José Olivera (FENAPES): "En la educación se han terminado las garantías porque el gobierno actúa en un régimen de hecho y no de derecho"
El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES), José Olivera, expresó que en la educación se han acabado las garantías para los docentes, ya que el gobierno, en lugar de actuar dentro de un régimen de derecho, lo hace bajo un régimen de hecho, donde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) decide por su cuenta.
En las últimas horas, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) – Montevideo ha denunciado una serie de dificultades en el inicio de los cursos que, a su criterio, son responsabilidad exclusiva de las autoridades.
En este marco, Olivera dialogó con el Portal del PIT-CNT y explicó que el inicio de cursos lamentablemente se ha desarrollado conforme a las previsiones de los docentes, quienes confirmaron que la elección de horas ha sido la más tardía en los últimos 15 años, lo cual afecta a estudiantes, familias y educadores. “Esta situación se reconoció internamente por parte de la Dirección General de Secundaria en una reunión bipartita con el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP. Sin embargo, públicamente, están promoviendo la idea, mediante un marketing político, de que nos encontramos en el mejor de los mundos posibles”, cuestionó Olivera.
Agregó que la tardía elección de horas docentes ocurre en un proceso de “ajuste presupuestario”, y que solamente el ex presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, sostuvo que no fue tal. “No obstante, los propios números de la administración demuestran que Secundaria ha sido el organismo que, desde 2020 hasta la actualidad, ha experimentado una constante disminución en el presupuesto global de la ANEP”.
“Ese mantra, repetido tantas veces en clave de marketing electoral durante la administración de Robert Silva, no funcionó al punto de que la Dirección General de la Educación Técnico Profesional reconoció que la UTU ha comenzado el año lectivo derivando nuevamente estudiantes a Secundaria, debido a que muchas de sus carreras y escuelas no tienen capacidad para albergar la demanda”, cuestionó Olivera.
El dirigente sindical agregó que esto pone de manifiesto las “carencias” que existen en la educación técnico-profesional y la falta de coordinación, ya que mientras desde UTU se reconoce esta situación, FENAPES ha constatado que al inicio de la elección de horas hay un “recorte importante” de grupos (entre 150 y 160 grupos menos), y que posteriormente muchos se crean tardíamente.
Asimismo, Olivera manifestó preocupación por “el deterioro institucional”, no solo por los cambios que introdujo la Ley de Urgente Consideración (LUC) al eliminar los Consejos desconcentrados y su sustitución por direcciones generales, lo que genera un problema de centralización en una sola persona, con dificultades incluso para trabajar con sus colaboradores, sino también por el “descalabro político-institucional” en el sentido de que, más allá de si las cosas se hacen bien o mal, no hay consecuencias debido a que se prioriza la lealtad hacia el correligionario integrante de la coalición antes que la responsabilidad institucional.
Olivera advirtió sobre un aspecto muy peligroso: el fin de la certeza jurídica. “Hoy en día, los trabajadores, además de ser criminalizados, perseguidos y sancionados, no tienen certezas jurídicas que les garanticen que las cosas se hacen de acuerdo con la ley. Por ejemplo, la elección de horas se realizó de manera tardía y desordenada, violando el orden en el que se suponía que debía procesarse, por una decisión política electoral”.
El dirigente sindical agregó que esta decisión, motivada por el deseo de mostrar que había porcentajes de horas asignadas a las aulas a partir de la elección tardía, “violó la reglamentación de la administración”.
“En la educación se han acabado las garantías para los docentes, ya que el gobierno, en lugar de actuar dentro de un régimen de derecho, lo hace bajo un régimen de hecho, donde la ANEP decide por su cuenta”, denunció.
Agregó que otros de los inconvenientes se refieren a la ausencia de docentes, problemas de horarios, salones superpoblados en algunas instituciones educativas y vacíos en otras. Además, aseguró que la transformación educativa y los talleres son una “gran mentira” porque es inviable materializarlo.
“Falta pedagogía política o sistematización política, porque la gente lo ve, lo vive en la realidad cotidiana. Por eso el intento desesperado de la administración de actuar en contra del derecho y querer prohibir a los sindicatos el ingreso a los centros educativos. Todo esto es un problema estructural”, remarcó.
Congreso Nacional de Educación Vinculante
Por otro lado, Olivera se refirió a las iniciativas que se deben tomar con perspectiva de futuro.
“Tenemos que avanzar hacia un acuerdo social y político. Si no rompemos la lógica de que los partidos políticos consideren a la educación como un botín de guerra, algo que todos los que han gobernado en la posdictadura han hecho, nos enfrentaremos al problema de no poder mantener una perspectiva educativa a largo plazo. Hubo un intento, como el Consejo Nacional de Educación, pero lo que surgió de allí no se tradujo en una política educativa. Incluso, durante el gobierno de José Mujica, se optó por un acuerdo multipartidario”, remarcó.
