"Los servicios públicos corren riesgo de desaparecer"

Este martes 27 de julio se desarrolló el conversatorio virtual "Cuentas que no cierran - Análisis crítico del proyecto Rendición de Cuentas 2020". La actividad organizada por el Departamento de Trabajadores Públicos de la central sindical, tuvo como objetivo analizar la propuesta de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento y contó con la participación de Natalia Vibel (MSCE), Pablo Elizalde (AFJU), Aidemar González (COFE), Pablo Da Rocha (ICUDU) y el presidente de nuestra federación, José Olivera, en representación de la CSEU.

En el encuentro se abordaron las preocupaciones comunes ante un escenario de recortes, debilitamiento de las empresas públicas y la situación crítica de los servicios, con riesgo de su desaparición. Se habló de "qué justicia queremos como sociedad" si los presupuestos no le asignan recursos al Poder Judicial, el panorama de recortes en la enseñanza, y una serie de elementos altamente preocupantes para el movimiento sindical. Tal como lo señaló el economista Pablo Da Rocha en su intervención, la ley de Rendición de Cuentas "se alinea con la LUC, promueve la mercantilización, concentra el ingreso y achica el Estado" y lo que consideró aún más preocupante, que "este gobierno no cuenta con una estrategia de reactivación económica, no tiene una hoja de ruta pos pandemia, por lo tanto, parece improvisado".

Voces

José Olivera sostuvo que como expresión económica de un gobierno, "no se puede disociar la Ley de Presupuesto o la Rendición de Cuentas de la Ley de Urgente Consideración, instrumento principal de un programa de ajuste del capital sobre el trabajo y que tiene en el Presupuesto su expresión económica y financiera". Por otra parte, aseguró que más allá del relato que se intenta imponer sobre que el ajuste económico es consecuencia de la pandemia, este plan estaba preestablecido desde antes de la emergencia sanitaria y en síntesis se trata de "generar las condiciones para que el malla oro sea cada vez más malla oro".

En relación a la Rendición de Cuentas, el presidente de la FeNaPES indicó que hay algo que debe preocupar a toda la clase trabajadora "y es el vaciamiento de los espacios de negociación colectiva", algo que en el sistema educativo se percibe tanto en ANEP como en UdelaR y UTEC. "En educación lo dijimos el año pasado en el marco de la Ley de Presupuesto, que la baja del entorno del 0,6% del PIB en términos absolutos al 2024iba a impactar fuertemente en todo el sistema educativo y esto ya lo estamos viendo", subrayó, al tiempo que se detuvo en un hecho en particular vinculado a "las felicitaciones que el Poder Ejecutivo hace a la ANEP por haber recortado -solamente en Secundaria- 700 millones de pesos del Rubro 0, a pesar de que dicho recorte fue negado reiteradamente durante todo este tiempo".

Para el dirigente, en caso de la ANEP, "este recorte ha impactado en la cantidad de horas trabajadas por los docentes, en la cantidad de cargo y tiene una contracara muy directa: el aumento de la cantidad de estudiantes por grupo, con las consecuencias que trae en los procesos de aprendizaje y sobre todo en tiempos de pandemia". En educación inicial y primaria hay más de 2000 grupos con más de 30 alumnos, quebrando una lógica que se venía construyendo en los últimos años de reducción de cantidad de estudiantes por grupo. En secundaria este año hay más de ciento cincuenta grupos recortados".

A manera de síntesis, Olivera aseguró que el resultado de este ajuste es pérdida salarial, pérdida de horas docente y de puestos de trabajo, situación que impacta directamente en los procesos de aprendizaje del estudiantado.

Por su parte, Natalia Vibel, en representación de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), dijo esta mañana que la Rendición de Cuentas "viene a consolidar un proceso que ya comenzó tiempo atrás que no es otra cosa que el ajuste, recorte y desmantelamiento de todas las empresas públicas".

Vibel sostuvo que como siempre sucede con gobiernos neoliberales, "las empresas públicas están bajo la lupa que recorta, ajusta y precariza" y que en este escenario, "los servicios públicos corren riesgo de desaparecer" y remarcó que eso es algo "que todos podemos ver a diario", particularmente con otra consecuencia directa que esos servicios públicos pasen a manos de privados. "Esa es otra de las intenciones que podemos ver, la de privatizar los servicios públicos", ya que según la explicación de la MSCE, "son servicios tentadores" por su rentabilidad. Luego de describir el panorama actual de las empresas públicas, la representante de la MSCE en el conversatorio desarrollado en la sede del PIT-CNT, adelantó que se ha comenzado a organizar una gran movilización en defesa de la soberanía y las empresas públicas en manos del Estado.

