Conozca la ley que crea la renta básica para personas con discapacidad

Martes, 15 Diciembre 2020 16:32
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La Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, la Mesa Permanente de la Discapacidad y la Coordinadora de la Marcha de la Accesibilidad e Inclusión, presentaron un proyecto de ley que establece la creación de una renta básica incondicional y permanente a la prestación económica mensual de subsistencia a personas que se encuentran en situación de discapacidad, equivalente a un salario mínimo nacional, con el objetivo de brindarles una cobertura permanente de sus necesidades y requerimientos.

El proyecto que impulsan casi un centenar de organizaciones sociales, señala que la renta básica para las personas en situación de discapacidad será "incondicional", "complementaria", "no sustitutiva de ningún instrumento ya existente", "común a todas las personas con o en situación de discapacidad", "de carácter mensual" y "permanente". Según el proyecto, tendrán derecho de acceder a dicha renta básica todos los habitantes de la República que se encuentren en situación de discapacidad, entre los 18 a los 65 años de edad y los principios que rigen el derecho al acceso a la renta básica permanente son “la equidad, la justicia social, la igualdad de posibilidades y oportunidades, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la accesibilidad, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, la transversalidad tomando las interseccionalidades y los demás que resulten aplicables”.

La iniciativa plantea que se deberán considerar a aquellas personas "con más de 33% de menoscabo en sus funciones/ baremo". Además, "se establecen las condiciones en las cuales el Estado debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas en situación de discapacidad asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades".

En diálogo con el Portal del PIT-CNT, Magela Brun, coordinadora de la Mesa Permanente de Discapacidad desde la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT y responsable de la Comisión de Discapacidad de ADEOM, explicó que la iniciativa viene a llenar un vacío histórico importante en nuestra sociedad, con la particularidad que la actual situación de pandemia ha dejado en situación aún más vulnerable a medio millón de personas con discapacidad que hay en Uruguay, según cifras oficiales.

 

 

"El 80% de las personas con discapacidad comprendidas entre 18 y 65 años no pueden acceder al trabajo. Esto es grave y hay que considerarlo en el actual contexto de pandemia en el que claramente las personas con discapacidad fueron muy afectadas, por lo que incluso, es posible que esa cifra del 80% de personas con discapacidad que no han podido acceder al trabajo se haya visto incrementada", aseguró.


 

Brun explicó que la pensión necesariamente tiene que tener ciertas características que el proyecto de ley detalla, como por ejemplo, "incondicional", "complementaria", "no sustitutiva de ningún instrumento ya existente", "común a todas las personas  en situación de discapacidad con un mínimo de 33% de barermo", "de carácter mensual" y "permanente".

Al respecto, señaló que se necesita "algo permanente que no esté condicionado por una pensión o por la eventualidad que esté en actividad laboral, ya que la persona tiene que tener una autonomía económica que le permita subsistir y según estudios del Banco de Previsión Social, el tiempo que le lleva a una personas con discapacidad retomar una pensión en caso que se la hayan retirado o suspendido puede alcanzar los tres años. Por tanto, ¿cómo hace para vivir esa persona si se queda sin trabajo mientras espera dos o tres años hasta que le vuelvan a otorgar la pensión que pudo haber tenido antes o conseguir un trabajo?”, interpeló.

Brun recordó que "la sociedad discrimina a las personas con discapacidad pero en caso que sean afrodescendientes, mujeres o trans, por ejemplo, esta discriminación se multiplica”, lo que "agrava la situación de vulnerabilidad", acotó.

Según las organizaciones que redactaron el proyecto de ley, no se pueden interponer trabas economicistas para frenar la iniciativa que atenderá a las personas con discapacidad. "Es una inversión que tiene que hacer el Estado, y esto lo deben respaldar no solamente las bancas parlamentarias sino el gobierno como una política pública para atender a uno de los sectores de mayor vulnerabilidad de la sociedad". Asimismo, Brun apuntó que cuando las personas pueden acceder a un ingreso estable puede también acceder a capacitación”.

Gestiones y declaraciones

La referente de la Comisión de Discapacidad de ADEOM, explicó al Portal de la central sindical que ya se iniciaron los primeros contactos a nivel de las bancadas parlamentarias y se han tramitado solicitudes de encuentro con legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria. "La idea es poder reunirnos con todos los sectores políticos porque el tema discapacidad tiene que ser una política de Estado en la que todos los partidos y sectores se involucren", enfatizó.

