AEBU: «Ataque a la Caja Bancaria no escatima falsedades»
El sindicato bancario denunció que «las tergiversaciones del presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social invaden los medios de comunicación» en un intento de consolidarlas ante la opinión pública.
Informe AEBU
Mientras la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) prepara sus propuestas para entregar al Poder Ejecutivo, se ha incrementado el intento de influir indebidamente en la opinión pública a fin de justificar un proyecto preconcebido que destruya las cajas paraestatales y, en particular, la Caja Bancaria.
Diversos medios de comunicación posibilitan las reiteradas manifestaciones públicas del presidente de la CESS, sin contrastarlas con las opiniones de los involucrados; dan así repercusión a información inexacta y conclusiones desacertadas.
En la nota publicada por Búsqueda con el título «En relación con el número de jubilados, la "caja militar" recibió el doble de apoyo financiero que el BPS y la policial 1,7 veces», se sostiene que «varios organismos de seguridad social [entre los que engloba a Caja Bancaria] son deficitarios y requieren de asistencia financiera estatal, ya sea por la vía de transferencias directas de dinero desde Rentas Generales o recibiendo parte de lo recaudado por tributos». Asimismo se afirma: «La Prestación Complementaria Patronal en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) es un gravamen sobre los activos financieros». Y expresa que «el subsistema de los bancarios recibió casi $4.600 millones, es decir el 3,5% de la contribución fiscal o equivalente dada al sistema de seguridad social». Estos insumos se plasmaron luego en un cuadro, elaborado por el medio de comunicación, donde se ubica en forma errónea a la Caja Bancaria como el organismo que recibe más asistencia proporcional de Rentas Generales, después de la Caja Militar.
Lo sostenido por Búsqueda en estos párrafos establece erróneamente como contribución del Estado a la Caja Bancaria un monto de U$S 100.000.000 (cien millones de dólares), el que de ninguna manera proviene de las cuentas públicas, sino que es íntegramente vertido por las empresas financieras como parte de sus aportes patronales. Estos elementos fueron claramente puntualizados ante la CESS en las presentaciones de la Caja la Bancaria —en las de AEBU y hasta en las de la propia Asociación de Bancos Privados— que analizaron el costo para la industria financiera de este aporte.
El error cometido, propiciado por las repetidas afirmaciones del doctor Rodolfo Saldain —quien describe al PCP como un tributo o impuesto— está claramente establecido en el texto de la Ley Nº18.396 de reforma de Caja Bancaria. La citada ley define la Prestación Complementaria en su artículo 26, denominado «Aportes patronales». En él se establece que estos serán constituidos por un aporte patronal básico y «una prestación complementaria». Es decir que ambos son aportes patronales y su cargo es sobre las empresas afiliadas. Nunca y de ninguna manera proviene de fondos públicos o de Rentas Generales.
La PCP es un aporte patronal que pagan las empresas financieras, inhibidas de trasladarlo directamente a sus clientes. Este aporte recae sobre su rentabilidad y activos fijos como son la tecnología y sus instalaciones, y constituye uno más de los costos que integra la actividad de la empresa. No se distingue en nada del aporte patronal básico calculado como porcentaje de las remuneraciones de los trabajadores integrantes de la nómina, un costo que —como toda la seguridad social del país—integra los precios de productos y servicios.
Por ello rechazamos la conclusión de que en Caja Bancaria se «profundiza la inequidad de las jubilaciones a partir de un efecto de distribución regresiva de la contribución que hace la sociedad». La citada afirmación carece de veracidad en tanto el financiamiento de la Caja Bancaria depende en un 98% de la contribución de sus afiliados, y el monto aportado por el Estado es menos de la quinta parte de lo recaudado por Rentas Generales como producto del IASS que pagan los jubilados bancarios para financiar la seguridad social del resto de los uruguayos.
Debe saberse también que la PCP permitió, desde su incorporación, una rebaja en cinco puntos y medio del porcentaje de aportes sobre la nómina y, como prevé el art. 27 de la ley, habilitará nuevas rebajas cuando la Caja alcance cierto nivel de reservas. Precisamente la PCP es una fuente complementaria que resulta un estabilizador de los ingresos de la seguridad social frente a la evolución del empleo. Una solución contributiva parecida ya existe en el régimen de seguridad social uruguayo desde 1985. Se trata de la aportación del sector agropecuario a la Caja Rural, integrada al BPS. A esta caja se aporta por la capacidad productiva de los predios rurales, atendiendo a su extensión y al índice Coneat de los campos. Este concepto es idéntico al de la PCP en su vinculación con la economía de las empresas.
Estamos convencidos de que un debate serio del futuro de la seguridad social debería incluir entre sus diversos aspectos el análisis de esta modalidad de aportación, que reduciendo la contribución del trabajo permite mitigar el riesgo de la evolución del empleo. Todos los estudios, publicaciones y presentaciones realizados en la CESS aluden al problema del impacto de la tecnología sobre el empleo, como componente central de cara a la sustentabilidad de la seguridad social hacia el futuro. Pero hasta el momento, todas las respuestas desatienden este desafío y solo impulsan una rebaja constante de las prestaciones y la prolongación de la vida laboral de trabajador, a contramano de la tendencia contractiva de los mercados laborales del futuro.
El rechazo constante a la PCP de algunos miembros de la Comisión de Expertos representa más una definición ideológica que técnica, dado que esta es una herramienta cierta como alternativa a la presión de la tecnología y la demografía sobre el empleo. Trasladar el costo de la seguridad social del empleo a la productividad debería ser la clave sobre la cual debatir el tema de los ingresos del sistema.
Asimismo corresponde dejar en claro que las afirmaciones surgidas de miembros de la CESS que plantean la inviabilidad de la Caja Bancaria no tienen asidero técnico, como lo demuestran todas las proyecciones realizadas por el propio instituto. El equilibrio alcanzado a partir de 2008, aun sometido a las fuertes presiones provocadas por la pandemia y las restricciones del Poder Ejecutivo al ingreso de funcionarios a la banca pública, sigue teniendo proyecciones de largo plazo sostenibles. Ellas se basan en los aportes de todos los actores involucrados, que permiten servir prestaciones acordes al esfuerzo contributivo realizado por los trabajadores a lo largo de su historia laboral.
Fuente: aebu.org.uy