestalmente, lo que implicó un empeoramiento de las condiciones de trabajo y estudio.

3 - Uso político/electoral de la presidencia del CODICEN.

Lamentablemente, tanto Robert Silva como Virginia Cáceres, utilizaron la educación como plataforma política para desarrollar sus candidaturas a la presidencia de la república y a la intendencia de Montevideo respectivamente. Su compromiso con la educación quedó de lado cuando ambos abandonaron sus responsabilidades en el CODICEN para lanzarse a hacer campaña electoral.

La educación no puede ser una plataforma política que se utilice con fines partidarios, sino que debe implicar el mayor compromiso por parte de las autoridades, aún más en el escenario complejo que atraviesa en la actualidad.

Con esta administración se ha inaugurado un lamentable proceso de deterioro institucional, colocando a la ANEP al servicio de facciones político partidarias.

4 - Persecución antisindical.

Lamentablemente este componente ha sido característico del gobierno saliente. Lejos de resolver los profundos problemas que existen en la educación nacional, las distintas autoridades se dedicaron a perseguir maestras, docentes y estudiantes, exponiéndolos públicamente, perjudicando su desarrollo profesional y trayectoria estudiantil.

Un ejemplo de esto fueron las sanciones a las maestras de la escuela N°35 de Montevideo, a los docentes del liceo N°1 de San José, al ex director del liceo IAVA, el duro enfrentamiento con las y los estudiantes de esta institución organizados en el gremio y la persecución en institutos pertenecientes al CFE.

El gobierno de la educación contribuyó de manera irresponsable y peligrosa a un discurso antidocente y antisindical que afecta la calidad democrática de nuestro país.

En este estado de situación, urge actuar y alcanzar acuerdos que posibiliten concretar cambios estructurales tanto en la enseñanza pública como privada.

La CSEU reclama y establece su compromiso de participar en ámbitos de diálogo social y negociación colectiva en los cuales impulsará los lineamientos establecidos en sus Bases programáticas, presentada a todos los partidos políticos el pasado 18 de setiembre de 2024, en el marco de la campaña electoral.