Crímenes atroces

El fiscal de Derechos Humanos, Ricardo Perciballe pidió el procesamiento con prisión de ocho militares retirados por torturas en el centro clandestino conocido como “300 Carlos” que funcionó entre 1975 y 1977, ubicado en Avenida de las Instrucciones y Camino Casavalle, dentro del cuartel del ex Batallón de Infantería Blindado Nº 13. El pedido del fiscal (que se adjunta para su descarga en PDF) detalla torturas y procedimientos de los militares retirados hacia las víctimas. Los oficiales retirados son Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola, Homero González, José Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas, aunque en el pedido del fiscal figuran sus iniciales.

La responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y directora del Obsevatorio Luz Ibarburu, Fernanda Aguirre, dijo al Portal que ese pedido del fiscal es producto de una denuncia del año 2011 realizada por un conjunto de compañeros y compañeras de Crysol, con el apoyo del Observatorio. “Fueron crímenes atroces los que cometieron contra militantes sociales y políticos” en el marco del terrorismo de Estado, explicó. “Esperamos que el esfuerzo y valor de los compañeros y compañeras que tuvieron que relatar las violaciones, secuestros, torturas padecidas no queden impunes y que esos monstruos de la represión no sigan andando por la calle”. Aguirre calificó de “cierto alivio” el pedido de procesamiento y sostuvo que ahora habrá que aguardar la decisión del juez de la causa, reclamando que se “encarcele de una vez por todas a los culpables”.

Desde el Observatorio Luz Ibarburu y la secretaría de DDHH de la central, se destacó el hecho que “mientras sigan libres seguirán atentando contra el pueblo. “El coronel Mario Franchelle por ejemplo, fue el director del servicio de retiros y pensiones de las FFAA que tiene un déficit de 500 millones de dólares que pagamos todos” y sin embargo puede realizar notas de prensa en defensa “de los privilegios que ellos mismos se votaron en la dictadura” indicó Aguirre al Portal.  En este sentido, mencionó que en 2016 fue recibido en el Parlamento por temas presupuestales a pesar que ya estaba denunciado por violaciones a los DDHH desde el año 2011. “A él lo llamaban aquaman porque se especializaba en hacerle tachos o el submarino a las personas” recordó en relación a visibilizar quiénes son los militares sobre los que pesa el pedido de procesamiento del fiscal Perciballe.

“Nos parece muy importante además que por primera vez se identifique en el pedido de procesamiento el delito de abuso sexual, o sea, violaciones, una forma de tortura sistematizada orientada especialmente hacia las compañeras y entre los ocho militares está Jorge Pajarito Silveira, un sexópata que fue alentado en sus prácticas, por sus pares” señaló. Aguirre dijo que es momento de redoblar la alerta de las organizaciones sociales y el pueblo en general para que se condenen a los responsables y se derrote la impunidad “que no puede seguir imperando entre nosotros” como sociedad. “La justicia es necesaria y es urgente” concluyó.

Observatorio Luz Ibarburu pide el desarchivo de la causa Vladimir Roslik

También por estas horas, el Observatorio Luz Ibarburu, en representación de la viuda de Roslik, María Cristina Zabalkin y de su hijo Valery, pidió que se desarchive la denuncia por el asesinato impune del médico, ocurrido el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería número 9 de Fray Bentos. El escrito del Observatorio presentado en el Juzgado Penal de Primer Turno de esa ciudad aporta nuevos hechos y pruebas a la causa original y amplía la denuncia a la persecución que sufrió la comunidad de San Javier durante la dictadura. En efecto, el asesinato de Roslik se inscribe en una serie continuada y sostenida de operaciones represivas contra la colonia que tuvieron como objetivo vincular el origen ruso de sus pobladores con la subversión marxista. Para ello la dictadura elaboró información falsa que pretendía presentar a sus vecinos como agentes soviéticos o integrantes de una célula comunista armada. Según indica el pedido del Observatorio “los vecinos torturados, que como Roslik no eran ni agentes extranjeros ni militantes armados,  jamás han visto ningún atisbo de justicia. Ni ellos, ni sus familias, ni San Javier, ni la sociedad uruguaya han sido amparados judicialmente. Las graves violaciones a los derechos humanos permanecen impunes”.

