Instituto Cuesta Duarte: Primeros comentarios acerca de la presentación del Presidente ante la Asamblea General

Al igual que en años anteriores, el jueves 2 de marzo pasado, el Presidente Lacalle Pou realizó su rendición de cuentas anual ante la Asamblea General, con motivo del cumplimiento de un año más de gestión.

En el siguiente análisis se da cuenta del impacto que se estima tendrá este llamado “alivio tributario”, sobre quiénes recaerá, y el efecto que estos cambios tienen en el sistema tributario en su conjunto.

También se mencionan al comienzo, algunas ausencias llamativas en el discurso presidencial, en lo que consideramos son, algunas de las principales asignaturas pendientes de la actual administración. La pérdida salarial, el empeoramiento en términos distributivos y el empobrecimiento de los hogares, con particular énfasis en el incremento de la pobreza infantil; son algunos de los “debes” más claros de este gobierno. Sobre estos aspectos, claramente deficitarios, las menciones fueron escasas y en particular, no hubo referencia a cuáles son las propuestas en adelante para revertir estas carencias.

Aunque en su alocución el Presidente hizo referencia a lo que considera fueron los principales avances y logros de la actual administración durante el último año, fueron los anuncios de cambios tributarios lo que generó mayor expectativa por parte de la población. Dichos cambios habían sido mencionados por la Ministra de Economía hace unas semanas durante la presentación de las perspectivas macroeconómicas del país, aunque no se conocía en detalle en qué consistirían o a quienes abarcarían dichas modificaciones.

En los párrafos que siguen se da cuenta del impacto que se estima tendrá este llamado “alivio tributario”, sobre quiénes recaerá, y el efecto que estos cambios tienen en el sistema tributario en su conjunto.

También se mencionan al comienzo, algunas ausencias llamativas en el discurso presidencial, en lo que consideramos son, algunas de las principales asignaturas pendientes de la actual administración. La pérdida salarial, el empeoramiento en términos distributivos y el empobrecimiento de los hogares, con particular énfasis en el incremento de la pobreza infantil; son algunos de los “debes” más claros de este gobierno. Sobre estos aspectos, claramente deficitarios, las menciones fueron escasas y en particular, no hubo referencia a cuáles son las propuestas en adelante para revertir estas carencias.

Algunas de las asignaturas pendientes, desde la óptica de los trabajadores, a 3 años de administración de gobierno:

A continuación se mencionan algunas de las asignaturas pendientes luego de 3 años de administración del actual equipo de gobierno. Lo que sigue no constituye un balance de los 3 años transcurridos de gobierno ni es un punteo exhaustivo de todas las áreas deficitarias. Da cuenta solamente, de algunos aspectos y áreas de gran sensibilidad para los trabajadores, y que fueron explícitamente dejadas de lado.

Deterioro del poder de compra de los ingresos de los trabajadores.-

El salario real se deterioró en los tres años de administración y en el promedio de 2022 se ubicó 3,7% por debajo de su nivel de 2019.
La enorme mayoría de los trabajadores del sector privado y del sector público tuvieron un deterioro del poder de compra de sus ingresos a lo largo de los últimos tres años y en el primer semestre de 2022, 541.000 ocupados (de los cuales 320.000 son asalariados) tuvieron ingresos mensuales inferiores a los $25.000 líquidos por 40 horas semanales de trabajo.

Empeoramiento de la distribución del ingreso.-

En 2022 la economía generó una mayor riqueza que previo a la pandemia mientras que la masa salarial total (los ingresos de los que se apropian el conjunto de trabajadores) no solamente no creció en igual proporción, sino que se ubica por debajo del nivel de 2019. Esto implica que al cabo de estos tres años los asalariados perdieron participación en el ingreso nacional mientras que se incrementó la participación de los sectores del gran capital. La transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital fue del orden de los 1.000 millones de dólares solamente en el año 2022.

También se dio un empeoramiento en la distribución personal del ingreso donde los indicadores reflejan una mayor concentración de los ingresos respecto a los niveles de 2019.

Lo anterior es reflejo de que cuando la economía cayó en 2020, se socializaron las pérdidas: además del PBI, cayó el salario real, el empleo y el ingreso de los hogares, a pesar de que algunos sectores mantuvieron sus niveles de ganancia. Pero cuando la economía volvió a crecer no se repartieron en igual medida las ganancias.

Aumento de la pobreza con énfasis en la pobreza infantil.-

Una asignatura claramente pendiente, y que estuvo ausente en el balance realizado, refiere a la evolución de la pobreza en nuestro país.

La pobreza aumentó significativamente en 2020, pasando a ubicarse en 11,6%, y en los años posteriores, a pesar del crecimiento de la economía y la recuperación del empleo, dicho incremento no se pudo revertir.

