AEBU: «Contrario a los ciudadanos y a los trabajadores»
AEBU rechazó el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración por considerarlo «claramente contrario a derechos fundamentales de los ciudadanos en general y de los trabajadores en particular».
Declaración de AEBU sobre el anteproyecto de ley de urgente consideración impulsada por el futuro gobierno:
La Asociación de Bancarios del Uruguay, luego de un análisis general del borrador del Proyecto de Ley de Urgente Consideración, considera imprescindible expresar las siguientes consideraciones:
El instrumento utilizado es inapropiado, tanto por su contenido como por transgredir los límites razonables y responsables en el ejercicio del poder del gobierno.
Expresamos nuestro desacuerdo con la utilización de este procedimiento extraordinario para el tratamiento de temas tan vastos y trascendentes, por no estar configuradas las condiciones constitucionales ni las definiciones jurídicas que habiliten su utilización. Abordar por este mecanismo un conjunto tan diverso como importante de políticas públicas implica, lisa y llanamente, limitar el debate en la sociedad, en el sistema político y en el Parlamento, de contenidos que afectarán directa e inmediatamente a la calidad de vida, las libertades, derechos y garantías de la mayoría de la población.
El borrador de proyecto promueve la exclusión de los representantes sociales en la gestión de temas estratégicos.
El incremento de las potestades del Poder Ejecutivo, la creación de órganos con competencia unipersonal, la desnaturalización de los ámbitos de elaboración técnica y profesional y la vulneración de derechos de los ciudadanos y trabajadores evidencian un sesgo autoritario.
La creación de una comisión de expertos, designada por el Poder Ejecutivo para diagnosticar y proyectar la reforma del sistema de seguridad social, con exclusión de los organismos y ámbitos naturales como las cajas paraestatales y de la representación tripartita que integra sus organismos, significa la eliminación del diálogo social.
Una exclusión que llega a su máxima expresión en materia de educación, con el desmantelamiento de todos los espacios de participación de los trabajadores docentes en los órganos de conducción específicos.
Por ello rechazamos todos los mecanismos que impliquen restricciones a la participación de los sectores sociales en los órganos de gobierno, gestión y debate de las políticas públicas.
Además reclamamos que todo proceso de reforma del sistema se base en el respeto de los ámbitos naturales de decisión en cada materia.
Se impulsa un proceso concentrador y centralizador del poder del Estado, con la ampliación de su espacio de control y sobre diversas áreas de la gestión pública.
Se sientan las bases de una reforma del Estado tendiente a reorientar las prioridades del gobierno, sin un debate parlamentario apropiado. La reestructura del MIDES y de sus objetivos provocará que, tras su reformulación funcional, se procese la reducción de su capacidad de atender a la población vulnerable. Se concentra el poder al otorgarle al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) un papel de dirección y control sobre todos los niveles de la educación. Bajo esta orientación, se llega a sustituir a la Universidad de la República a la hora de determinar quiénes pueden acceder a revalidar un título universitario. También se procede a eliminar la prohibición hoy vigente sobre la suscripción de tratados bilaterales o multilaterales con Estados u organizaciones internacionales que —directa o indirectamente— signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alienten su mercantilización.
Estamos ante una reforma de contenido intervencionista, tanto en la gestión específica de cada organismo como en materia de recursos humanos.
Establecer como mecanismo de mejora de la eficiencia del Estado la reducción de los cargos públicos, mediante el llenado de una vacante por cada tres que se hayan generado, supone como medida general el desmantelamiento de unidades y el debilitamiento de las capacidades de diversas áreas para cumplir sus cometidos. Se produce una intervención directa en la política de personal de la Administración Central, de los entes autónomos y servicios descentralizados que se suma al establecimiento de pautas de gestión obligatorias. Estos cambios afectarán su autonomía e impactarán en la negociación colectiva de las empresas públicas.
En materia de gestión de los recursos humanos, rechazamos tanto los cambios sustanciales en las condiciones de trabajo como la vulneración de derechos que supone habilitar el traslado de funcionarios desde entes autónomos y servicios descentralizados hacia la Administración Central y viceversa. Todo ello sin el consentimiento del funcionario y en perjuicio de su carrera administrativa. También nos oponemos a que se restrinja la desconexión digital a los descansos y licencias, y que, a la vez, se permita excluir por vía reglamentaria a determinados cargos o categorías laborales de este derecho.
Un borrador de proyecto privatizador de áreas estratégicas del Estado.