La responsable de la Comisión Discapacidad de ADEOM mencionó que todos los sectores políticos en su campaña electoral reconocieron y mencionaron la urgencia de cumplir con políticas que atiendan las necesidades de este grupo históricamente vulnerado, comprometiéndose a dar soluciones. “Creemos que éste sería un buen momento para analizar esta ley y materializar con hechos este compromiso de campaña”, agregó.

Brun recordó que Uruguay es parte de la Convención Internacional de Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad "y ya tenemos una observación de la ONU porque el país no está cumpliendo con todas las normativas que debería", informó. 

Proyecto con respaldos

Para la elaboración del proyecto de ley de renta básica incondicional y permanente a la prestación económica mensual de subsistencia a personas que se encuentran en situación de discapacidad, las organizaciones sociales contaron el apoyo técnico y asesoramiento de la Universidad de la República, la CEPAL y se tomaron como material de estudio otras iniciativas similares de España y México que ya cuentan con proyectos similares.

Proyecto de ley: exposición de motivos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce en el artículo 22, que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El artículo 25.1 consagra el derecho de toda persona, así como de su familia, a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificada en Uruguay por la Ley 18.418 del 2008, en su artículo 4 establece que: los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

El Estado debe garantizar y efectivizar los derechos humanos para alcanzar el reconocimiento de la dignidad humana en toda su diversidad, cumpliendo con los principios de igualdad y no discriminación, abordando la situación de las personas y los colectivos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad hacia la universalización de derechos. Toda persona, independientemente de   su origen nacional, género, etnia-raza, edad, orientación sexual, ideología, religión, situación de discapacidad o cualquier otra característica distintiva, debe ser reconocida plenamente como titular de todos sus derechos.

El Censo Nacional (2011) incorpora la variable “Discapacidad” según recomendaciones de  la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2001, arrojando que de un total de 3.285.877 habitantes, 517.770 personas presentan algún tipo de discapacidad (15,8%). De estas personas, 365.461 presentan una discapacidad leve, 128.876 una discapacidad moderada y 23.433 una discapacidad severa. Entre las edades de 18 y 65 años, el total de personas en situación de discapacidad ascendía a 262.969, de los cuales 198.358 tienen discapacidad leve, 55.666 tienen discapacidad moderada y 8.945 tienen discapacidad severa. Entre este conjunto de personas, el 40% presentaba al menos una necesidad básica insatisfecha.

A la vez, los datos más recientes según la Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS) del Banco de Previsión Social (BPS) para el período 2015-2016 revelan que 210.472 personas entre 18 y 65 años se encuentran en situación de discapacidad, de las cuales 89.309 declaran necesitar ayuda vinculadas a dicha discapacidad. 

Si bien Uruguay cuenta con leyes que buscan promover el ingreso económico de las personas en situación de discapacidad (Ley 18.651 del año 2010 sobre protección integral para personas con discapacidad y Ley 19.691 del año 2018 sobre promoción del trabajo para personas con discapacidad en el ámbito privado), estas no logran asegurar un ingreso para la subsistencia ni garantizan el pleno ejercicio de otros derechos humanos y tampoco la igualdad de oportunidades. Dado que las coberturas existentes no asumen la integralidad de la situación de las personas en situación de discapacidad, es que se requiere otro apoyo.

Existe una profunda preocupación de la sociedad civil organizada, frente al deterioro general de las personas en situación de discapacidad que se agudizada con otras interseccionalidades, ya que no solo quedan fuera de oportunidades, sino que se encuentran imposibilitadas para acceder y vivir en condiciones de equidad e inclusión en su comunidad.

Es central visualizar cómo las personas en situación de discapacidad son además atravesadas por distintas interseccionalidades y cómo esto influye para acceder al mundo del trabajo; las mujeres en situaciones de discapacidad, o las personas trans en situación de discapacidad,  así como las personas afrodescendientes en situación de discapacidad, se encuentran en condiciones aún más vulneradas, por lo que la renta puede ser una base para el acceso al mundo del trabajo.

Los datos del mercado laboral evidencian la desventaja en las que se encuentran las personas en situación de discapacidad. Según la ELPS en el periodo 2015-2016, la tasa de empleo de las personas en situación de discapacidad entre 18 y 65 años se ubica en torno al 40-45%, lo que representa una diferencia de 30 puntos porcentuales en comparación con la tasa de empleo global de la misma cohorte de edad (74% según los datos relevados por la Encuesta Continua de Hogares para los años 2015 y 2016). Asimismo, la tasa de actividad es notoriamente inferior, ubicándose entre 45 y 50% según sea el grado de discapacidad, mientras que para el global de la población alcanza el 80%.  Esta situación  se agudizan con la pandemia y la falta de medidas para amortiguar el impacto socioeconómico de la crisis que estamos viviendo como país.