Olivera aseguró que Uruguay “ya no puede soportar más esta lógica de que la educación sea un tema de partidos políticos, donde quien llega al timón del Estado realiza su reforma y busca resultados antes del próximo período electoral”.
Por ello, FENAPES propone un Congreso Nacional de Educación Vinculante, donde lo que surja de ese debate ciudadano se convierta en el fundamento de una política pública. Posteriormente, el sistema político deberá respaldarlo mediante recursos, cambios legales o institucionales, ya que de lo contrario, no se podrá salir de este ciclo problemático.
Dijo que otro problema es el presupuestal. “Está claro que durante todo este período de gobierno ha habido un ajuste presupuestario del orden de los 300 millones de dólares con respecto a un Producto Bruto Interno (PBI) que ha ido creciendo lentamente, el cual se ha recuperado en la pospandemia, y que ha afectado el desarrollo del sistema educativo. Tenemos que recuperar el Sistema Nacional de Educación Pública que eliminó la Ley de Urgente Consideración”.
Olivera planteó, asimismo, la democratización del acceso al conocimiento, lo cual, en su opinión, solo puede ser asegurado por el Estado y no por el mercado, a través de un financiamiento presupuestario sólido que respalde una política a largo plazo.
Otro aspecto es la democratización del conocimiento. “Todas las reformas curriculares de los gobiernos de orientación de derecha, neoliberales, conservadores, van en sentido contrario a la democratización del conocimiento y apuntan a capacitar la mano de obra que el mercado laboral requiere. Son calcos de una lógica global propia del fundamentalismo neoliberal y conservador, que hoy permea a través de partidos de derecha y extrema derecha en buena parte del mundo”.
“Tenemos un eje central de disputa por la hegemonía cultural, porque si algo precisan estas concepciones es generar ignorancia en nuestra sociedad. Cuanto más ignorante sea una sociedad, más condiciones tendrán estas concepciones para progresar. También en la oposición hay elementos que nos hacen pensar que no se está entendiendo o no se quiere dar la pelea que hay que dar. La pelea es ideológica, porque estamos hablando de cómo se construye el sentido común. La sociedad y hacia dónde se quiere ir se expresa en el terreno político, pero no sabemos hasta qué punto la oposición está en condiciones o quiere dar esta disputa, algo que sí lo comprende la derecha y lo está haciendo a raja tabla”, dijo.
Olivera agregó que la decisión del gobierno actual de eliminar los consejos, transferir funciones al CODICEN y trasladar funciones de la ANEP al Ministerio de Educación y Cultura implican un “ajuste de tuercas en ese mecanismo de control del sistema político y partidario sobre el sistema educativo”, a lo que se suma la persecución al movimiento sindical y el desprestigio del docente. “Ahí también está parte de la batalla cultural”, sentenció.
Agregó que en un reciente documento de la ONU sobre la labor docente, se expresa que uno de los problemas de nuestros sistemas educativos es el “ataque, el desprestigio y el desmejoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes”, y apunta a recomponer la figura del docente, su papel, prestigio social y condiciones de trabajo.
“Desde la pasada dictadura cívico-militar y hasta el presente, la derecha conservadora tomó nota de lo que podría llegar a hacer el docente en el aula, en términos hasta de resistencia. Hay íconos que han pretendido borrar. Por ejemplo, el 1º de agosto la ANEP emitió una publicación sobre el maestro Julio Castro, habla de su condición de maestro y periodista, pero nunca dice que fue desaparecido y asesinado por la dictadura. Están reescribiendo la historia y la izquierda no reacciona. El Frente Amplio, como oposición, se equivoca cuando dice que el gobierno fracasó, porque con un slogan no se explica nada. Además, el gobierno no fracasó en función de los intereses y el programa que representa”, manifestó el dirigente gremial.
Olivera dijo que FENAPES está abierto a recibir pedidos de entrevistas con precandidatos y que hacia septiembre intentarán tener encuentros con los presidenciables para debatir sobre todas las propuestas.
Resaltó el papel que cumplen los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales dentro de la democracia, pero remarcó que no comparte la idea de utilizar al Estado para posicionarse como actor político partidario. “Durante mucho tiempo nos acostumbramos a que la derecha utilizara las empresas públicas como trampolín para la conquista político-electoral. Esto no había sucedido en el ámbito de la educación, sin embargo, en este ciclo sí quedó claramente demostrado”.
“Este es un año de enorme militancia que no implica renunciar a nuestra condición de sujetos políticos ciudadanos, que cada uno expresará de acuerdo a su real saber y entender. Pero tiene que haber una acción política-sindical que trascienda esa perspectiva en el sentido de levantar cuatro o cinco lineamientos programáticos que permitan debatir con la sociedad y no caer en el barro. Hay que elevar la mirada en el debate y nosotros tenemos cosas que decir sobre la educación, interpelar al sistema político en su conjunto y lograr posibilidades de acuerdo”, sentenció.
