Trabajadores del Poder Judicial se suman al paro general de COFE
Los trabajadores del Poder Judicial decidieron sumarse al paro general nacional de 24 horas del jueves 18 de abril, convocado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), en rechazo al nuevo régimen de certificaciones médicas propuesto por el Poder Ejecutivo. “A los trabajadores, en su peor momento, no se les puede descontar el 25% del sueldo”, expresaron.
COFE llevará a cabo un paro general nacional de 24 horas el próximo jueves 18 de abril, con una concentración a las 10 horas frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas en protesta contra el nuevo régimen de certificaciones médicas.
Al paro se sumarán otros sindicatos del sector público, como la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) o la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE).
En el mismo sentido, el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Pablo Elizalde, anunció al Portal del PIT-CNT que su sindicato también ha decidido adherirse al paro de actividades. Esta decisión se fundamenta en la convicción de que a los trabajadores, en su peor momento, no se les puede descontar el 25% del sueldo.
Elizalde cuestionó que no se hayan realizado los estudios correspondientes sobre cuál es la problemática de las licencias médicas. “Se desconoce por parte del Poder Judicial cuál es la problemática por la cual los trabajadores se enferman. Asimismo, nos oponemos a que sea el Poder Ejecutivo el que determine cuáles son los mecanismos de licencia por enfermedad, ya que estos fueron previamente acordados en el estatuto del funcionario judicial. Consideramos que hay una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial y se está delimitando su forma de funcionar”.
Dijo que existe otra problemática, referida a que hay colectivos que están incluidos y otros no lo están. En el Poder Judicial se aplicará el nuevo régimen de licencias médicas a los funcionarios comunes, pero no a los magistrados. En las fiscalías, se aplicará a los administrativos y al personal de servicios, pero no a los fiscales.
Antecedente doloroso
“Para nosotros, se trata de una situación muy sensible, ya que, debido a la falta de atención a la salud psicosocial, un compañero tomó la triste decisión de suicidarse, además del acoso y la persecución que estaba experimentando en su lugar de trabajo. Consideramos que parte de la salud de los trabajadores implica contar con ambientes laborales armoniosos”, remarcó el dirigente sindical.
En efecto, el 21 de noviembre de 2023, un funcionario del Poder Judicial se suicidó porque se sentía “permanentemente acosado” en su trabajo. Posteriormente, se descubrió que el trabajador se negó a denunciar la situación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por temor a represalias, ya que temía que sus jefes lo despidieran y, al tener 50 años, le sería muy difícil encontrar otro empleo.
Por otro lado, Elizalde cuestionó la medida del Poder Ejecutivo de definir un nuevo régimen de certificaciones médicas, afirmando que esto equivale a pasar “tabla rasa” sobre problemáticas que, sin tener ningún respaldo científico, se plantean para todas aquellas personas que, según ellos, están “haciéndose los vivos”, ya que se certifican por estrés laboral o depresión.
“El sindicato de trabajadores judiciales ha analizado situaciones y detectado mecanismos de preservación de los propios compañeros, lo cual determina que en los lugares más complicados y cuando la situación es muy compleja en un lugar de trabajo, surgen los pedidos de licencia muy cortos. De este modo se preservan como seres humanos. También hemos realizado un estudio profundo sobre los motivos y la cantidad de días que se certifican, y podemos asegurar que la principal causa de certificación médica de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial son los episodios derivados de la depresión. En segundo lugar aparecen ciertos problemas osteomusculares que tienen relación directa con las condiciones y la tensión que representa el trabajo”, detalló el dirigente gremial.
Aseguró que más del 80% de las certificaciones médicas en el Poder Judicial “tienen un gran componente medioambiental”, es decir, se relacionan con situaciones y problemáticas del trabajo, lo cual no está siendo atendido.
“Reclamamos que no se pase por alto la diversidad de situaciones, que se aborde cada caso específico, y que se puedan establecer, incluso dentro del Poder Judicial, oficinas de salud laboral dedicadas a atender estas problemáticas específicas. Pretendemos que no se descarte, por ciertos intereses políticos, la aplicación de una ley cuyo objetivo es financiar el déficit fiscal a expensas de los salarios de los trabajadores cuando están atravesando momentos difíciles”, sentenció Elizalde.