Catalina Devandas (el 17/3/2020) Relatora Especial sobre los derechos de personas en situación de discapacidad de la ONU, expresa que que: “(...) las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás” y que “las medidas de contención, como el distanciamiento social y el aislamiento personal, pueden ser imposibles para quienes requieren apoyo para comer, vestirse o ducharse (...) Este apoyo es básico para su supervivencia, y los Estados deben tomar medidas adicionales de protección social para garantizar la continuidad de los apoyos de una manera segura a lo largo de la crisis.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10/04/2020, emite la resolución No. 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. En el punto III “Grupos en situación de especial vulnerabilidad” se plantea “Recordando que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: [...] personas con discapacidad”

En Uruguay la Institución Nacional de Derechos Humanos (03/04/2020) hace “(...) un llamado a los Estados para que garanticen que se otorgue prioridad a las situaciones de pobreza y privación de las personas con discapacidad en sus planes de gestión de crisis. Los Estados deben garantizar que las dificultades económicas durante la crisis, se aborden también respecto a las personas con discapacidad, quienes pueden enfrentar la pérdida de empleos y barreras adicionales para satisfacer las necesidades básicas esenciales.”

En los procesos que estamos atravesando  de pandemia, y de reestructuración del sistema laboral y de seguridad social, es necesario un “nuevo enfoque multidimensional del Estado Social” incorporando progresivamente la idea de una renta básica permanente incondicional de sectores específicos a lo universal. De acuerdo a lo planteado, se hace necesario una renta básica como apoyo permanente y no condicionado para las personas en situación de discapacidad entre los 18 y 65 años, que otorgue garantías básicas de sobrevivencia y posibilite mayor autonomía.

El presente proyecto de ley procura ampliar el reconocimiento del derecho económico de autonomía básica, no condicionada y complementaria a otras prestaciones sociales existentes para personas en situación de discapacidad en el tramo de 18 a 65 años, incluyendo a aquellas personas con más de 33% de menoscabo en sus funciones/baremo. Además, se establecen las condiciones en las cuales el Estado debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas en situación de discapacidad asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Costo de la propuesta: Dado que se pretende llegar a un universo aproximado de 100.000 personas y que el monto de la renta básica propuesta equivaldría a un Salario Mínimo Nacional, se estima el costo de la política en aproximadamente 20.500 millones de pesos uruguayos, lo que equivaldría aproximadamente a un 1% del PIB.

Propuesta de proyecto de Ley

Artículo 1. El objeto de la presente ley es reconocer el derecho  y regular el  acceso a una  Renta Básica Incondicional y Permanente para todas las personas en situación de discapacidad de entre 18 y 65 años de edad, y con un valor de baremo superior al 33%. A los efectos de la presente ley se entiende por discapacidad la definición dada por el artículo 2 de la Ley No 18.651 del 19 de febrero de 2010.

Artículo 2. Se entiende por Renta Básica Incondicional y Permanente a la prestación económica mensual de subsistencia a las  personas que se encuentran en situación de discapacidad según se establece en el Artículo 1, equivalente a un salario mínimo nacional con el objetivo de brindarles una cobertura permanente de sus necesidades y requerimientos.

Artículo 3. La Renta Básica objeto de la presente ley tiene las siguientes características:

  1. Incondicional
  2. Complementaria (no sustitutiva de ningún instrumento ya existente)
  3. Común a todas las personas con discapacidad comprendidas en el Artículo 1.
  4. De carácter mensual
  5. Permanente

Artículo 4. Los principios que rigen el derecho al acceso a la Renta Básica Permanente son:

  1. a) La equidad
  2. b) La justicia social
  3. c) La igualdad de posibilidades y oportunidades
  4. d) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas
  5. e) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
  6. f) El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana.
  7. g) La accesibilidad
  8. h) La no discriminación
  9. i) La transversalidad, tomando las interseccionalidades
  10. j) Los demás que resulten aplicables
  11. k) Los demás que resulten aplicables

Artículo 5. Financiamiento. Tema a seguir definiendo.

Artículo 6: El órgano competente para tramitar la renta básica incondicional y permanente será el BPS, mediante solicitud de la persona  interesada. Por su carácter de complementariedad no procede la sustitución del beneficio de la renta con las situaciones reguladas por las leyes 17.266 y 17.847.

 

Modificado por última vez en Miércoles, 16 Diciembre 2020 12:37
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