El último registro disponible, correspondiente al primer semestre de 2022, da cuenta de aproximadamente unos 380.000 uruguayos por debajo de la línea de pobreza, casi el 11% de la población.

Más alarmante aún es el incremento de la pobreza infantil: de acuerdo a los últimos datos, el 22,5% de los niños y niñas menores de 6 años son pobres. Entre los 6 y los 12 años, la pobreza alcanza al 18,5% de los menores y para el tramo entre 13 y 17 años se ubica en 17,1%.

Recortes presupuestales en áreas sensibles a la población.-

De acuerdo a datos oficiales, el resultado fiscal global de 2022 muestra una mejora del orden de los 400 millones de dólares respecto al año anterior. Dicha mejora responde en buena medida a recortes en áreas prioritarias como son la vivienda, la salud y la educación.

Indudablemente estos recortes afectan la calidad de los servicios brindados a toda la población, pero en mayor medida a los hogares de menores ingresos.

Sobre los anuncios tributarios realizados

Aunque las medidas anunciadas representan un alivio tributario para algunos sectores puntuales de la población, y desde este punto de vista son bienvenidas, son injustas ya que:

• i. Son acotadas y dejan fuera a amplios sectores de la población. En primer término, y como es evidente, las modificaciones en el IRPF dejan fuera a todos los trabajadores que hoy no pagan IRPF. Esto son, ocupados informales y formales con ingresos nominales de hasta 50.000 pesos mensuales (una vez descontadas las deducciones), los que representan al 70% de los trabajadores ocupados.
• ii. No están enfocadas en quienes más lo necesitan y que no están abarcados por otras políticas sociales, ni tampoco en quienes se vieron más negativamente afectados por la pandemia.
• iii. Conducen a un sistema tributario más regresivo e injusto, en la medida en que aumenta el peso de los impuestos indirectos como el IVA, con el que pagan más quienes menos ganan, a la vez que disminuye el peso de impuestos directos como el IRPF y el IASS. En efecto, las medidas anunciadas deterioran la estructura tributaria, tornándola más regresiva, es decir, haciendo que la carga impositiva recaiga en mayor medida en las personas que tienen menor capacidad contributiva. Esto justamente va a contrapelo de las características deseables que debe tener cualquier sistema tributario.

Adicionalmente, es relevante señalar que el alivio tributario que hoy se brinda a algunos sectores de la población, lo que hace en definitiva es revertir la suba de impuestos que enfrentó la población cuando se eliminó la devolución de 2 puntos de IVA a los pagos con tarjetas de débito en 2020 y cuando se cambió el criterio por el que se venían aumentando las franjas del IRPF.

Es preciso además, monitorear en adelante si el sacrificio fiscal anunciado va a implicar un relajamiento de las metas fiscales en adelante o si viene de la mano de nuevos recortes en áreas sensibles para la población.
Por último, en relación a las modificaciones en el IRPF, nos quedan dudas respecto al alcance que esto pueda tener en las trabajadoras domésticas con más de un empleo o en los sanitarios, en función de sus niveles de ingreso.

Un capítulo aparte merecen las modificaciones propuestas sobre el IASS, impuesto que por la población que abarca y las medidas propuestas al mismo, tiene efectos mucho más regresivos que los considerados previamente.
Las modificaciones anunciadas para el IASS son especialmente negativas por varios motivos. En primer lugar, al aumentar el monto mínimo no imponible para todos los pasivos, el alivio tributario termina alcanzando también a las pasividades muy altas, que como sabemos tienen incorporado un subsidio elevado. Si bien puede resultar discutible la carga del impuesto en pasividades medias o medio altas, resulta difícil de justificar una rebaja de casi 7.000 pesos anuales para las más de 2.000 pasividades que rondan los
300.000 pesos mensuales o más. Así, lejos de atender a los sectores más vulnerables, el alcance de este cambio tiene impactos intergeneracionales especialmente regresivos.
En segundo lugar, la baja del IASS -que constituye un recurso genuino del BPS para el financiamiento de la seguridad social-, se anuncia en medio de una discusión sobre una

eventual reforma jubilatoria que recorta derechos, prestaciones y beneficios para los actuales trabajadores. Esta renuncia de 30 millones de dólares sobre el IASS implicará agudizar el déficit de la seguridad social, el que hoy es el centro de los planteos para justificar los mencionados recortes. No parece sensato ni justo plantear que todos los trabajadores deban retirarse 5 años más tarde, en muchos casos con una menor jubilación, mientras se proponen alivios tributarios en sectores que cobran pasividades de
300.000 pesos al mes.