La persecución contra San Javier se intensificó después del golpe de Estado y continuó hasta el fin de la dictadura. Hubo detenciones en 1973 y 1976 hasta que en vísperas del Primero de Mayo de 1980 el Ejército invadió la colonia. La operación fue largamente preparada y en ella participaron la División de Investigaciones e Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval (DIPRE), la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y las Jefaturas de Policía de Río Negro y de Paysandú.

El testimonio del marino desertor de la DIPRE Daniel Rey Piuma da cuenta del envío de agentes a la colonia para infiltrarse y hacer espionaje (Un marino acusa, 1988).Documentos de la DNII prueban que en vísperas del operativo, a pedido del Jefe de Policía de Río Negro coronel Walter Tito, el comisario Homero Vaz Bresque y los sargentos Roberto Rivero y Walter Vivone de aquella Dirección policial viajaron a San Javier para apoyar la acción represiva y que el jefe de Policía de Paysandú coronel Rubén González colaboró en tareas de inteligencia. Según oficio de Vaz Bresque, en archivo de la DNII, el 30 de abril de 1980 el Jefe del Batallón de Infantería número 9 coronel Oscar Roca asumió la dirección del operativo que terminó con veinticinco detenidos. La tortura comenzó en la comisaría, donde los primeros detenidos fueron interrogados por el policía Adán Mendieta y el teniente Ivo Dardo Morales. Luego de que el Batallón de Infantería entró a la colonia y copó el Centro Cultural Máximo Gorki, los presos fueron trasladados a Fray Bentos. Los detenidos identificaron a los tenientes Morales y Julio Danzov Jlakin y al médico Eduardo Sáiz Pedrini como los principales responsables de las torturas que sufrieron en la unidad militar.

El 21 de junio de 1980 la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) emitió un comunicado en el que informaba de las acciones realizadas en San Javier y de la supuesta desarticulación de un “brazo armado” de la subversión. Once de los detenidos, entre ellos Vladimir Roslik, fueron procesados por la justicia militar y cumplieron condenas de uno a cuatro años en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 (Penal de Libertad).

En abril de 1984 se preparó un nuevo operativo contra San Javier. El 10 de abril detuvieron a un ciudadano brasileño que había vivido allí, de nombre Antonio Pires Da Silva. Lo llevaron a Fray Bentos donde el mayor Sergio Caubarrere lo torturó para que confesara que escondía armas. La noche del 15 el capitán Daniel Castellá y el teniente Rodolfo Costas detuvieron a Roslik en su casa. Se lo llevaron encapuchado al cuartel. Esa noche también hubo otras detenciones, entre ellas la del profesor del liceo de la colonia Román Klivzov. A todos los mandaron al cuartel de Fray Bentos.

Los presos recuerdan particularmente las torturas que esa noche sufrió Roslik, y sus gritos hasta que la voz se apagó. Cuando Sáiz Pedrini llegó al cuartel el detenido estaba muerto. Inmediatamente se fraguó una acta de defunción que atribuyó la muerte a una causa natural. La perseverancia de Mary Zabalkin, el apoyo del gremio médico y la investigación de los periodistas lograron demostrar la falsedad del documento oficial. Finalmente Caubarrere y el jefe del Batallón teniente coronel Mario Olivera fueron relevados de sus cargos.

El pedido del Observatorio se basa en que la tortura y la muerte por torturas constituyen crímenes de lesa humanidad y como tales no prescriben. Como establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, la justicia debe adoptar “todas las medidas que sean necesarias para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el presente caso y en casos similares en Uruguay”.