Realizan conversatorio sobre Seguridad Social: Estructura y plebiscito, una mirada desde la Economía

Este miércoles 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas ubicada en Gonzalo Ramírez 1926, se llevará a cabo el conversatorio titulado “Seguridad Social en Uruguay: Estructura y plebiscito, una mirada desde la Economía”. Los expositores serán el ingeniero Benjamín Nahum, el magíster en Economía Antonio Elías, el contador y economista Carlos Viera, y el contador público y economista Jorge Notaro.

El evento está organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y el PIT-CNT.

Cada uno de los participantes tendrá un tiempo asignado de 15 minutos para realizar su exposición. Posteriormente, se abrirá un espacio dedicado a preguntas y respuestas. Finalmente, se llevará a cabo un cierre en el cual cada participante dispondrá de cinco minutos para sus comentarios finales. Este formato permitirá una interacción dinámica entre los expositores y la audiencia.

Comenzará haciendo uso de la palabra el ingeniero Benjamín Nahum.

Luego será el turno de Antonio Elías, magíster en Economía, fue docente e investigador de los Institutos de Estadística y Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR, dirigente de ADUR y miembro de la Mesa Representativa del PIT-CNT.  

Continuará Carlos Viera, contador público y economista, fue docente grado 5 de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la (UDELAR), director de la OPP (2004-2008); e integrante de la Comisión de Programa del FA (1990-2004). El cierre estará a cargo de Jorge Notaro, contador público y economista, fue docente y director del Instituto de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR.

En entrevista con el Portal del PIT-CNT, Antonio Elías reveló que la iniciativa surgió en colaboración con Notaro y Viera en el desarrollo de un material de estudio que refuta los lineamientos centrales contrarios al plebiscito promovido por la central sindical en relación con la seguridad social. En el artículo, los catedráticos cuestionan las “falacias relacionadas con las consecuencias” que se pronostican en caso de aprobarse la convocatoria popular.

Ese artículo fue altamente apreciado por las organizaciones sindicales que llevan adelante la recolección de firmas. Estas organizaciones propusieron a los tres profesionales la posibilidad de organizar una mesa, a la cual también extendieron una invitación a Benjamín Nahum, reconocido por sus publicaciones que respaldan la defensa del plebiscito. “Es un tema sumamente necesario, ya que existe una proliferación de cifras desproporcionadas que sugieren, de una manera u otra, que el país podría llegar a quebrar”, dijo Elías.

En este sentido, añadió que se pronostican cifras sobre el posible costo de la reforma, sugiriendo que el déficit fiscal se dispararía, aunque para dentro de 50 años. “Todos estos pronósticos no contribuyen a un análisis serio y responsable. Por eso, nos hemos esforzado en trabajar de manera rigurosa y presentar nuestros fundamentos”.

La actividad es de gran valor para fomentar una discusión seria y evitar la presentación de números sin fundamentos. “La idea es mantenernos en campaña, es decir, cuando alguien haga afirmaciones sin sentido, poco fundamentadas o refutables, estaremos dispuestos a responder. Estamos comprometidos a rebatir cualquier declaración que se realice en temas económicos”, afirmó Elías.

Informe

En el informe denominado “Los anuncios de apocalipsis en la Seguridad Social. Profecías sin fundamento”, Elías, Notaro y Viera, indican que “Gonzalo Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), coordinador del Observatorio de Seguridad Social del mismo centro y doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una acumulación de expertise en el tema de la seguridad social impresionante. Sin embargo, su vocabulario es muy limitado: en un reportaje reciente a propósito de los posibles efectos económicos del plebiscito no menciona, por ejemplo, la palabra derechos (Brecha, 6-X-23).

A raíz de ello, Elías, Notaro y Viera aclaran que “el PIT-CNT no plantea una reforma jubilatoria, sino que pone límites a la necesaria reforma de la seguridad social que deberá hacer el gobierno electo en 2024. El plebiscito es el primer paso para el diálogo social que impulsa el Frente Amplio”.

Los tres catedráticos indican que “el avance de las ciencias de la salud, desde la alimentación y el ejercicio hasta las vacunas o los trasplantes, aumenta la esperanza de vida, que para Uruguay se estimó en 82 años para las mujeres y 76 para los hombres hacia 2030, aumentando a 86 y 81 años, respectivamente, hacia 2090”, según datos del BPS.

