La Universidad de la República (UDELAR) realizó una mesa de diálogo sobre el proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, conocido como Ley de Medios, que actualmente se encuentra en el Parlamento. También formó parte del debate la decisión de los tres principales cables de Montevideo, Montecable, TCC y Nuevo Siglo, que controlan la totalidad del mercado de televisión por abonados, de solicitar al gobierno formar una empresa única y, a través de un consorcio, ofrecer un paquete de señales de cable que competiría con ANTEL en la venta de servicios de Internet.

La mesa estuvo integrada por el director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) en representación del Frente Amplio, Pablo Siris; la secretaria general del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL), Florencia Leymonié; el docente de la Universidad de la República e integrante del grupo de trabajo designado por el Consejo Directivo Central para analizar el proyecto de Ley, Gabriel Kaplún; el integrante del Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), Álvaro Pan; y la periodista integrante del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO) y representante ante la Comisión Honoraria de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), Pilar Teijeiro. Nadie del gobierno participó del encuentro, si bien los organizadores del evento les habían cursado invitación.

Leymonié: “El proyecto de Ley de Medios busca favorecer los intereses privados”

En dicho marco, Florencia Leymonié (SUTEL) rechazó el proceso de elaboración del proyecto de Ley de Medios y se refirió a la importancia de la legitimidad en el proceso participativo de las leyes. “Sustituir eso por algo con mayorías circunstanciales afecta al prestigio del proyecto”, dijo y remarcó que la actual ley vigente fue resultado de un “proceso participativo de la sociedad civil organizada”.

Leymonié se refirió a dos aspectos del actual proyecto de Ley de Medios del gobierno de coalición. Uno de ellos, referido a la política de derechos, cuestionó el artículo 72 de la iniciativa, que “exige emitir información imparcial”, y lo definió como “lo más escandaloso junto a otro conjunto de artículos que hablan de la participación, de la libertad y del manejo de los medios”. En cuanto al aspecto sobre la estructura económica, alertó sobre el peligro de la “concentración” de medios, porque cuando se concentran los medios, lo que se está dejando de lado es la pluralidad.

La dirigente sindical señaló que dicho aspecto es “profundamente negativo, porque elimina la diversidad de opiniones y la capacidad de acceso a la información”. Aseguró que el papel de ANTEL es crucial para garantizar el acceso a Internet, porque no sólo conecta a los hogares con infraestructura homogénea a nivel nacional, sino que también garantiza un servicio igualitario sin importar la ubicación. “El mundo de hoy y el mundo de mañana están determinados por Internet y los 1.2 millones de hogares que están conectados es porque existe ANTEL”, dijo y remarcó que por ello también está en discusión el cimiento de la sociedad, el funcionamiento económico y el desarrollo de la matriz productiva del país.

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Florencia Leymonié

Por tal motivo, señaló que “es importante mantener a ANTEL como una empresa pública rentable, pero no desde una perspectiva mercantil, sino social. ANTEL necesita ser rentable porque tiene que retribuir a rentas generales; además, tiene que reinventarse, invertir y desarrollarse en materia de telecomunicaciones”.

Leymonié dijo que está en juego la habilitación de derechos en función de cuántos hogares conectados habrá en el futuro, cuántas personas podrán teletrabajar, estudiar, atenderse por telemedicina, o qué territorios tendrán acceso a la seguridad a través de una alarma en un hogar o a través de las cámaras de videovigilancia en las calles. “No conocemos, hasta ahora, un escenario donde los privados no hayan buscado únicamente la rentabilidad. Nadie pone un kiosco al lado de una escuela para regalarle los chicles a los gurises”, sentenció.

Dijo que el proyecto de Ley de Medios del actual gobierno es “sólo una pieza en un rompecabezas que busca favorecer los intereses privados en detrimento de las condiciones de vida de la sociedad y la democracia del país”.

“No queremos regalar a los privados todo el trabajo y la inversión que hemos desarrollado los uruguayos y las uruguayas, para que mañana la especulación del mercado determine el acceso democrático a las telecomunicaciones”, señaló la dirigente de SUTEL.

Siris: “No se puede confundir el interés de las empresas con el interés general”

Por su parte, Pablo Siris destacó el papel de las telecomunicaciones tanto como derecho humano en sí mismo como facilitadoras en el acceso a otros derechos. Subrayó el esfuerzo de ANTEL para garantizar el acceso a estos derechos en todo el territorio nacional y remarcó que “las telecomunicaciones no son solamente frecuencias, fibras, radiobases, HD y 5G, sino que representan la posibilidad de las personas de acceder a la información, a la comunicación, a la cultura y al conocimiento, mecanismos que permiten abrir las puertas a un mundo que debería ser cada vez más interconectado y diverso”.