El proyecto retoma el impulso desmonopolizador y privatizador de las empresas públicas, mediante el desmantelamiento de sus capacidades estratégicas y la cesión al sector privado de los componentes más valiosos y lucrativos: los combustibles y las telecomunicaciones.
La desmonopolización de ANCAP se implementa habilitando la importación, exportación y refinación de petróleo y sus derivados por empresas privadas. La de ANTEL se materializa permitiendo a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual brindar servicios de telecomunicaciones de telefonía o trasmisión de datos. Estas medidas, a las que se suma la apertura del capital accionario de las empresas públicas, implican transformaciones en los mercados, menoscaban a las empresas públicas y las apartan de los fines sociales con que fueron concebidas, para imponer la lógica de la libre competencia y ofrecer su estratégico negocio a los intereses privados.
Esta orientación privatizadora que hoy se impone a través del mecanismo de ley de urgencia nos obliga a reclamar el respeto a la voluntad contraria del electorado, ya manifestada en los plebiscitos que laudaron este tema.
El borrador del proyecto limita las libertades y garantías individuales a la vez que altera derechos constitucionales y principios básicos del derecho penal.
Se incorporan un conjunto de conceptos en materia de seguridad pública de fuerte contenido represivo, que promueven la criminalización del diferente y la justificación de la violencia desde el poder.
Muy especialmente, debemos rechazar las medidas tendientes a restringir la libertad de expresión mediante el condicionamiento de la protesta o manifestación social sin control judicial, y la habilitación del uso de la fuerza por el Ministerio del Interior, quien podrá incluso requerir el auxilio de otros organismos públicos.
La eliminación de componentes fundamentales de la Ley de Inclusión Financiera implica una pérdida de derechos para los trabajadores y expone al país a sanciones internacionales.
El cese de la obligatoriedad de pagos a través de instituciones de intermediación financiera de las remuneraciones de empleados dependientes, honorarios profesionales y prestaciones de alimentación devolverá la posibilidad evasora reclamada por algunas corporaciones.
Dejar librada la elección de la forma de pago del salario al comienzo de la relación laboral, al acuerdo entre trabajadores y empleadores, significa dejar que esta resolución quede a cargo del patrón.
Al mismo tiempo, quedará habilitado un fuerte retroceso en materia de lucha contra la evasión y el lavado de activos, al permitir que los pagos en transacciones entre particulares puedan efectuarse mediante la modalidad e instrumentos acordados entre las partes. Estas modificaciones generan las condiciones para que Uruguay vuelva a ocupar la posición de paraíso fiscal y de centro de lavado regional, situación que mereciera la condena internacional, tanto para nuestro sistema financiero como para el país.
El borrador del proyecto incluye medidas que limitan derechos fundamentales del pueblo.
Asumiendo un alineamiento directo con las posiciones de las patronales, se avanza hacia la restricción de derechos fundamentales de las organizaciones sindicales y de los trabajadores, al reglamentar el ejercicio del derecho de huelga. Por una parte, se utiliza para hacerlo un mecanismo inconveniente, porque afecta a un derecho fundamental que exige un debate parlamentario amplio conforme a la Constitución. Esta determina, además, que cualquier reglamentación que sobre ella se pretenda debe garantizar su efectividad. Por otra parte, se habilita al Poder Ejecutivo a imponer restricciones arbitrarias sobre el ejercicio de la huelga, materia que es de reserva legal.
El avance del concepto represivo contra los trabajadores se extiende a prohibir indirectamente las ocupaciones pacíficas que constituyen una modalidad de huelga y se declara ilegítimos a los piquetes. En este avance sobre las libertades sindicales se llega a facultar el uso de la fuerza pública sin control judicial para disolver protestas y manifestaciones sociales pacíficas.
Por otra parte, adjudicarle al Estado la potestad de aplicar mecanismos de control tendientes a limitar el uso de dispositivos de comunicación en el ámbito laboral, implica imponer una regulación que busca restringir el ejercicio de la actividad gremial.
En atención a los aspectos mencionados, la Asociación de Bancarios del Uruguay expresa su rechazo tajante del borrador del proyecto de ley de urgente consideración por ser claramente contrario a derechos fundamentales de los ciudadanos en general y de los trabajadores en particular. Por impulsar medidas que afectarán negativamente las condiciones de vida de los uruguayos y los intereses estratégicos de la nación. Por implicar limitaciones de las libertades y garantías inherentes a un Estado de derecho, y al respeto de principios básicos de la convivencia democrática.
Consejo Central de AEBU
Filial PIT-CNT
Miércoles 26 de febrero, 2020