El avance de las técnicas, desde la información y las comunicaciones hasta la inteligencia artificial, “permite que con menos trabajo se produzca una mayor cantidad de bienes y servicios”.

“Pero los argumentos de Zunino favorecen una posición que condena a los trabajadores a más años de trabajo, menos años de retiro y pasividades más bajas. Le preocupa que el aumento del gasto en pasividades tenga consecuencias trágicas, limite los recursos disponibles para educación y salud, impida un mayor gasto para beneficiar a niños y adolescentes, aumente el déficit fiscal, aumente la deuda pública, se pierda el grado inversor y aumente el costo de la deuda pública por el incremento del gasto en pago de los intereses de la deuda”, indican

Elías, Notaro y Viera expresan en su informe que “Zunino aclara que, desde el CINVE, están ‘trabajando en un modelo para aproximarnos al escenario que surgiría de la aprobación de la reforma constitucional propuesta’, lo cual quiere decir que las afirmaciones que realiza en el artículo citado no son rigurosas ni se apoyan en los resultados de un modelo de proyecciones, que aún no existe como tal. Sin embargo, afirma que: ‘De aprobarse el plebiscito, lo que nos están dando las cuentas es una trayectoria creciente de entre 7 y 8 puntos del PBI en un horizonte de 50 años’”.

Por ello, aseguran que “para tener una noción de lo que significa estimar lo que va a suceder con la economía uruguaya dentro de 50 años se debe pensar que, si este ejercicio se hubiera hecho en 1973, seguramente no habría previsto los efectos económicos de la caída de la Unión Soviética, de las sucesivas guerras en todos los continentes, de los cambios tecnológicos, de las pandemias o del calentamiento global”.

“En un mundo de incertidumbre global, que modifica sustancialmente la evolución de la economía mundial y la de nuestro país, ‘estimar’ el aumento de los costos de la seguridad social en términos del PBI para los próximos 50 años es algo que no se puede considerar riguroso y, menos aún, científico”, aseguran los expertos en economía.

Indican que plantear que, ante los supuestos riesgos económicos del futuro creado con el “modelo” de Zunino, los trabajadores del presente deban sacrificar ingresos y años de vida “es una demostración clara, al menos, de una alineación con la teoría del ajuste permanente que está fracasando en todo el mundo. En cambio, las medidas que propone el plebiscito implican claramente una distribución de costos y beneficios favorables a los trabajadores”.

Un financiamiento más equitativo

Consideran, asimismo, que el envejecimiento de la población del país y la sustitución de trabajo por capital en múltiples actividades provocará que en el futuro el número de trabajadores con relación al número de pasivos sea cada vez menor. “Sin embargo, las leyes de la economía no son leyes naturales que se imponen a las decisiones de las sociedades como la ley de gravedad. Por eso, es posible cambiar el curso de los procesos en general y, en este caso, de una forma muy sencilla que no se tuvo en cuenta, aumentar los ingresos públicos dirigidos a financiar el aumento de las pasividades”.

“¿Es inevitable que los cambios se vuelvan contra los trabajadores? No, es posible mantener los derechos y mejorar las pasividades, modificando progresivamente la financiación del gasto de la seguridad social, que tendrá que tender a aumentar los aportes patronales gradualmente y reducir las exoneraciones, a la vez que se eliminan subsidios al gran capital y aumentan los gravámenes a los ingresos del capital y a la riqueza acumulada”, aseguran.

En ese marco, indican que “los aportes personales y patronales constituyen la fuente principal de financiamiento de los programas de seguridad social. Los trabajadores han mantenido su tasa de aporte, en cambio, las tasas patronales se han modificado a la baja: en Industria y Comercio pagan 7,5%, y los patrones rurales pagan por el índice de productividad por hectárea Coneat, aportando menos del 2%. En la Civil hay tres tipos de aportes: la administración central (19,5 %), los gobiernos departamentales (16,5 %) y las empresas públicas (7,5%)”.