Dijo que la eventual aprobación del proyecto de Ley de Medios podría impactar o sólo en la sociedad y en el sector de los servicios de comunicación audiovisual, sino también en el sistema de libertades.

Asimismo, se refirió a la solicitud de las tres principales empresas de TV cable de Montevideo (Montecable, TCC y Nuevo Siglo, que controlan la totalidad del mercado de televisión por abonados) para formar una empresa única y, a través de un consorcio, ofrecer un paquete de señales de cable que compita con ANTEL en la venta de servicios de Internet. Sería un consorcio para servicios de datos y televisión para abonados. En tal sentido, Siris dijo que ello sería violatorio de la normativa vigente, es decir, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Recordó que el artículo 11 de la actual Ley de Medios establece que “el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios”. El artículo 51 expresa que “los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y la diversidad, por lo que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar su existencia y formación, así como establecer mecanismos para su control”. Mientras que el artículo 68 establece que “el Estado debe prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante, por lo que el Estado está impedido de autorizar este consorcio”.

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Pablo Siris

Siris se refirió a la situación económica de las empresas de televisión para abonados y su impacto en el mercado. “Desde el año 2018 hasta la fecha, las empresas de televisión para abonados han pasado de cerca de 733.000 clientes a poco más de 496.000, lo que representa una caída de cerca del 32%”.

Agregó que, de todos modos, estas empresas “siguen recaudando significativas sumas de dinero, lo que cuestiona la justificación de la necesidad de formar un consorcio”.

“De aprobarse este consorcio, estas empresas pasarían a formar un monopolio de la televisión por cable en Montevideo, captarán entre el 50% y el 60% de toda la televisión para abonados, a través de sus distintas modalidades, y consolidarán una posición de dominio en el mercado, no sólo en el departamento de Montevideo, sino también a nivel nacional”, dijo.

El experto agregó que “es insoslayable que estas empresas son las que, además, venden los paquetes de señales que tienen las empresas del interior del país y brindan los servicios de instalación del cable coaxial”.

“Sobran los ejemplos que demuestran que la política que el Poder Ejecutivo implementó en ANTEL tuvo como consecuencia debilitar su posición en el mercado de las telecomunicaciones desde el principio de esta gestión”, dijo.

A la vez, señaló que el argumento siempre fue que “la competencia iba a beneficiar a los usuarios a través de la disminución de la tarifa. Sin embargo, no se aclara cómo permitir que los competidores formen una sociedad entre sí podría estimular la competencia”.

“No se trata solo de regular mercados, sino que políticas como la extensión de la fibra óptica y las telecomunicaciones móviles, el Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá, han demostrado que las telecomunicaciones son esenciales para ejercer otros derechos fundamentales”, remarcó.

En tal sentido, ejemplificó que la pandemia de Covid-19 reveló las luces y sombras de este fenómeno. “Nuestro país tuvo el ejemplo virtuoso de un poderoso impulso estatal a las telecomunicaciones, que permitió extender masivamente el acceso a internet, la digitalización del Gobierno, el crecimiento de las industrias culturales, la extensión territorial de servicios educativos y de salud. En definitiva, la inclusión de los no incluidos”.

Subrayó que la inversión pública que se realizó en la infraestructura que hoy se busca poner a disposición de los operadores privados, así como la posibilidad de llegar a los rincones más lejanos y las políticas de universalización del acceso, “solamente son posibles en nuestro país con una empresa estatal cumpliendo esa función social”.

“Estamos ante un cambio de época que, en un pequeño país como el nuestro, solo se puede afrontar exitosamente con una poderosa inversión estatal en investigación y desarrollo, fomentando la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. La legislación debería contemplar esas necesidades y no hipotecar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, reconocido en el mundo entero, para favorecer el interés de algunas empresas. No se puede confundir el interés de las empresas con el interés general”, sentenció Siris.

Molina: El movimiento sindical no dejará pasar el atropello del gobierno

El presidente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL), Gabriel Molina, denunció que SUTEL está siendo “censurado”, porque cada vez que convocan a una conferencia de prensa, los canales 4, 10 y 12 no participan.

Molina dijo que es “lamentable” todo lo que viene ocurriendo en contra de ANTEL, desde las decisiones que tomó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el anterior ministro de Industria, Omar Paganini, así como la actual ministra, Elisa Facio.

Recordó que recientemente la ministra Facio dijo dos “barbaridades”: una de ellas fue que estaban “felices” por haber cumplido el objetivo del gobierno, que era terminar con el monopolio de ANTEL, y que “el gobierno estaba en condiciones de decirle a los cableoperadores que pueden utilizar la fibra ociosa para poder brindar Internet”.