En tanto el representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Pablo Elizalde, reiteró que desde hace ya "unos cuántos presupuestos" que la realidad es bastante similar y que "prácticamente no se habla del Poder Judicial". Elizalde fue elocuente al señalar que en inciso 16 de la Rendición de Cuentas "no hay nada" y subrayó que los distintos partidos políticos plantean leyes que caen bien en la sociedad pero las votan sin presupuesto para su implementación. En cuanto a la falta de asignación de recursos, el dirigente judicial sostuvo que es un indicador evidente de qué tipo de Justicia queremos como sociedad. Uno de los casos que mencionó como elocuente de normativas aprobadas sin presupuesto es la Ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que lleva dos períodos son asignación de recursos. Para Elizalde, eso también evidencia que falta una discusión profunda en la sociedad sobre "qué justicia queremos como sociedad". En este sentido, cuestionó la situación que afronta la justicia en el interior del país que consideró es aún más delicada que en Montevideo. En su intervención, Elizalde informó que en Uruguay anualmente se generan unos 200 mil expedientes en el Poder Judicial y la mitad son en juzgados de familia.  

Otra de las preocupaciones que colocó en el encuentro el representante de la AFJU, fue lo que denominó "penetración de las grandes mafias internacionales que están llegando a Uruguay" y tienen incidencia en la forma del trabajo a nivel judicial. La AFJU insistió en la necesidad de lograr ámbitos de discusión para establecer acuerdos básicos sobre la justicia como uno de los pilares fundamentales de la sociedad, para que el Estado de derecho sea lo que debe ser. "Nosotros lo que vemos en esta Rendición de Cuentas es que las condiciones materiales no están dadas", concluyó.

Más voces

El representante de COFE, Aidemar González, recordó que el proyecto de ajuste fiscal comenzó casi al mismo tiempo que el gobierno asumió y antes que se declarara la emergencia sanitaria.  "La política fiscal del gobierno es bajar el gasto sobre la base de recortar salarios tanto en el sector público como privado". Asimismo, enumeró otras medidas restrictivas implementadas por el Poder Ejecutivo como el recorte de inversiones, el no llenado de vacantes y el recorte de derechos. González remarcó que la Rendición de Cuentas del gobierno "se enmarca en esa política" y manifestó que de acuerdo a los estudios realizados por COFE, "el gobierno avanza en recortar salarios, en aumentar la discrecionalidad en el ingreso a la función pública, avanza en la designación de todos los mandos medios y en el recorte de derechos".

Por último, el integrante del Instituto Cuesta Duarte, economista Pablo Da Rocha, realizó una mirada global de la Rendición de Cuentas a la que definió como "un monitoreo de las promesas electorales" Para el economista, es imposible hablar de la Rendición de Cuentas sin hacer una consideración sobre la Ley de Urgente Consideración, porque según su visión, tanto la ley de Presupuesto como la Rendición de Cuentas "se constituyen como brazos ejecutores de la LUC".

Da Rocha puso sobre la mesa datos comparativos sobre la cantidad de funcionarios y vínculos laborales que hay en el Estado y en este sentido, dijo que no llegan a 300 mil, lo que en términos muy generales sería un 16% del total de mano de obra en el país. Al tiempo que en Europa, esa cifra ronda el 20%. En este punto, refutó el argumento que sostiene el gobierno en relación a que las sociedades deben priorizar a los malla oro. "Durante la pandemia, no todos perdieron. Hubo sectores que se vieron beneficiados", subrayó.

Por último, el integrante del Instituto Cuesta Duarte remarcó que la ley de Rendición de Cuentas "se alinea con la LUC, promueve la mercantilización, concentra el ingreso y achica el Estado. Y la variable de ajuste es recortar salarios, recortar asignaciones, reducir el rol de las empresas públicas, y lo único que busca es promover la actividad privada congelando la inversión y lo que es más preocupante, este gobierno no cuenta con una estrategia de reactivación económica, no tiene una hoja de ruta pos pandemia, por lo tanto, parece improvisado".

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