PIT-CNT marcó su postura ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social

Martes, 24 Noviembre 2020 18:42
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Reiterando la imperiosa necesidad de un amplio diálogo social que involucre a las organizaciones más representativas, una delegación del PIT-CNT planteó ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social su visión global y estableció sus posturas centrales sobre una reforma de la seguridad social que debe contemplar la mirada técnica pero también la política, en el entendido que se pondrán en discusión diferentes concepciones normativas sobre “justicia y ética”.

Al término del encuentro con la CESS, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a los medios de comunicación que se trató de “un primer intercambio” en el que el movimiento sindical dejó en claro que es necesaria una reforma de la seguridad social y que la misma tiene que atender no solamente la “sostenibilidad financiera” sino además la “sostenibilidad social”. Al respecto, Pereira sostuvo que las reformas “tienen que dar tranquilidad y certezas” y no puede suceder que la población esté preocupada por los resultados de la comisión de expertos, pensando en sí se verá afectada su situación personal de cara al futuro. Otro de los ejes del planteo del movimiento sindical estuvo centrado en la necesidad de un amplio diálogo social, aunque según aclaró Pereira, el PIT-CNT seguirá participando de la CESS cada vez que lo convoquen por considerar que es un espacio valioso. Asimismo, el presidente de la central sindical indicó que se debe tener una seguridad social integral ya que “nadie comprendería que se analice la reforma del BPS sin considerar la reforma de la Caja Militar que es enormemente deficitaria”.

Pereira informó que la delegación sindical dejó en claro que el PIT-CNT está abierto al diálogo “porque no nos creemos los dueños de la única verdad”, aunque recordó el papel que le corresponde al movimiento sindical en defensa de los intereses de los trabajadores y luego de aquellos que dejaron de trabajar, es decir, los jubilados. Y ahí nos ubicamos, pensando junto a un equipo técnico fuerte pero al mismo tiempo tomando decisiones políticas”, remarcó.

Síntesis de la postura del PIT-CNT

Compartimos la idea de que nuestro sistema de seguridad social requiere una reforma. Lo hemos venido planteando desde hace años y seguimos convencidos que debemos anticiparnos a los múltiples desafíos que tenemos por delante.

En sintonía con lo planteado por la OIT, concebimos a la seguridad social como un derecho humano básico que consiste en la protección que una sociedad proporciona a las personas y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad/paternidad o pérdida del sostén de familia.

También en línea con las recomendaciones de la OIT, entendemos que la discusión sobre la reforma de la seguridad social debe procesarse a través de un amplio diálogo social que, entre otros actores, involucre a las organizaciones sociales más representativas. Si bien consideramos imprescindible la participación de técnicos y especialistas en el debate, queremos ser muy enfáticos al afirmar que esta Comisión de Expertos en Seguridad Social creada en la LUC no es el diálogo social al que aspiramos y que seguiremos reclamando. Reconociendo la necesidad de dar una discusión informada y con rigurosidad técnica, estamos convencidos que los debates que involucran a la seguridad social y las alternativas en torno a su reforma son esencialmente políticos, lo que exige el involucramiento de toda la sociedad ya que, entre otras cosas, refieren a diferentes concepciones normativas sobre justicia y ética.

En cuanto a la reforma, para dar tranquilidad a la población, un primer aspecto a señalar es que los cambios no deben afectar a la población ya jubilada y tampoco imponer modificaciones en lo inmediato que alteren reglas de juego, las expectativas y derechos en vías de adquisición de quienes están próximos a jubilarse. Es necesario que los cambios que se acuerden sean graduales.

Además, la discusión sobre la reforma debería ser integral en dos sentidos. En primer lugar, los sistemas de jubilaciones y pensiones están insertos en una matriz de protección social más amplia que cubre otros riesgos como enfermedad, desempleo, maternidad/paternidad, primera infancia y niñez, discapacidad, cuidados, etc. Creemos que estos temas deben estar integrados a la discusión. Existen áreas en las que el país tiene déficits importantes como la atención a la primera infancia y niñez (donde se concentra la pobreza), discapacidad, cuidados, y otras en las que el país debe seguir avanzando. Lejos de concebir esta reforma como un achique del Estado de Bienestar, consideramos imprescindible que cualquier adecuación en el gasto futuro del sistema de jubilaciones y pensiones se traduzca de forma directa y concreta en avances en otras áreas de la matriz de protección social en las que el país presenta insuficiencias y desafíos.

