Empresa de cannabis medicinal Pharmin cerró y despidió a todo su personal sin pagar indemnización

La empresa de cannabis medicinal Pharmin, liderada por Nicolás Bustillo en Uruguay, hermano del ex canciller Francisco Bustillo, cerró súbitamente sus instalaciones en Zonamérica y despidió a todo su personal, aproximadamente 65 empleados, sin pagar indemnizaciones.

La secretaria de prensa y propaganda de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (UTRAU), Mariela Valdés, y el delegado nacional de la UTRAU y también trabajador de la empresa Pharmin, Ignacio Díaz, denunciaron la compleja situación de desamparo en la que se encuentran los empleados debido al cierre repentino de la firma.

En diálogo con el Portal del PIT-CNT, Díaz contó que el pasado viernes 2 de febrero, mientras los trabajadores se encontraban en actividad, después del mediodía fueron convocados todos a una oficina de la empresa, ubicada en Zonamérica, para informarles que la compañía se declaraba en quiebra.

“El gerente dijo que había recibido un correo electrónico de los propietarios que se encuentran en Georgia, expresando que todos, incluso él, estábamos despedidos”, relató el trabajador.

La situación afecta a unos 65 empleados, algunos de ellos con cerca de tres años en la empresa. Dentro de la plantilla hay desde mujeres solas con hijos a cargo hasta empleados que pagan alquiler, y de todas las edades.

En el marco de una reciente audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el señor Nicolás Bustillo, hermano del ex canciller Francisco Bustillo, aseguró que no es socio ni representante de la empresa, sino un trabajador más, por lo cual no sabe nada de la compañía. Sin embargo, desde Georgia se comunicó a la secretaría de Estado que Bustillo es el representante en Uruguay.

“Se trata de una situación extraña, porque además fue el ex canciller el que trajo a los inversionistas”, denunció la UTRAU a través de un comunicado.

Tras el cierre, la empresa no pagó las indemnizaciones por despido ni realizó la baja ante el Banco de Previsión Social (BPS). Sin embargo, luego de la reunión ante el MTSS, que tuvo lugar este jueves 8 de febrero, informaron de inmediato que los trabajadores habían sido dados de baja en el BPS, al menos para poder realizar el trámite del seguro de desempleo.

El próximo miércoles 14 de febrero, tendrán una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, con el objetivo de reclamar que se presenten los responsables de la empresa, ya que se comunicaron con el gerente a través de un correo electrónico.

Ante esa situación, Díaz se preguntó a quién podrán reclamar algo los trabajadores. “No sabemos quiénes son los dueños de la empresa, queremos que den la cara. También queremos que estas situaciones no se repitan, porque no es la primera vez que ocurre. La misma empresa había quebrado en el año 2021 en Uruguay, cerró y al mes siguiente abrió de nuevo”.

“Prefiero tener un puesto de trabajo en el que cobre todos los meses a recibir un despido. Agradezco al gremio que no nos haya dejado desamparados ante esta situación de gran incertidumbre”, expresó el trabajador.

El salario de un trabajador del sector ronda, en promedio, los 24 mil pesos, y la gran mayoría de ellos no tienen categorías de trabajo, a pesar de desempeñar tareas altamente calificadas.

El Estado los ampara y apaña

Por su parte, Mariela Valdés manifestó que la empresa, al encontrarse en Zonamérica, que es una zona franca, está cubierta por el Estado.

“Queremos aclarar la situación de los trabajadores, porque no se le puede decir a una persona que está despedida sin más. Ese será el planteo que realizaremos ante el Ministerio de Trabajo y también ante la Comisión de Legislación Laboral del Parlamento”, afirmó.

“Vamos a exponer también situaciones ya vividas por los trabajadores en diferentes empresas en nuestro país, porque poco se sabe de los cierres de varias firmas del mismo rubro. En los últimos cinco años, ha cerrado una empresa cada seis meses, despidiendo a la totalidad del personal y en todos los casos han desaparecido, vendiendo la patente que vale millones de dólares. A raíz de que son empresas extranjeras se van sin pagar ni un peso a los trabajadores por concepto de liquidaciones”, aseguró la dirigente sindical.

Ejemplificó con los casos de: BCBD Medicinal, Boreal y ahora Pharmin. Desde UTRAU se denunció que el Estado los “ampara y apaña”.