“Este consorcio de televisión por cable más Internet pasará de ser un oligopolio a un monopolio que afectará a ANTEL. ¿Alguien ha visto que ANTEL haya hecho algo al respecto?”, interrogó el dirigente sindical en declaraciones al programa “Nada Que Perder” de M24.

Remarcó que a ANTEL la tienen “maniatada” y que, en lugar de salir a fidelizar a los clientes, siguen hablando para ver cuándo pueden ofrecer contenido. Cuando la compañía estatal de telecomunicaciones lo haga, será tarde y afectará a la economía de la empresa.

El dirigente de SUTEL dijo que aún faltan algunos compromisos del poder político hacia el económico, lo que será tema de discusión en los próximos meses, tales como la cuestión de la fibra óptica o la Ley de Medios, que es “nefasta” para la libertad de expresión y que también contiene artículos que afectan a ANTEL.

Molina remarcó que la creación del consorcio ya se resolvió y “sólo falta la firma del presidente Lacalle Pou para habilitar a los grandes medios a formar ese conglomerado en Montevideo, que afectará a ANTEL y también a los cableoperadores del interior del país”.

En tal sentido, dijo que SUTEL ha organizado reuniones con la Cámara Uruguaya de Televisión por Abonados (CUTA) para dialogar sobre la afectación a trabajadores y a estas empresas del interior del país.

Molina agregó que la mayor inversión en ANTEL fue en 2008, con aproximadamente 800 millones de dólares, para que el país tuviera un crecimiento enorme y mejorar la conectividad, como lo es la infraestructura de fibra óptica.

“Cuando todas las leyes que aprueban hablan de que los terceros pueden ofrecer su infraestructura, se refieren a ANTEL, mientras que ninguno de los cableoperadores ofreció ningún plan”, alertó.

Si la única empresa que tiene fibra óptica como herramienta fundamental para brindar un buen servicio de comunicación y contenidos es ANTEL, “¿cómo le van a ofrecer la fibra óptica a los privados que van a competir contra esa herramienta del Estado?”, interrogó. Planteó que sería “como que la Coca Cola desparramara heladeras en todo el país, pero cuando alguien las va a abrir encuentra Pepsi Cola. Esto es lo mismo, van a hacer competir a ANTEL con los privados usando la herramienta que tiene ANTEL, que es su fibra óptica. Es increíble e insólito”.

Recordó que, por su parte, DirecTV fue al Parlamento a “llorar porque también quería su licencia”. Por tal motivo, alertó que “ANTEL tiene que tener cuidado con quién se va a asociar, porque se asociará con una empresa que mañana se subirá a la fibra óptica de ANTEL, le van a dar la licencia, se irá con los clientes y tendrá su camino en soledad”.

Opinó que ANTEL va por el mismo camino que AFE. “La situación es compleja, no hay plan económico, hay problemas financieros; el negocio con los canales privados es negativo porque todas las ganancias son para ellos y se renueva en medio de una campaña electoral. ¿Por qué insistir con esto ahora?”

Alertó, asimismo, que en agosto el gobierno enviará al Parlamento un “paquetón” de medidas, porque como es año electoral, el Poder Legislativo entrará en receso en septiembre. Ese paquete de medidas incluirá la Ley de Medios y arrasarán con todo”.

“Hacen todo como si se tratara de ‘Jack el Destripador’, parte por parte; pero si se observan todas las acciones juntas, es un veneno”, lamentó.

Dijo que el próximo gobierno se encontrará con un ANTEL en retroceso.

“El gobierno anterior logró que ANTEL se posicionara en el quinto lugar entre las mejores empresas de telecomunicaciones del mundo. Sin embargo, las desprolijidades y disparates de la actual gestión deberán revisarse en la próxima administración, porque todo lo que se hizo con ANTEL fueron decisiones tomadas para beneficiar a sus amigos de los canales privados y las multinacionales como Claro, Movistar y Dedicado, que están ofreciendo infraestructura para brindar Internet”, denunció.

Asimismo, remarcó que el gobierno le ha dado un rol a cada una de las empresas públicas de “uso para los privados”.

“Los trabajadores nos movilizaremos, explicaremos en los medios de comunicación en los que podamos e iremos al Parlamento. Estamos en un gobierno atropellador que vino con todo y, en el poco tiempo que le queda, se quiere llevar todo puesto. Pero hay un movimiento sindical serio y maduro que no les va a hacer las cosas fáciles”, puntualizó Molina.

Remarcó que el movimiento sindical “no dejará pasar el atropello del gobierno y que se lleve todo por delante”.

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