En segundo lugar, la reforma no debe circunscribirse al sistema de solidaridad intergeneracional que administra BPS sino que debe tener un abordaje integral que también involucre al régimen de ahorro individual de las AFAP y a todos los subsistemas de jubilaciones y pensiones. En particular, dada la población que cubre, el sistema que por lejos cuenta con mayor desequilibrio financiero y con situaciones de privilegio injustificables es el Servicio de Retiros Militares, que fue tibiamente reformado en 2019 y que, curiosamente, dicha reforma tendiente a moderar su “déficit” contó con el rechazo de sectores que hoy apuntan casi exclusivamente hacia la situación del BPS.

Actualmente, nuestro sistema de jubilaciones y pensiones presenta indicadores muy buenos en términos de cobertura de la población de adultos mayores y aceptables en términos de suficiencia de las prestaciones, al menos si se compara con otros colectivos. Estos resultados se consiguieron a partir de diversas reformas instrumentadas en los últimos años como por ejemplo la ley de flexibilización de acceso a las jubilaciones o el aumento de jubilaciones mínimas, que dieron respuesta a los importantes déficits heredados de la reforma estructural de los años 90. Dicha reforma fue realizada con un amplio diálogo social, en el cual participamos, y, sin perjuicio que obviamente no se contemplaron todas nuestras aspiraciones, fuimos firmes defensores de la orientación protectora que se le imprimieron a los cambios. Vemos con mucha preocupación que algunos actores ponen a estos cambios como el centro de los problemas, cuando fueron en la dirección de otorgar mayor y mejor protección a la población más vulnerable, que de lo contrario hoy estaría a la intemperie.

Compartimos la necesidad de recomponer el equilibrio financiero a mediano y largo plazo, pero discrepamos con que se pretenda hacerlo a costa de recortar los derechos de los sectores más vulnerables con escasa capacidad contributiva, como ocurrió en los años 90. Estamos convencidos que parte del pacto social a construir pasa por otorgar un piso de bienestar universal y suficiente para los sectores de escasa capacidad contributiva, que inevitablemente deberá financiarse progresivamente por impuestos generales enfocados en los sectores de mayor capacidad contributiva.

Defendiendo la existencia de un pilar de ahorro por motivos de equidad intergeneracional asociado a los desafíos demográficos, creemos que la discusión sobre la reforma no puede obviar el fracaso del régimen AFAP. La prometida privatización que promovería competencia en beneficio de los afiliados nunca funcionó. Tal como el PIT-CNT lo anunció y denunció durante años, los costos administrativos fueron escandalosamente altos, con un lucro privado abusivo en detrimento del ahorro de los trabajadores. Para colmo, al momento de pagar las jubilaciones, las aseguradoras privadas abandonaron el mercado, dejando una cartera altamente deficitaria en manos del BSE, es decir, del Estado. Es impostergable una reforma estructural del pilar de ahorro individual que atienda los verdaderos desafíos de la seguridad social y no el lucro privado. Creemos que hay que transformar el pilar de ahorro actual en uno que sea administrado profesionalmente por el sector público, sin fines de lucro y con carácter colectivo.

En síntesis, atendiendo a la situación de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad con escasa capacidad contributiva, concebimos a los sistemas de seguridad social como espacios propicios para la redistribución y la solidaridad. Debemos atender los diversos riesgos colectivamente, bajo la premisa que las personas aporten de acuerdo a sus posibilidades y reciban de acuerdo a sus necesidades. Compartimos la preocupación por recomponer la sostenibilidad económico financiera a mediano y largo plazo, siempre que ello no suponga retroceder en materia de cobertura y suficiencia para el conjunto de la población, especialmente para aquellos sectores más vulnerables que son quienes más protección social precisan.

En esta etapa de diagnóstico, entendemos que los datos y diagnósticos que se viertan en el seno de la comisión, permitirán dar un panorama amplio de las dificultades y fortalezas, económicas, de protección y distribución que presentan los diversos subsistemas. Con dichos datos a la vista, plantearemos nuestras propuestas a futuro.

 

Modificado por última vez en Martes, 24 Noviembre 2020 19:34
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