Como además se han creado múltiples normas estableciendo exoneraciones de aportes patronales, “la tasa promedio de los aportes obreros y patronales en 2022 fue de 23,53%, correspondiendo la tasa más alta a la afiliación civil (31,61%), seguida de servicio doméstico (22,50%), construcción (22,05%), industria y comercio (20,85%) y rural (16,76%). La tasa de aporte de los trabajadores, en todos los casos, es de 15%, mientras que la de los patrones en Industria y Comercio es de 5,85% y en la rural de 1,76%”, según datos del BPS.

Si los aportes patronales fueran del 15%, con reducción para las pequeñas y medianas empresas, igual a los que pagan los trabajadores, aumentaría la recaudación y el Banco de Previsión Social (BPS) no precisaría asistencia financiera, indican en el estudio.

El verdadero problema son las AFAP

Recuerdan que “el contundente éxito de la reforma constitucional de 1989 terminó con el despojo a los jubilados por la vía de ajustes anuales muy por debajo de la inflación, como válvula de escape de la honda crisis económica”.

“El gasto público aumentó, los recursos alcanzaron y las pasividades se pagaron. Luego vinieron el engendro ideológico y el disparate técnico que fueron las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Se argumentaba que, si por el tramo de capitalización cada cual aportara para sí mismo y cobrara después una pasividad equivalente a su aporte, se mejoraría su jubilación y el BPS se libraría de gastar la mitad de esas futuras pasividades. Pero las pasividades servidas o a servirse por el tramo de capitalización fueron, son y serán ridículamente bajas. El déficit del gobierno central aumentó porque así lo determinaban las transferencias crecientes a las AFAP; mientras, se tenían que seguir pagando las pasividades existentes, a lo que se sumaban los intereses que el Estado pagaba al rescatar como préstamo su propio dinero”, afirman.

Cuando asumió la actual coalición de derecha, en 2020, “lejos de revisarse críticamente lo actuado, se insistió con la misma idea, buscando una consistencia fiscal que, al parecer, la reforma de 1996 no había logrado”.

“Pero la situación financiera del BPS no amerita prender luces de alarma, a menos que se niegue la pertinencia del aporte estatal. En efecto, tomando los datos correspondientes a los años anteriores a 2020, no distorsionados por la pandemia, el gasto total del BPS se sitúa en 12% del PBI, dentro del cual están computadas las transferencias a las AFAP, que suman 1,7%. Los aportes de trabajadores y empleadores alcanzan al 7,5% del PBI, con lo cual la aportación estatal por todo concepto (impuestos afectados y déficit) es del 4,5% del producto, pero si no existieran las AFAP, tal aporte se reduciría a 2,8”, manifiestan.

Asimismo, Elías, Notaro y Viera consideran en su informe el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) “como un aporte interno al sistema, que en vez de hacerlo los activos lo hacen los jubilados, y entonces lo que debe recaudar el Estado por impuestos generales es tan solo del 2,2% del PBI, nada dramático, y sin considerar el ajuste a la baja por las exoneraciones de aportes que no son de cargo del BPS”.

En términos del gasto total del BPS, “los aportes son del 62,5% con las AFAP y serían del 73% sin las AFAP, lo que luce razonable en la lógica del financiamiento tripartito. En la actualidad hay un drenaje de los recursos genuinos del BPS hacia las AFAP que exagera el monto de aporte estatal”.

“A la carga ideológica de la capitalización individual con lucro privado se le suma el congelamiento del ‘espacio fiscal’, ya que a los ‘malla oro’ no se los toca. Sin las AFAP, el BPS rescataría 1.280 millones de dólares (1,7% del PBI) anuales al cesar la transferencia y, en forma paulatina, desde el fideicomiso propuesto por plebiscito, podría disponer del retorno gradual de recursos financieros a razón de 1,5% del PBI durante 15 años”, aseguran.

Los economistas afirman que “es compartible la preocupación de que debería priorizarse la asignación de recursos para revertir los índices muy elevados de pobreza infantil (efectivamente, diez veces mayor que para la edad adulta), pero planteado de esa forma, en los términos del CINVE, la redistribución del ingreso sería entre sectores del trabajo, dejando al capital fuera de la ecuación. Ninguna mirada desde lo técnico puede soslayar que se trata de una disputa entre el capital y el trabajo”.